El Consejo de Ministros relanza el escudo social tumbado en el decreto ómnibus pero separado del alza de pensiones y con cesiones a los socios, exonerando a los propietarios de una vivienda en alquiler de la prohibición de desahuciar a los inquilinos.
El Gobierno ha optado, finalmente, por trocear su malogrado decreto ómnibus, tumbado la pasada semana por el Parlamento, para asegurar la aprobación de la revalorización de las pensiones y tratar de mantener vivo el grueso del escudo social que había diseñado, aunque de forma separada y matizada para contentar a sus socios.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado de forma separada al alza de las pensiones un Real Decreto-ley de relanzamiento del escudo social que conlleva la prórroga de la prohibición de desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa habitacional.
La medida, que viene rigiendo desde la pandemia y según Sumar ha evitado dejar sin hogar a unas 60.000 familias, se modula, sin embargo, para tratar de asegurar el apoyo de PNV -con el que el Gobierno ha llegado un pacto esta misma mañana- y Junts.
En concreto, según ha detallado la ministra portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, el Gobierno ha aprobado la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de desahucios en hogares vulnerables sin alternativa habitacional con dos relevantes modificaciones.
En el caso de propietarios de tres o más viviendas, no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Además, las personas propietarias de una o dos viviendas, no se verán afectadas por la prórroga del veto, corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia.
Bono social y entregas a cuenta
Más allá, el nuevo decreto del escudo social incluye la extensión del bono social energético, así como la garantía de suministro de agua gas natural o energía eléctrica durante el año 2026. También se recuperan por esta vía los beneficios fiscales para afectados por la dana de Valencia de octubre de 2024 y los incendios del pasado verano.
Del mismo modo, el nuevo decreto permite al Gobierno recuperar la actualización de las entregas a cuenta y entidades locales para 2026, que se articularán como suplementos de crédito por valor de más de 3.000 millones de euros en el caso de las autonomías, y del mismo modo, por 3.800 millones, para las entidadeslocales.
Pacto con PNV, críticas de Podemos
El Gobierno afrontará ahora dos votaciones independientes a la hora de convalidar los decretos aprobados, al haber separado el alza de pensiones del escudo social. Aunque el gesto con los pequeños propietarios parece haberle granjeado el favor de PNV y Junts, está por ver que no le cueste los votos a la izquierda del Hemiciclo.
Así, la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "pacto criminal" el acuerdo entre Gobierno y PNV para exonerar de la prohibición de desahuciar a los pequeños propietarios.
Desde el Gobierno calculan que la cesión al PNV dejará sin la protección contra los desahucios a 10.000 de las 60.000 familias que habían visto suspendido su desalojo por impago del alquiler, manteniéndose la protección sobre otras 50.000.
Para Sumar, según ha detallado portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido una victoria haber logrado mantener la extensión del veto a los desahucios en el mismo decreto que el resto de medidas del escudo social, pese a las presiones recibidas en contra que hubieran complicado aún más su aprobación.
"Este Gobierno va a trabajar como ha hecho siempre", antes, durante y después del anuncio de las medidas, "para buscar los consenso necesarios para que vean la luz", ha comprometido la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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