Miguel Ortiz, "el Abuelo", durante su despliegue en Ucrania; a la derecha, el depósito de cadáveres de Rostov donde, según información atribuida al FSB, habrían estado sus restos. E.E.
Reportajes El cuerpo de Miguel 'el Abuelo', el cántabro muerto en la guerra de Ucrania, aparece tras 3 años: su viuda cobrará 291.000 €El ADN identificó sus restos; otras familias españolas aún esperan cuerpos, certificados de defunción y pagos prometidos por Ucrania a sus muertos.
Más información:El calvario de la familia del soldado cántabro Miguel Ortiz por que se reconozca su muerte en combate: "Dio su vida por Ucrania"
Ferran Barber Publicada 17 agosto 2026 06:00hDurante casi tres años, Miguel Ortiz Lavín, "el Abuelo", estuvo muerto y perdido a la vez. Desapareció el 22 de noviembre de 2023 en el frente de Donetsk, durante una de sus primeras misiones de combate en Ucrania.
Era ya invierno en el Donbás. El frío había endurecido el terreno y los rusos intensificaban entonces sus ataques alrededor de Avdiivka, una ciudad industrial que acabaría convertida en uno de los grandes mataderos de aquella fase de la guerra.
Miguel no regresó de aquella misión. Tampoco regresó su cuerpo. Ni siquiera sabían dónde estaba. Hasta esta semana.
El destino fatal del soldado cántabro Miguel Ortiz 'el Abuelo': de hacer un curso para ir a la guerra a esfumarse en combate en UcraniaUn cadáver conservado en Ucrania ha sido identificado como el suyo con una probabilidad del 98,67 por ciento. La noticia llegó por correo electrónico a los abogados ucranianos que representan a su viuda, Esperanza Ruiz Iglesias.
Claro que quien recibió inmediatamente la comunicación y lleva años ocupándose de buena parte de las gestiones es Carmen, hermana de Esperanza y cuñada del Abuelo.
"Mi hermana se ha puesto a llorar de felicidad, de tristeza...", dice Carmen. Pero ahora hay que traerlo. Yo prefiero que lo incineren allí y que me lo traigan, porque a mi hermana le tengo prohibido que vaya. Ella no va a ir a ningún lado".
Carmen, cuñada de Miguel Ortiz, y las hermanas de éste, Virginia (a la izquierda) y Beatriz (a la derecha) en casa de Carmen en Santander. De fondo se aprecia una bandera de la Legión, cuerpo militar en el que también sirvió el marido de Carmen. Rafa Martí
Durante casi tres años, Esperanza Ruiz Iglesias era viuda de facto pero no de iure. Sabía que Miguel había muerto en Ucrania, pero sin cadáver y sin certificado de defunción, esa muerte seguía sin existir para la Administración española, lo que obligaba también a demorar el duelo.
Eso también acaba de cambiar gracias a que Kiev ha expedido por fin el documento que certifica el fallecimiento de Miguel Ortiz Lavín, "el Abuelo", y permite a su mujer empezar a reclamar la pensión de viudedad, desbloquear las cuentas de su marido y exigir también las cantidades que Ucrania dejó pendientes tras su muerte.
Sobre el papel hay mucho dinero en juego. Cuando Miguel Ortiz y los demás voluntarios extranjeros se incorporaron a las Fuerzas Armadas ucranianas, lo hicieron bajo un régimen que equiparaba sus derechos económicos a los de los militares ucranianos.
La promesa era bastante concreta: si morían combatiendo durante la ley marcial, sus familiares tendrían derecho a una indemnización extraordinaria de 15 millones de grivnas, que venían a ser unos 382.000 euros al cambio de la época.
Esos pagos estaban regulados por la resolución 168 del Gobierno ucraniano, aprobada el 28 de febrero de 2022, apenas cuatro días después de la invasión, y la propia Legión Internacional la publicitó expresamente para los extranjeros que firmaban contrato con Ucrania.
Había además otra garantía particularmente importante para hombres como Ortiz: mientras un combatiente continuara oficialmente desaparecido, seguiría generando su remuneración militar, que podía ser abonada a sus familiares o a la persona que hubiera designado.
La información oficial de la Legión Internacional explicaba además que esos pagos por desaparición no reducían entonces los 15 millones de grivnas que corresponderían si posteriormente se confirmaba la muerte.
¿Cuánto dinero debería percibir entonces la familia del Abuelo? "Está el sueldo de Miguel, aparte de la indemnización. Calculando así, unos 400.000 euros", afirma Carmen.
Así estaban las cosas cuando El Abuelo desapareció en noviembre de 2023. Desde entonces, sin embargo, Ucrania ha cambiado las reglas.
