El presidente y máximo accionista, Juan Antonio Acedo, afronta una petición de siete años de prisión con un pasivo de 230 millones.
Urbas, con las acciones suspendidas de cotización desde abril del año pasado por orden de la CNMV, en pleno concurso con una lista de 200 acreedores haciendo cola y un pasivo de 230 millones de euros, vivió ayer un nuevo episodio de su ajetreada historia con el juicio en la Audiencia Nacional contra su presidente y máximo accionista, Juan Antonio Acedo.
El caso, por un presunto delito societario tras una polémica ampliación de capital no dineraria llevada a cabo en 2015, quedó ayer visto para sentencia tras las declaraciones de los procesados y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que pide para Acedo y el expresidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, siete años de prisión tras tener en cuenta atenuantes que han rebajado la pena en un año.
Acedo controla el 24% de la constructora, mientras que Ibáñez suma el 19%. Sus acciones estuvieron sindicadas hasta 2022 y han dominado el consejo de un grupo que arrancó hace años un proceso acelerado de crecimiento a través de ampliaciones de capital que no han dado los resultados previstos y que llevaron a la compañía a presentar el año pasado concurso voluntario de acreedores tras fracasar su intento de homologación judicial.
Fue rechazado tras un informe demoledor de la consultora FTI, contratada por el mayor acreedor financiero, el fondo de inversión Roundshield, que ha ejecutado ya las prendas de una deuda vencida de casi 100 millones de euros y que también reclamará la recuperación de su inversión en el concurso voluntario que administran por orden judicial las firmas Auren y Kepler Karst.
El concurso de Urbas también se encuentra judicializado después de la decisión de la empresa de apartar al que era su auditor de cuentas, la firma A Worldwide, y sustituirla por su rival Crowe.
El pleito sobre quién debe realizar los trabajos de auditoría se dirime en el Juzgado de lo Mercantil numero 2 de Madrid. Los administradores concursales ya se han pronunciado a favor de revocar el nombramiento de Crowe y de mantener a A Worldwide como auditor, además de oponerse al nombramiento de un auditor por parte del Registro Mercantil.
El enfrentamiento entre Juan Antonio Acedo y A Worldwide nace de la negativa de la auditora de firmar las cuentas de 2024 donde, según las fuentes consultadas, figuran varias operaciones constitutivas de un presunto fraude. Entre ellas, sobresale la pérdida de 1.598 millones de acciones propias (autocartera) que, supuestamente, custodiaba desde 2023 la corporación financiera estadounidense Northern Trust, valorada en unos nueve millones de euros. Urbas contrató los servicios de Deloitte para rastrear ese dinero perdido.
El resultado del 'forensic' ya está en poder de los administradores concursales que, ante la sospecha de un presunto delito por fraude o falta de diligencia en la custodia de patrimonio, podrían solicitar el cambio de concurso de voluntario, a culpable. También están bajo sospecha operaciones de ejercicios anteriores no justificadas adecuadamente por el consejo de administración de la compañía.
Hasta ahora, los accionistas de control de Urbas se han negado a aceptar ofertas sobre alguno de los activos del grupo y solamente han planteado planes de reestructuración sobre la deuda y, ahora, alcanzar un convenio con los acreedores. Entre los bienes de la compañía destacan bancos de suelo inmobiliario y residencias de la tercera edad, entre otros.
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