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Las empresas, y especialmente las pymes, han perdido capacidad para generar más puestos por la fuerte alza de las cotizaciones sociales y la presión fiscal.
El debate sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en el empleo es recurrente. Mientras los empresarios y la mayoría de los economistas alertan de que destruyen puestos de trabajo, el Gobierno defiende que los incrementos del suelo salarial que ha ido aprobando desde 2018 no han tenido impacto y que han coincidido en el tiempo con la mayor creación de empleo de nuestra historia reciente como economía desarrollada. Una tesis que admite matices.
En primer lugar, el histórico aumento de la afiliación a la Seguridad Social ha estado liderado por el sector público: uno de cada cuatro puestos de trabajo creados desde que gobierna Pedro Sánchez corresponde a las distintas Administraciones o a organismos dependientes. Lo cual no es necesariamente negativo, pues depende de si esos nuevos puestos de trabajo han contribuido a mejorar la eficiencia de las Administraciones e incrementar la calidad de los servicios financiados con impuestos, o por el contrario se han dedicado a sobredimensionar las plantillas y disparar las estructuras burocráticas.
En segundo lugar, hay dos actividades relevantes en las que se ha producido una gran caída de las afiliaciones: la agrícola y el trabajo doméstico, que han perdido 160.000 cotizantes en agregado desde 2018. Son, precisamente, dos de los sectores en los que mayor peso tiene el salario mínimo.
Por último, aunque más difícil de estimar, está la pérdida de capacidad de las empresas, y especialmente de las pymes, para generar más puestos por la fuerte alza de las cotizaciones sociales y la presión fiscal, como vienen denunciando las distintas patronales.
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