Miguel Ortiz, ya desplegado en Ucrania. Cedida
Primero modificó la forma de entregar los 15 millones: para las muertes certificadas a partir del 1 de septiembre de 2025, la cuantía total sigue siendo la misma, pero sólo tres millones se abonan inicialmente; los otros 12 millones se reparten en 80 mensualidades de 150.000 grivnas, es decir, durante seis años y ocho meses.
Y en febrero de 2026 introdujo una reforma todavía más relevante para el caso Ortiz.
A partir de ahora, cuando un militar que figuraba como desaparecido termina siendo declarado muerto, las remuneraciones que sus familiares hayan cobrado durante el periodo de desaparición se descuentan de ese techo global de 15 millones de grivnas.
Kiev justificó el cambio alegando que hasta entonces las familias de desaparecidos podían cobrar durante años el salario del militar y, después, recibir además íntegramente los 15 millones, mientras las familias de quienes habían sido declarados muertos desde el principio sólo percibían esa indemnización.
En el caso del Abuelo no hay nada que descontar porque nadie les ha pagado nada. Eso significa que, si la reclamación prospera, el techo será de 15 millones de grivnas en total, sin sumar ahora los salarios atrasados.
La devaluación, además, ha rebajado su valor desde los aproximadamente 382.000 euros de 2023 hasta unos 291.000 euros actuales.
¿Quién ha hallado el cadáver del Abuelo y cómo ha sido identificado, asumiendo que, como es de suponer, estuviera muy dañado por la artillería o por el tiempo que pasó corrompiéndose en el campo de batalla?
Durante casi tres años, nadie supo con certeza dónde estaba el cuerpo de Miguel Ortiz.
La versión oficial que Kiev proporcionó y sus camaradas respaldaron es que no pudo ser recuperado y su cuerpo quedó en una zona que terminó bajo control ruso.
A partir de ahí comenzó una segunda búsqueda: intermediarios, funcionarios y personas vinculadas a la administración española intentaban averiguar dónde yacía exactamente por canales informales y no oficiales, mientras se exploraba con interlocutores rusos una posible devolución del cadáver al margen de la vía diplomática formal.
Pero nada de ello llegó a fructificar.
Entonces, si los restos identificados esta semana son realmente los de Ortiz, ¿cómo llegaron a Ucrania? No lo sabemos todavía.
Carmen cree que el cadáver ha estado siempre en territorio controlado por Kiev y que la pista rusa es falsa.
Hay, sin embargo, una posibilidad alternativa: que hubiera terminado efectivamente en manos rusas y regresara después a Ucrania dentro de alguno de los gigantescos procesos de repatriación de cadáveres.
Y ahí empieza otro atasco, esta vez de laboratorio. Los cuerpos que Rusia devuelve no llegan necesariamente con una identidad fiable: Kiev insiste en que sólo la identificación forense y genética permite poner oficialmente un nombre a los restos, y las propias autoridades ucranianas han advertido de casos en los que la documentación remitida por Rusia no correspondía al cadáver que la acompañaba.
Por eso, cuando un español desaparece en combate y existe la posibilidad de que su cuerpo aparezca después entre restos sin identificar, la Policía Nacional española solicita muestras de ADN a sus familiares.
Eso ocurrió con Miguel Ortiz. Sus hijos fueron sometidos a las correspondientes pruebas genéticas en España para obtener un perfil de referencia que pudiera compararse posteriormente con cualquier cadáver susceptible de ser el del Abuelo.
Lo mismo ha ocurrido con familiares de otros españoles desaparecidos, como Juan Carlos Perálvarez Zafra.
El procedimiento es bastante menos cinematográfico que buscar a un hombre entre trincheras: cuando aparece un cuerpo, el laboratorio extrae un perfil genético y lo cruza con las muestras de los familiares que tomaron al otro extremo de Europa.
En el caso de Miguel había, por tanto, algo fundamental preparado antes de que apareciera su cadáver: su ADN familiar estaba ya disponible.
El problema es la escala. Desde 2025 han entrado en Ucrania miles de cuerpos repatriados por Rusia, muchos sin una identidad definitivamente establecida.
Cada remesa añade bolsas mortuorias, fragmentos de cuerpos y nuevos perfiles genéticos a una maquinaria forense que trabaja muy por debajo del ritmo al que llegan los muertos.
En junio de 2026, por ejemplo, un grupo especial del Ministerio del Interior ucraniano revisó durante todo el mes decenas de casos antiguos, ordenó nuevas pruebas y terminó cerrando 31 identificaciones definitivas.
El cuello de botella no consiste en obtener ADN, sino en conseguir que el perfil de un cadáver encuentre finalmente su pareja entre las muestras disponibles.
Pero aquí ser español o extranjero podía convertirse, paradójicamente, en una pequeña ventaja porque su caso era mucho más fácil de acotar que el de uno de los miles de soldados ucranianos sin identificar.
