El 'ejército de buenos funcionarios' que se plantó para frenar la corrupción del PSOE

Cuando se sentó frente al magistrado Leopoldo Puente en su despacho del Tribunal Supremo, el 19 de mayo de 2025, el jefe de Armas de la Guardia Civil, Antonio Cortés, era, lo supiera o no, lo compartiera o no, el último eslabón de una larga cadena.

Que partía de Leire Díez, la fontanera del PSOE, quien según el juez Santiago Pedraz llevaba meses intentando «desestabilizar» causas judiciales contra el PSOE (en concreto, las causas contra Begoña Gómez, el hermano del presidente, el ex ministro Ábalos y el ex líder socialista Santos Cerdán, entre otras).

Una cadena que en ese instante, gracias a Cortés, terminaba por el momento ahí: en el mismísimo Supremo. Ante el juez que investigaba al (después condenado) Ábalos, el hombre que, durante años, lo había sido todo en el Partido Socialista y para el presidente, Pedro Sánchez.

El mando de la Guardia Civil representaba ahí, en las narices de Puente, otro papel muy simbólico. El poder Ejecutivo del Estado acudía al Judicial para, supuestamente, ajustar cuentas consigo mismo. Dos poderes, en su manifestación más patricia, cara a cara.

Antonio Cortés estaba allí como instructor de una «información reservada» sobre la Unidad Central Operativa de la Benemérita, la ya famosa -a su pesar- UCO.

No para participar al magistrado de las amenazas que se cernían sobre la unidad, que había detectado ya «maniobras» del entorno de Díez y del ex número 2 del PSOE Santos Cerdán para hundir su credibilidad. Maniobras que habían sido comunicadas por Información de la Guardia Civil (el 29 de abril) y por la propia UCO (el 5 de mayo) al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas.

Ni Llamas ni quien le había nombrado, la directora general, Mercedes González, habían hecho nada en esos días con ambas notas, aparte de darse por enterados. Pero sí habían hecho otras cosas. Exactamente en la dirección opuesta.

El 9 de mayo, pocos días después de la realización de aquellas notas en que la UCO detectaba que le intentaban segar la hierba bajo los pies, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se quejaba a Leire Díez de filtraciones en el procedimiento, y le escribía por WhatsApp: «Lo fuerte es que sea la UCO quien filtre, y sea juez y parte, todo a la vez». Leire contestaba: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO».

Un día después, EL MUNDO publicaba varios comprometedores whatsapps entre Pedro Sánchez y Ábalos, con el ex ministro cada vez más acuciado por las investigaciones en su derredor. No hacía falta ser Einstein para imaginar de dónde podían provenir los mensajes, y la UCO ni siquiera había intervenido aún móviles a Ábalos -no lo haría hasta exactamente un mes después-, pero Leire de nuevo propaló la especie que llevaba meses diseminando aquí y allá: la Guardia Civil estaba filtrando información contra el Gobierno. La Benemérita estaba haciendo política, quería un cambio en Moncloa.

El operativo que Leire y Santos Cerdán, sucesor de Ábalos junto al presidente, llevaban urdiendo desde años atrás se ponía en marcha. Un día más tarde, a las 9.16 horas, Mercedes González activaba el borrado automático cada 24 horas de sus whatsapps con Leire, y con ellos creía enterrar su vínculo con la fontanera. A las 11.30h, Llamas se reunía con Antonio Cortés en la cafetería de la dirección general, en Guzmán el Bueno (Madrid). Le preguntaba si se haría cargo del expediente a la propia UCO. Cortés accedía. Un guardia civil investigando, espuriamente como luego pudo olfatear intensamente el juez, a la élite de la Guardia Civil. González defendería más tarde que se trataba de algo «normal» dentro de la institución. En realidad, desde 2023 hasta hoy Llamas sólo ha abierto seis expedientes de este tipo. Tres de ellos, a la UCO.

Así que el 19 de mayo, dos semanas después de que la propia UCO detectara que una operación nacida desde el mismísimo corazón del PSOE intentaba socavarla, Antonio Cortés se presentaba -toc, toc- ante el juez Leopoldo Puente.

Las informaciones reservadas son procesos administrativos internos de Guardia Civil, pero cuando se cruzan en un procedimiento abierto por autoridad judicial mejor será hablarlo, debió de pensar el instructor antes de comunicar al magistrado su intención: poner proa a quienes llevaban en ese momento años investigando tanto al entorno del presidente -ex ministros, su mujer, su hermano-, como al propio PP y, ley obliga, todo lo que cualquier autoridad judicial le encomiende.

La respuesta de Puente, desde sus gafas habitualmente en la punta de la nariz y su barba cana, fue tan categórica que casi resuena desde entonces en cada rincón de los cuarteles de la Benemérita, un cuerpo finalmente militar, y en cuya alma el rol ejemplarizante de los mandos está grabado a fuego: «No autorizo ninguna apertura formal de algo así. Y le advierto de que, si siguen adelante, abriré diligencias contra usted y contra quien se lo ha encargado».

El Estado, en definitiva, se quedó en su sitio y le dijo no al otro Estado.

Cortés volvió por donde había venido y procedió a cerrar la información reservada justo una semana después, el 26 de mayo.

El magistrado Puente había estado en su lugar, como lo han estado durante los últimos años decenas de servidores públicos que han tenido que lidiar con los tentáculos, cuando no con los propios epicentros, de tramas corruptas de todo jaez, afectaran al partido al que afectaran.

