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Los representantes de Iglesia, Gobierno y órdenes religiosas en la firma del acuerdo inicial, el 8 de enero pasado. EFE El Defensor del Pueblo podrá revisar las indemnizaciones dadas por la Iglesia a víctimas de abusosEl nuevo sistema para resarcir a los agredidos por religiosos que no pueden ir a los tribunales empezará a funcionar el 15 de abril
Madrid
Lunes, 30 de marzo 2026, 11:41
... el delito ha prescrito o porque ha muerto el autor, podrán ser reconocidas como tales por el Defensor del Pueblo y recibir una indemnización a partir del próximo 15 de abril, compensación que pagará siempre la autoridad u organización de la Iglesia que se determine como responsable.El protocolo pactado hoy contempla que también podrán pedir al Defensor del Pueblo la revisión y reevaluación de su caso las víctimas de pederastia cuyos expedientes ya han sido resueltos e indemnizados por la Conferencia Episcopal, a través de su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (Priva), o con anterioridad por las diócesis u órdenes religiosas, y no hayan quedado satisfechas con el resultado obtenido. Eso sí, el texto deja claro que, a la hora de hacer esta revisión y fijar la indemnización, el Defensor del Pueblo deberá tener en cuenta las compensaciones percibidas por estas personas de la Iglesia.
El Priva, tras un año largo de funcionamiento, ha recibido 131 solicitudes, ha resuelto afirmativamente 83 expedientes con reparaciones por valor de unos 2,5 millones de euros, con una indemnización media de unos 30.000 euros, pero con enormes oscilaciones, de entre 1.000 y más de 90.000 euros según el caso. A ese dinero y a esos expedientes hay que sumar el abonado a otros perjudicados por congregaciones o diócesis en años anteriores a la existencia de la comisión Priva.
Obispos y Gobierno pactan la exención de impuestos de las reparaciones económicas que reciban las víctimas, tanto las pasadas como las futuras
El protocolo firmado esta mañana por el presidente de la CEE, Luis Argüello; el presidente de la Confederación Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desarrolla la letra pequeña del acuerdo suscrito el pasado 8 de enero entre el Gobierno, los obispos y las órdenes religiosas para la creación del nuevo sistema independiente y pone en marcha el plazo mínimo de un año, prorrogable a otro más, para que las víctimas que no pueden acudir a los tribunales presenten sus solicitudes de reparación.
Esta puesta en marcha estaba prevista para hace casi dos meses, pero se ha retrasado por los desacuerdos y tiras y afloja entre los obispos y el resto de las partes sobre el contenido del protocolo, que no obstante han contado con la presión del Vaticano en favor del acuerdo, sobre todo en las últimas semanas, al coincidir con los primeros preparativos para la visita del Papa a España en julio próximo.
El mecanismo
Según lo acordado por todas las partes, será el Defensor del Pueblo el que determinará quién es víctima y el tipo de reparación y la cuantía que le corresponde. Su propuesta podrá ser objetada y reevaluada por la Conferencia Episcopal, el Estado o las propias víctimas, pero, en caso de desacuerdo final, se impondrá la decisión del organismo dirigido por Ángel Gabilondo. Los obispos se comprometen a aceptar siempre esta última decisión del Defensor y a cumplir con las indemnizaciones y reparaciones que se fijen.
El acuerdo del 8 de enero prevé que la recepción de solicitudes y el sistema extraordinario del Defensor del Pueblo funcionen durante un año, que podría prorrogarse otro más con el acuerdo de las partes. Las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes de reparación en pocos días en el Ministerio de Presidencia. El texto deja claro que es una vía de uso voluntario por las víctimas, quienes podrán seguir reclamando, si así lo prefieren, ante la comisión Priva, la encargada de gestionar internamente los casos que le llegan a la Iglesia.
El nuevo mecanismo prevé que los que no quieran acudir a la vía de la Iglesia solicitaran su reparación ante una unidad de tramitación específica que creará el Ministerio de Presidencia, que además les orientarán en la presentación de las mismas. La solicitud se trasladará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que, tras estudiar el caso y escuchar a las partes, emitirá la propuesta de reparación, que podrá ser simbólica, espiritual, psicológica o económica, o las cuatro opciones al tiempo, según lo demandado por la víctima.
Resolución de controversias
La propuesta se trasladará a la comisión Priva para que la evalúe y emita un informe. Si hay conformidad de las partes, la resolución tendrá carácter definitivo. En el caso de disconformidad, tanto por parte del solicitante como por la Iglesia, se convocará una comisión mixta Iglesia-Estado para la resolución de controversias (con participación de asociaciones de víctimas), que analizará el caso y tratará de alcanzar un acuerdo unánime.
Si persistiera la disconformidad, el Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva, que será de obligado cumplimiento por todas las partes, y la organización religiosa, institución o diócesis declarada responsable deberá pagar las compensaciones, abono que estará garantizado en último término por la Conferencia Episcopal y Confer.
El Gobierno se compromete en el escrito a promover todos los cambios normativos y decisiones necesarios para aplicar exenciones fiscales a las indemnizaciones que reciban las víctimas de la Iglesia. Quedarán exentos tanto los pagos futuros como los pasados, los que algunas victimas ya han recibido de diócesis u organizaciones religiosas en los últimos años. Se atiende así una una reclamación de las víctimas, alguna de las cuales ha tenido que abonar hasta el 30% de la indemnización en impuestos.
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