El sistema necesita 52.990 millones de euros en transferencias, un 10% más que en el año anterior, además de un préstamo de 10.003 millones para hacer frente a los compromisos de pago en pensiones y demás prestaciones contributivas.
Una cuarta parte de todo el dinero destinado al pago de pensiones ya no sale de las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores sino que corresponde a inyecciones financieras procedentes del Presupuesto General, es decir, de los impuestos. Concretamente, el 24%de los ingresos con el que cuenta la Seguridad Social para hacer frente a los compromisos de pensiones y prestaciones contributivas.
En total, en 2025, se efectuaron transferencias al sistema de pensiones por valor de 52.990 millones de euros, lo que supone un 10% más que en el anterior y un incremento de 4.870 millones. Pero, además, a esta cifra se suma el préstamo preconcedido (se estableció en los Presupuestos de 2023 y se renueva con cada prórroga) que tiene la Seguridad Social por valor de 10.003 millones de euros, que también fue consumido en su totalidad en el pasado año para cubrir la financiación de pensiones y prestaciones contributivas, cuyo coste total ascendió a 240.169 millones en el pasado ejercicio.
En suma, además de los ingresos canónicamente habituales -las cotizaciones, que ascendieron en el pasado ejercicio a 176.918 millones de euros, un 6,8% más y un incremento de 11.41 millones- la inyección presupuestaria procedente de impuestos ascendió en el pasado ejercicio hasta los 62.993 millones de euros.
Cabe recordar que la reforma de pensiones y las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre fuentes de financiación del sistema han consagrado estas partidas como uno de los apéndices fundamentales para el equilibrio de las cuentas. De hecho, sin estas aportaciones externas el déficit de la Seguridad Social sería de algo más de 60.000 millones de euros, ocho veces más que el comunicado por el Ejecutivo -contabilizando todas las fuentes de financiación-, de 7.387 millones de euros. Esos 60.000 millones serían lo que se denomina como déficit contributivo del sistema.
Deuda de 136.000 millones
Esta asistencia financiera de la que precisa el sistema se remonta décadas atrás, si bien, en los años en los que gozaba de una mejor salud económica en términos contributivos, las cuantías apenas rozaban los 8.000 millones de euros (7.827 millones en 2005). Sin embargo, las estos flujos presupuestarios se han incrementado exponencialmente desde que el actual Gobierno retomó la senda de las revalorizaciones con el IPC, a partir de 2019. De hecho, entre 2005 y 2018, el aporte de transferencias se incrementó en 10.254 millones (un 131% más), mientras que entre 2018 y 2025 el aumento ha sido de 34.909 millones (+193%).
En este sentido, producto de la acumulación de pasivos financieros, los préstamos que concede el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Socia, la deuda de esta administración cerró el pasado año en 135.000 millones de euros, un 7.9% más que en 2024, según el Banco de España.
Con todo, desde el Gobierno vienen defendiendo que la aportación de ingresos tributarios al mix de remanentes de la Seguridad Social es una práctica ampliamente extendida entre los países del entorno comunitario. Esta necesidad aparece ante la imposibilidad de que los ingresos por cotizaciones cubran el gasto de las prestaciones contributivas. "El gasto en pensiones va a crecer un mínimo de 3,5 puntos de PIB (desde el 13% actual) . La aportación del Estado deberá superar los 7 puntos del PIB al año con el consiguiente efecto sobre la pérdida de renta disponible de las siguientes generaciones", señala el el investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, Miguel Ángel García Díaz.
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