El lector habrá escuchado y entonado unas cuantas veces la letanía en los últimos meses: el nivel freático de la corrupción parece disparado en la Administración y la política españolas, a veces hasta niveles informativamente insoportables.

Sin embargo, y aunque no lo parezca tanto, porque los medios no somos Mr. Wonderful, por cada manzana podrida que llena telediarios hay un ejército de funcionarios que nunca saldrá en las portadas, pero que sí ha estado en su lugar y ha resistido a los, digamos, malos. Este texto pretende recordar a algunos de ellos.

Los hay ya famosos, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, a quien se pretendía dibujar como gran inquisidor contra el Gobierno, pero que lleva unos cuantos lustros dedicado monacalmente a perseguir chorizos, sean de la acera que sean. Un ejemplo: en la Guardia Civil aún se acuerdan del año que Balas se tiró, hace más de una década, intentando probar que Rodrigo Rato se habría beneficiado de las privatizaciones que él mismo había impulsado desde el Gobierno, para que luego la Justicia se lo tirara por unas prescripciones que exigieron, usando un símil futbolístico, VAR.

Los hay anónimos, y deseosos de mantener ese anonimato, como el general de la Guardia Civil Alfonso López Malo, quien se opuso con la mayor de las serenidades a los manejos del DAO y la directora general, y a quien, por saberle en el bando de los incorruptibles, el Gobierno le llegó a tender una astuta trampa proponiéndole para un puesto internacional en Portugal, con el evidente objetivo de quitárselo de en medio... Y él se empleó a fondo para desmentir tal maniobra, en una exhibición de responsabilidad, de normalidad institucional y, finalmente, de sagacidad.

El caso del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, es evidente: defensor numantino de su independencia para dejar abierto el camino de los beneficios para Víctor de Aldama tras su colaboración con la Justicia, Luzón lleva décadas -acusó por ejemplo en el caso Roldán- dirigiendo las fuerzas del Estado contra corruptos. Fue por ejemplo fiscal, ya en 2000, del caso Fondos Reservados que afectó al PSOE, fundó Anticorrupción en 1995 y pasó a dirigirla en 2017, y se ha responsabilizado desde la jefatura de todas las causas duras contra el PP: Gürtel, Púnica, etcétera.

Pero los hay muy silenciosos. Los manejos, ya condenados, de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado para operar contra Isabel Díaz Ayuso en la figura de su pareja dejaron a la vista de todos el caso de la fiscal superior Adriana Lastra, quien afeó a su jefe haber filtrado información y ha pagado con su relevo... Pero también el del responsable de Comunicación de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, que se mantuvo en su lugar contra viento y marea, y a quien después sólo ha salvado del despido que la Comunidad de Madrid haya peleado por mantenerle.

Por supuesto, en tiempos de presunto lawfare -el palabro que pusieron en el mapa los secesionistas catalanes y del que han acabado colgados, tristemente, Moncloa y sus corifeos-, no pueden faltar aquí otros dos magistrados, José Calama y Santiago Pedraz, que después de larguísimas carreras (68 y 67 años, respectivamente) lidiando con malos de toda raigambre y condición, y sin color de camiseta ideológica ninguno tras mil lances, a estas alturas de la película han tenido que atarse los machos al milímetro para posar suavemente en la picota a poderosos como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (Calama) y el ex todo del PSOE Santos Cerdán (Pedraz en el caso Leire), con una delicadeza jurídica que devuelve la fe en la ley. Pero igualmente en su sitio, ni un milímetro a un lado ni a otro, han estado, por ejemplo, los funcionarios de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, que primero sufrieron cómo Eugenio Domínguez, después detenido, forzaba para favorecer desde el Ministerio a Forestalia, y después lo contaron todo ante la Guardia Civil para que se limpiara la casa.

Es decir: sí, hay manzanas podridas, se podría decir incluso que muchas. Pero también hay un Estado que funciona.Maltrecho y atacado, cautivo y desarmado, pero funciona. Contra viento y marea.

Y EN NAVARRA...

LORENZO SERENA. El del funcionario navarro Lorenzo Serena es uno de los casos más paradigmáticos vistos en los últimos años de pelea en inferioridad desde dentro de la Administración. Tras casi 30 años participando en mesas de contratación, Serena, un tipo callado y trabajador -se podría decir, según quienes le conocen, que un prototipo de funcionario 'friki' de lo administrativo-, quedó perplejo en 2024 cuando, como secretario de la mesa de adjudicación de la mayor obra de la región en 15 años, el desdoblamiento del túnel de Belate por 74 millones de euros, vio al presidente de la mesa cometer un rosario de irregularidades antes de que el contrato acabara en manos de una empresa sin experiencia de la que, además, había oído decir antes que todo estaba amañado a su favor. Serena se quejó primero por escrito al Parlamento Vasco, que se choteó de él y del interventor de la mesa en una de sus sesiones. Después escribió a la Oficina Antifraude navarra, empeñado en no tolerar desmanes. Fue expulsado a una nave, a las afueras de Pamplona, tratado como un proscrito... Y año y medio después, la UCO descubrió que la firma, Servinabar, tenía un dueño (al 45%) en la sombra, nada menos que Santos Cerdán. Sin heroísmos, piensa Serena, que sigue en su puesto, como durante los últimos 30 años.