Los voluntarios españoles acostumbraban a llevar junto a los distintivos ucranianos pequeñas banderas de España o indicativos nacionales.
Podían estar prohibidos reglamentariamente en determinadas unidades, pero aparecen una y otra vez en fotografías de los propios combatientes. El Abuelo, sin ir más lejos, llevaba una en su uniforme.
Una enseña española cosida a un cadáver destrozado no demuestra quién era aquel hombre, naturalmente, pero sí puede transformar la pregunta de "¿quién es uno de estos miles de muertos?" en otra mucho más manejable: "¿qué español desaparecido puede ser éste?"
Lo que todavía falta saber es quién encontró el cuerpo, cuándo, dónde estuvo durante estos casi tres años y si pasó realmente por aquella morgue rusa donde Moscú aseguró que lo tenía.
La familia de Ruiz ha dado por hecho que, una vez identificado el cuerpo, es solo cuestión de días, tal vez semanas o unos pocos meses, el que reciban el dinero gracias a las gestiones que realizan para ellos el despacho ucraniano de abogados y gracias, también, sobre todo, a la ayuda de un veterano español.
Pero lo cierto es que hay familias de caídos españoles que llevan más de un año con el certificado de defunción en la mano, el cuerpo recuperado y ni un solo euro transferido a la cuenta del heredero.
Entre los casos conocidos, hay uno particularmente paradigmático y significativo: el de Sergio Antolín Zunzunegui.
Sergio Antolín, el español que se fue a Ucrania a combatir contra Rusia, posa con un arma de combate. Cedida
Antolín murió el 29 de marzo de 2024 después de haber firmado contrato con la unidad A4368 de la Tercera Brigada de Asalto.
Su cadáver sí apareció. Su familia recibió después las cenizas y, hace alrededor de un año, el certificado de defunción.
En teoría, habían reunido exactamente aquello que ahora esperan conseguir los Ortiz: muerto identificado, documento oficial y derecho a reclamar.
Pero no han cobrado nada. Ni tan siquiera un euro.
"Hace un año, en agosto, nos trajeron las cenizas y el certificado de defunción", explica su padre, Jesús Antolín. "Nos dieron las cenizas y ya está. Como no nos hicieron ninguna prueba de ADN, me tengo que creer que eran los restos de mi hijo. Me dijeron que lo habían identificado por el tatuaje".
La hija de Jesús, hermana de Sergio, recurrió a la Embajada y la familia buscó ayuda por distintas vías, pero acabó topándose con un muro: para hacer valer la reclamación en Ucrania necesitaban un abogado sobre el terreno capaz de abrirse paso por la burocracia militar y administrativa del país.
"¿Y qué puedo decir? Nos pedían 3.000 euros y luego presentaban el escrito y tararí que te vi: tenías que buscarte la vida tú", asegura el padre de Antolín. La familia no disponía de ese dinero.
Un antiguo compañero holandés de Sergio llegó incluso a viajar hasta su casa para entregarles la bandera del regimiento y las insignias del muchacho.
Jesús cree que no es solo el dinero lo que se halla en juego. "Me siento estafado. No por mí. Dar una vida, ir a luchar por ellos y luego ves estas cosas... Mi hijo estuvo herido y nada más salir, a la semana, lo mandaron otra vez al frente. Y me queda esa congoja de pensar si mereció la pena. Yo diría que en ningún sentido".
Ahí está la grieta que separa la confianza de Carmen de la experiencia de los Antolín. Tener el cuerpo no garantiza cobrar. Tener el certificado tampoco. Sergio dispone de ambos desde hace aproximadamente un año y su padre sigue esperando.
El abogado de la familia del Abuelo insiste en que es solo cuestión de días el que reciban el dinero.
"Ahora están haciendo el procedimiento para que se lo ingresen a mi hermana. Y cuando esto termine, yo me he comprometido a ayudar a otros españoles. Si sé qué puertas hay que tocar y qué documentos hacen falta, así que voy a hacerlo", asegura Carmen.
No es una promesa menor porque algunos siguen todavía mucho más atrás en el camino. Hay combatientes españoles muertos cuyos restos ni siquiera han podido ser identificados o recuperados. Y entre todos ellos, el caso más controvertido es probablemente el del citado Juan Carlos Perálvarez Zafra.
Juan Carlos Perálvarez Zafra, antiguo legionario español, durante su despliegue en Ucrania. Cedida
Zafra fue legionario, combatió después en Ucrania y murió durante un asalto en el que, según reconstruyeron varios de sus compañeros, trató de recuperar unas posiciones tomadas por los rusos.
Su cuerpo fue localizado posteriormente mediante un dron junto a un búnker, con una gran herida entre las costillas y el abdomen. Nadie pudo acercarse a él. El cadáver quedó sobre el terreno.
