Ione Belarra, secretaria general de Podemos, hace dos semanas, durante un acto en Málaga contra los desahucios. EP
Política El decreto de PSOE y Sumar que congela alquileres hasta 2028 nace muerto: Junts ya votó en contra y Podemos lo rechazaLos de Belarra rechazan "frontalmente" el texto tal como está y los de Puigdemont ya votaron en contra de medidas menos ambiciosas en febrero.
Más información: PSOE y Sumar acuerdan que el nuevo decreto de vivienda incluya una prórroga de los alquileres hasta julio de 2028.
Alberto D. Prieto Publicada 23 julio 2026 02:42h Las clavesLas claves Generado con IA
Sumar ha logrado su decreto de alquileres, el PSOE ha pactado un texto en el que acepta congelarlos hasta 2028. Pero Podemos ya advierte de que votará no porque lo rechaza "frontalmente". El partido de Ione Belarra ni siquiera se sentará a negociar si el Gobierno no retira del articulado la reforma a la ley del suelo que incluye.
La dirección morada califica esa reforma como una "línea roja". Considera "condición ineludible" eliminar esos artículos para poder hablar de la congelación de los alquileres. Y sin sus votos el decreto, que aún no se ha siquiera aprobado, nacería muerto cuando lo apruebe, el martes que viene, el Consejo de Ministros.
Al veto de Podemos se suma el precedente inmediato de Junts. En febrero, el partido que lidera Míriam Nogueras en el Congreso ya tumbó, junto al PP y Vox, el entonces llamado "decreto ómnibus" que incluía medidas antidesahucios, el escudo social por la guerra de Irán, y la subida de las pensiones.
Entonces, la portavoz de los de Carles Puigdemont alegó que la norma "ahogaba a los pequeños propietarios" y que el Gobierno "mezclaba" protección social y a los okupas en un mismo paquete.
El borrador remitido este miércoles a los grupos parlamentarios es aún más ambicioso en prórroga forzosa de los contratos de alquiler, que amplía de 2027 a 2028. Y además, limita las subidas de las rentas durante ese periodo y refuerza los topes ya vigentes en las zonas tensionadas.
El Congreso tumba el decreto de vivienda en un debate que muestra la fractura entre todos los socios de SánchezEl PSOE presume de que el texto es "un escudo para los inquilinos" ante la subida de precios. Sumar lo reivindica como propio, en realidad, como una victoria interna, tras meses de presión para que Pedro Sánchez aceptara.
Podemos dice 'no'
El problema es que ese decreto llega al Parlamento con el mismo talón de Aquiles que el escudo social de febrero.
Nace sin los votos asegurados de Podemos, que veta una "letra pequeña urbanística", y bajo la sombra de un Junts que ya ha demostrado que está dispuesto a dejar caer normas sociales si chocan con su discurso sobre okupaciones y pequeños propietarios.
Fuentes de la dirección de Podemos denuncian a este diario que el Gobierno "ha intentado aprovechar" el paquete de vivienda para introducir cambios profundos en la ley del suelo en perjuicio de los ciudadanos y a favor de grandes corporaciones.
El borrador modifica el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión en terrenos expropiados.
Para los morados, el primer punto "abre la puerta a legalizar con efecto retroactivo proyectos urbanísticos ilegales y a reducir los controles sobre planes futuros".
La dirección de Belarra denuncia también que se limita la capacidad de la sociedad civil para denunciar irregularidades urbanísticas.
El segundo cambio, sostienen, "elimina en la práctica el derecho del antiguo propietario a recuperar un terreno expropiado si no se usa para el fin público" alegado. Señalan directamente a BBVA, la constructora San José y Merlin Properties como beneficiarias de un "traje a medida" por la madrileña operación Chamartín.
El Gobierno aprobará en julio un decreto de alquileres con guiños a Nogueras pero Junts niega cualquier negociaciónPodemos reprocha a Sumar que esas mismas modificaciones antes las rechazaban, y ahora tragan con ellas.
De hecho, según los de Belarra, ya se votaron varias veces en el Congreso y "siempre fracasaron", por ser casi iguales a una propuesta del PP de 2018, a otro proyecto del PSOE de 2024 y a la iniciativa presentada por los socialistas junto al PNV en 2025.
"Todas ellas fueron rechazadas por una mayoría que incluía a Sumar, ERC y Junts".
Nada indica que Junts cambie
Y a ese voto negativo de Junts se añade que su punto de partida es todavía más hostil contra Moncloa. Este mismo jueves, sus siete diputados tumbarán de nuevo la senda de déficit.
En noviembre de 2025, la formación de Puigdemont anunció su "ruptura definitiva" con Sánchez por los "incumplimientos reiterados" de los compromisos de investidura.
Desde entonces, su dirección ha fijado una doctrina clara: sólo apoyará medidas que, según su ideología, "favorezcan a Cataluña" o textos negociados expresamente con ellos e incorporando sus enmiendas.
Ese marco explica su actitud en medidas como las que ahora anuncia el Gobierno.
En febrero, Junts tumbó el decreto ómnibus con un discurso centrado en la defensa de los pequeños propietarios. Nogueras acusó al Gobierno de "ahogar" a las familias con uno o dos pisos y se negó a avalar la prórroga de la moratoria que el Ejecutivo presentaba como escudo para los hogares vulnerables.
Desde ese momento, los independentistas reclamaron que se troceen los paquetes para separar las medidas sociales como la subida de las pensiones -que una vez desgajada, contó con su voto favorable- de las que, a su juicio, afectan a la seguridad jurídica de los propietarios.
El resultado es que el gran movimiento de PSOE y Sumar para prorrogar los alquileres hasta 2028 nace sin el apoyo de dos socios sin cuyos votos se arriesga a incurrir en un nuevo caos jurídico como el del pasado mes de marzo.
Todos contra todos: el PSOE y sus socios no saben qué hacer con el decreto del alquiler tras tumbarlo el CongresoEntonces, el Congreso tumbó la convalidación de otro decreto de congelación y prórroga de alquileres. La vigencia del decreto sólo un mes dejó en el limbo miles de renovaciones forzosas y generó una creciente litigiosidad.
Para el Ejecutivo, el reto es doble y urgente, si quiere aprobar el decreto en el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones de agosto.
Tiene que garantizar la convalidación de un decreto que ya ha vendido como "escudo para millón y medio de inquilinos", y al mismo tiempo evitar que la guerra de Podemos con Sumar y el PSOE y el distanciamiento con Junts exhiban, de nuevo, la fragilidad de la legislatura.
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