El grupo minoritario del Gobierno se negó a entrar al Consejo de Ministros hasta que el ala socialista aceptó congelar dos años el precio de los alquileres sin opciones de ratificarlo.
El Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar sufrió el viernes un cisma histórico cuando la formación minoritaria se negó a entrar en el Consejo de Ministros hasta asegurar la inclusión de medidas de vivienda en el plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El plante retrasó en más de dos horas el inicio de la reunión, prevista para las 09:30, y se saldó con la aprobación de un segundo Real Decreto-ley de congelación del precio de los alquileres que tiene escasos visos de ser ratificado por el Parlamento y decaería en el plazo de un mes.
Así, de un lado, el Ejecutivo dio luz verde al plan oficial de 80 medidas para movilizar 5.000 millones de euros en respuesta al conflicto en Oriente Próximo, que se votará de forma acelerada el próximo jueves y que previsiblemente sea ratificado. Incluso el PP y Junts, que junto a Vox han tumbado los macrodecretos del escudo social del Ejecutivo en dos ocasiones en lo que va de año, se abrieron el viernes a apoyar el plan por centrarse en rebajas fiscales que aseguran que el Gobierno les ha venido a copiar.
El segundo decreto implica la prórroga automática por dos ejercicios del millón de alquileres que vencen en 2026 y 2027, así como un tope del 2% en la subida anual del precio de los arrendamientos.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que restó importancia al cisma vivido en el interior de su Gabinete durante la mañana, reconoció que esta segunda norma no tiene de momento apoyos suficientes para ser ratificada por el Parlamento. De esta forma, aunque la medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) previsiblemente acabará decayendo en un mes, el plazo máximo que el Gobierno tiene para lograr la ratificación de la norma de urgencia ante el Congreso de los Diputados.
De momento, el Partido Popular ya ha anticipado su rechazo total al "chantaje" de Sumar, mientras que furzas como Junts y PNV han evitado pronunciarse.
Quien si arremetió frontalmente contra este segundo paquete de medidas es la patronal empresarial. En un duro comunicado conjunto, CEOE y Cepyme mostraron su "firme rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que suponen una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generan una preocupante inseguridad jurídica".
"Advertimos de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos", exponen los empresarios, que consideran el decreto "fruto de una presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo".
"El único escudo social que Sumar concebía era uno que protegiese a la gente de este país y que tuviera en el centro el principal problema de nuestro país que se llama vivienda y hoy hemos negociado hasta el último minuto para conseguirlo", defendió por su parte la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del lado de Sumar. Según sus cálculos, la medida protegerá a 2,7 millones de personas. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, calificó la norma de "excelente" y aseveró que el Gobierno de coalición sale "fortalecido".
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