Un hombre engalana su sombrero vaquero con una bandera estadounidense. REUTERS/Alyssa Pointer
EEUU El 'efecto Trump' entierra el sueño americano: cada vez menos migrantes piden la nacionalidad estadounidenseEl temor a acabar en manos del ICE relega a muchos residentes en EEUU a desistir de pedir la nacionalidad pese a la precariedad de su situación.
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Itziar Nodal Denver Publicada 4 mayo 2026 01:59h Las clavesLas claves Generado con IA
Convertirse en ciudadano estadounidense ha sido históricamente la culminación natural del sueño migratorio. El último paso hacia la estabilidad, los derechos y el sentido de pertenencia. Ahora, esa lógica empieza a resquebrajarse.
En la América de Donald Trump, cada vez menos inmigrantes están dispuestos a dar ese paso final. No porque hayan dejado de echar raíces en el país, sino porque el propio sistema ha dejado de ofrecer certezas.
Más controles, más requisitos y un clima político más hostil están transformando la ciudadanía en algo distinto: no solo en una meta, sino también en una exposición.
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En octubre de 2025, más de 169.000 inmigrantes solicitaron la ciudadanía estadounidense. Apenas un mes después, la cifra cayó a poco más de 41.000. La tendencia se ha mantenido en los meses posteriores, con niveles muy por debajo del año anterior.
También han descendido las aprobaciones y el número de expedientes resueltos, que se ha reducido en torno a un 50% en pocos meses. Estados Unidos cuenta con millones de residentes permanentes que cumplen los requisitos para naturalizarse.
Hasta hace poco, el patrón era claro: tras un periodo de residencia legal, la mayoría acababa solicitando la ciudadanía. Ese automatismo empieza a romperse.
Seguir siendo residente legal permite vivir y trabajar en el país de forma estable, pero implica renunciar al voto y mantener una mayor vulnerabilidad ante decisiones administrativas. Esto incluye la deportación en determinados supuestos.
Aun así, muchos optan por no dar el paso. Organizaciones en defensa de inmigrantes y antiguos responsables del sistema describen un "miedo extendido" a un proceso más largo, más incierto y más expuesto a cambios de criterio.
La Administración de Donald Trump ha endurecido los procedimientos: un examen más exigente, mayores requisitos de idioma y un uso más amplio del criterio de "buen carácter moral", que introduce valoraciones más subjetivas sobre el perfil del solicitante.
A ello se suma un mayor escrutinio del historial personal, incluida la actividad en redes y el entorno del solicitante.
Los tiempos de tramitación, que antes podían resolverse en menos de un año, se están alargando en muchos casos hasta los 12 o incluso 24 meses, en un sistema con millones de expedientes acumulados.
El cambio de fondo es más profundo: ya no basta con cumplir los requisitos formales. Cada vez más solicitantes perciben que también tienen que demostrar que "merecen" ser ciudadanos.
Menos contacto con el estado
La caída de solicitudes forma parte de un cambio más amplio en la relación entre los inmigrantes y la Administración. Organizaciones y autoridades locales detectan una reducción del contacto con las instituciones públicas.
En varias ciudades han caído las denuncias en barrios con alta población inmigrante, especialmente en delitos menores y violencia doméstica, un fenómeno que ya se observó en anteriores etapas de endurecimiento migratorio.
Entidades sociales señalan que familias que cumplen los requisitos están dejando de solicitar ayudas sanitarias, educativas o alimentarias por temor a que su información personal pueda ser utilizada en procedimientos migratorios.
En algunos distritos escolares, además, se ha detectado una caída en la inscripción o en la participación de familias inmigrantes en programas educativos. El cambio alcanza incluso al sistema fiscal.
En Estados Unidos, a diferencia de muchos países europeos, los inmigrantes sin estatus legal pueden declarar impuestos mediante un número fiscal específico (ITIN). Millones de personas utilizan este mecanismo cada año, aportando miles de millones de dólares en ingresos fiscales.
En los últimos meses, organizaciones comunitarias han advertido de un descenso en estas declaraciones por temor a que los datos puedan ser compartidos con las autoridades migratorias.
Las consecuencias son concretas. Menos denuncias implican más delitos sin registrar. Menos uso de servicios públicos limita el acceso a sanidad y educación. Y una menor interacción con la Administración reduce la capacidad del Estado para gestionar estas comunidades.
El contraste con los años recientes es claro. En 2024, más de 800.000 personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense, y entre 2021 y 2024 cerca de 3,5 millones completaron el proceso de naturalización. La tendencia dominante era avanzar dentro del sistema. Hoy, esa dinámica se está debilitando.
Más difícil entrar, más incierto quedarse
El cambio no se limita al acceso. También afecta a la estabilidad de la ciudadanía una vez concedida. La Administración ha planteado ampliar los procesos de desnaturalización, que permiten retirar la ciudadanía en casos de fraude o irregularidades.
Históricamente, estos procedimientos se limitaban a apenas una decena de casos al año, pero los planes actuales contemplan multiplicar esa cifra y revisar expedientes de forma más sistemática. Las estimaciones apuntan a cientos de casos mensuales.
En paralelo, se ha abierto un debate en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la posibilidad de restringir la ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares más consolidados del sistema. El conjunto apunta a una misma dirección.
El sistema deja de funcionar como una secuencia clara —residencia, requisitos, ciudadanía— y se convierte en un proceso de evaluación continua, en el que cada fase puede endurecerse o revisarse.
Trump entierra su promesa de deportaciones masivas de inmigrantes: reconoce su error y teme el castigo en las urnasEse cambio altera la lógica que durante décadas definió el modelo migratorio estadounidense.
Solicitar la ciudadanía ya no depende solo de cumplir requisitos legales, sino de valorar riesgos: tiempos de espera, criterios más estrictos, posibles revisiones e incluso la estabilidad futura del estatus.
En ese contexto, la caída de las naturalizaciones no es solo una reacción al endurecimiento de las condiciones. Es la adaptación a un sistema que ha dejado de ofrecer un punto de llegada claro incluso a quienes ya están dentro.