Su hermana, Paqui Perálvarez Zafra, sigue hoy exactamente donde estaba entonces: sin cuerpo, sin certificado de defunción y sin una explicación concluyente sobre qué ocurrió con los restos.
"He entregado documentación, hemos dado muestras de ADN, he llamado muchas veces a la Embajada y siempre me dicen que no saben nada", explica.
En Zaragoza, además, la Policía Nacional pidió muestras genéticas a la familia para incorporarlas a la búsqueda de desaparecidos.
Pero, hasta ahora, ningún cadáver ha podido ser identificado oficialmente como el de Juan Carlos.
La situación roza por momentos lo kafkiano. Hace apenas unos días, Paqui recibió de la Policía una referencia confusa a que su hermano habría sido "identificado por ADN".
El problema es que nadie ha sabido explicarle dónde está ese cuerpo, quién realizó el análisis ni cuándo. La Embajada española en Kiev, por el contrario, le comunicó por última vez el pasado mayo que seguía sin haber novedades.
Y aún hay algo más. En el verano de 2025, agentes federales rusos que negociaban por vías informales con interlocutores españoles la recuperación de los cadáveres en poder del Kremlin aseguraron que los cuerpos de Zafra, Miguel Ortiz y un tercer español habían sido localizados y se encontraban en manos del Instituto de Criminalística del FSB, en una morgue de Rostov, desde donde fueron trasladados a Moscú.
Mientras se discutía cómo devolverlos, los agentes federales enviaron fotos del depósito e incluso un vídeo con tres ataúdes de madera, donde, según los federales, yacían los restos de los españoles.
Depósito de cadáveres de Rostov donde, según la información atribuida al FSB, estuvieron los cuerpos del Abuelo, Zafra y un tercer español. Esta versión nunca pudo acreditarse de forma independiente. E.E.
Remitieron incluso un documento atribuido al propio FSB y en poder de El Español en el que se afirmaba que unos restos habían sido examinados e identificados como los de Juan Carlos Perálvarez Zafra.
El informe contiene contradicciones de fechas y lugares y nunca ha podido ser autenticado de forma independiente. Tampoco se sabe si esos restos, en caso de haber existido, fueron incorporados después a alguno de los intercambios de cadáveres entre ambos países.
Documento atribuido al FSB ruso, fechado el 28 de junio de 2025, en el que se afirma que unos restos examinados por sus servicios forenses pertenecían al español Juan Carlos Peralvarez Zafra. El informe, remitido durante las gestiones informales para recuperar cadáveres españoles, no ha podido ser autenticado de forma independiente y contiene contradicciones de fechas y lugares. E.E.
Propusieron realizar la entrega de los tres cuerpos en Estambul, algo que, obviamente, no llegó nunca a suceder. Los enlaces españoles acabaron admitiendo que ni siquiera podían descartar que sus interlocutores rusos les estuvieran mintiendo.
Lo hacen por sistema: por dinero, por interés operativo, para desgastar al interlocutor o, sencillamente, por malicia.
La fotografía de la instalación forense que acompaña este reportaje es justamente el lugar donde, según la información transmitida entonces desde Rusia, se encontraban los cadáveres de Juan Carlos Perálvarez Zafra y Miguel Ortiz.
Paqui continúa, por tanto, atrapada en el peor escenario posible: un hermano muerto del que todos hablan como si estuviera localizado, pero cuyo cuerpo nadie le ha entregado.
Y mientras no aparezca, tampoco puede cerrar todo lo demás.
Juan Carlos dejó una hija mayor y dos hijos menores de otra relación. Uno de ellos, según explica Paqui, tiene además problemas de salud. La ausencia de un certificado de defunción ha impedido que sus niños perciban las pensiones de orfandad.
Al igual que Jesús, la hermana de Zafra interpreta lo ocurrido como una traición.
No porque crean que Ucrania deba pagar una especie de precio por cada muerto, sino porque aquel dinero formaba parte del compromiso que acompañaba al contrato. Si el voluntario cumplía su parte hasta el final, Kiev debía cumplir la suya con la viuda, los hijos o los padres.
El Cártel de Jalisco se asienta en la costa catalana con 'cocineros' de metanfetamina disuelta en líquido: "Llevan aquí tres años"Esperanza Ruiz Iglesias, la viuda del Abuelo, tampoco está precisamente aguardando una fortuna desde una posición acomodada. Según Carmen, no trabaja ahora y vive de una ayuda.
Y entonces aparece España.
Las familias no piden que Madrid pague lo que corresponde a Kiev. Lo que reprochan es otra cosa: que el Gobierno español sostenga política, financiera y militarmente a Ucrania y no ejerza una presión equivalente para que el Gobierno de Zelenski cumpla las obligaciones contraídas con los ciudadanos españoles que murieron bajo bandera ucraniana.