El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que llevaba 71 viviendo en el mismo piso del Retiro, ha provocado manifestaciones, portadas y declaraciones de casi todos los partidos. Su contrato, firmado por su padre en 1956, pertenecía al régimen de renta antigua y le permitía pagar unos 500 euros al mes por 92 metros cuadrados en uno de los barrios más caros de Madrid.
Que una mujer de su edad tenga que abandonar su casa justifica que las administraciones le ofrezcan una alternativa, y la Comunidad de Madrid asegura haberle propuesto en dos ocasiones una plaza en una residencia pública. El debate que ha abierto su caso, sin embargo, apunta a un problema de mayor alcance, que afecta a millones de hogares y apenas ha provocado movilizaciones.
La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España muestra que en el año 2002 el 66% de los hogares cuyo cabeza de familia tenía menos de 35 años era propietario de su vivienda principal, una proporción que en 2024 había caído al 36,7% después de tocar un mínimo del 31,8% en 2022. La caída es del 44%. En el mismo periodo, el porcentaje de hogares encabezados por un jubilado que poseen otros inmuebles además de su vivienda habitual pasó del 32,8% al 57,4% (+75,6%). Las dos series se cruzaron en 2014 y la distancia entre ambas supera hoy los veinte puntos.
Detrás de esas cifras hay dos trayectorias vitales muy distintas, la de una generación que pudo comprar vivienda con salarios medios y acumular un patrimonio que en muchos casos complementa hoy su pensión, y la de otra que llega al mercado con precios que sus salarios no alcanzan. Según idealista, alquilar una habitación en un piso compartido en Madrid costaba en junio una media de 550 euros al mes, más de lo que Maricarmen pagaba por un piso entero de tres dormitorios junto al Retiro.
La renta antigua es la versión más extrema de un patrón que se repite en la política de vivienda española, en el que las reglas protegen a quienes ya están dentro del mercado y trasladan el coste a quienes intentan entrar. La prórroga forzosa blindó durante décadas a los inquilinos con contrato a costa de los propietarios y de todos los que buscaron casa después, porque redujo el incentivo a poner viviendas en alquiler. El Gobierno de Felipe González empezó a desmontarla en 1985 con el decreto Boyer, y la ley de arrendamientos de 1994 fijó el régimen transitorio que ha llegado hasta hoy.
Ese mismo patrón aparece en la regulación actual, donde las restricciones al suelo y a la construcción y los controles de precios del alquiler benefician a quien ya tiene casa o contrato y penalizan a quien la busca. La evidencia internacional apunta en esa dirección. En San Francisco, la extensión del control de rentas en 1994 llevó a los propietarios afectados a reducir un 15% la oferta de vivienda en alquiler y contribuyó a encarecer el alquiler en el conjunto de la ciudad.
Los mayores que compraron hace décadas, y la propia Maricarmen, que se acogió a la ley vigente, actuaron dentro de las reglas que tenían. La responsabilidad recae en unas normas que durante años han concentrado las ganancias en quienes ya estaban dentro y los costes en quienes llegaban. Si la sociedad considera que Maricarmen merece seguir en su casa, lo coherente es financiar esa protección con recursos públicos en lugar de cargarla sobre un propietario concreto. Para los jóvenes, la respuesta pasa por ampliar la oferta, con más suelo disponible y licencias más rápidas, para que el acceso a la vivienda vuelva a depender del salario y del esfuerzo.
El caso de Maricarmen ha llenado las calles durante unos días, mientras la brecha que muestran los datos del Banco de España lleva dos décadas ampliándose sin apenas protestas. Quizá esa también merezca alguna manifestación.