Los magistrados evaluarán si el Ejecutivo ha incumplido sus obligaciones constitucionales al no presentar proyecto presupuestario para 2024, 2025 y 2026, aprobando tres prórrogas consecutivas de las cuentas públicas de 2023.
La Justicia dirimirá si el Gobierno ha incumplido sus obligaciones constitucionales al no presentar Presupuestos Generales del Estado para los últimos tres ejercicios. El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso presentado por el Senado, bajo control del PP, y se pronunciará por primera vez sobre esta materia.
La decisión del Tribunal ha sido comunicada este martes después de que la Cámara Alta elevara un conflicto entre órganos constitucionales frente al Gobierno por incumplimiento de su deber de presentar siquiera los proyectos de Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2024, 2025 y 2026.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto planteado, que abarca también la triple prórroga consecutiva de las cuentas públicas de 2023 y el uso de que se ha hecho de las mismas durante estos tres ejercicios. Es la primera vez que se plantea ante el Tribunal Constitucional el estudio de un conflicto entre órganos constitucionales por una omisión del Gobierno en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos.
En el conflicto promovido por el PP, el Senado plantea que el incumplimiento en la presentación de Presupuestos podría ser contrario al artículo 1.3 de la Constitución Española, que establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, y al artículo 66.2, que atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El conflicto presentado por el Senado también argumenta la posible vulneración del artículo 134 de la Constitución Española sobre los Presupuestos Generales del Estado, del artículo 99.2 y el artículo 23.
"Usurpación" de funciones
El Partido Popular aprovechó su mayoría en la Cámara Alta para judicializar la ausencia reiterada de proyectos presupuestarios, alegando que la dejación de funciones del Ejecutivo supone una "usurpación" de funciones al Parlamento en el control del gasto y el debate presupuestario.
Conviene recordar que, según reza el artículo 134.3 de la Constitución Española, el Gobierno debe presentar el proyecto de ley de Presupuestos "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", por lo que el tiempo se agotó el 30 de septiembre. El Ejecutivo no ha llegado a cumplir este mandato, ni tan siquiera retrasándose respecto a la fecha exigida como en ocasiones anteriores, durante los tres últimos años.
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