Las defensas de Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas tildan la trama de «invención», respaldan el uso de fondos reservados para investigar a Bárcenas y piden la absolución para ambos
Regala esta noticia Añádenos en Google El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino. (R. C.) 23/07/2026 Actualizado a las 15:28h.El abogado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino se sumó este jueves a la estrategia seguida un día antes ... por la antigua cúpula del Ministerio del Interior para sostener que la 'Operación Kitchen' en realidad «no existe», calificándola de «invención» de la prensa o de una interpretación interesada del comisario Villarejo. Jorge Hernansanz defendió la absoluta legalidad de un despliegue que definió como una «operación de inteligencia» volcada exclusivamente en rastrear el patrimonio oculto y los posibles testaferros de Luis Bárcenas mediante la captación de su chófer. Asimismo, justificó el empleo de los fondos reservados para retribuir al confidente por tratarse de un procedimiento legal y secreto, rechazando que la maniobra requiriera autorización judicial al encontrarse únicamente en una fase de contraste de información.
Posteriormente tomó la palabra Antonio Alberca, letrado del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), Marcelino Martín Blas, para solicitar la absolución de su defendido al sostener que «no existe ningún documento» ni acta que demuestre que su cliente diera o recibiera orden alguna en el marco de la 'Kitchen'. La defensa rechazó de plano su implicación en los seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, o en los volcados de los dispositivos del extesorero, recalcando que durante el juicio se ha demostrado la «no participación» del mando policial. En este sentido, Alberca remarcó que tanto Fernández Díaz como Martínez y Pino desligaron a su representado del operativo, e hizo hincapié en la declaración de Villarejo, quien descartó la intervención de Martín Blas a pesar del evidente «grado de enemistad» que existía entre ambos.
El abogado cuestionó además el testimonio del comisario Jesús Vicente Galán y lanzó la hipótesis de que la orden para vigilar al entorno de Bárcenas pudiera haber sido dada directamente por Eugenio Pino. Pese a situar la responsabilidad en la cúpula operativa, la defensa de Martín Blas coincidió con el resto de los procesados al definir el rastreo patrimonial como una actuación «lícita» y lamentó que su cliente lleve años sin «poder disfrutar de los años de jubilación por la amenaza de la alta condena». Una situación de desgaste que el letrado contrapuso a la petición final de la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para el exjefe de Asuntos Internos dos años y medio de prisión por un delito de encubrimiento, frente a los 15 años que exige para Pino y la cúpula del Ministerio.
El resto de las exposiciones de las defensas de los mandos policiales encausados ha redundado en esa misma tesis, insistiendo en que las actuaciones investigadas respondieron al trabajo ordinario de respuesta ante informadores y confidentes. La estrategia compartida por el bloque defensivo ha buscado transformar lo que la Fiscalía y las acusaciones definen como una trama parapolicial en un despliegue operativo rutinario de la Policía Nacional, argumentando que no existió ni malversación de fondos públicos ni la intención de sustraer documentación comprometedora para el Partido Popular.
La vista oral encarará la próxima semana su tramo decisivo, a la espera de los informes finales de los seis acusados que todavía restan por intervenir. Las sesiones se reanudarán este próximo lunes para continuar en esta misma línea con las exposiciones de las defensas pendientes. Posteriormente, los procesados podrán ejercitar su derecho a la última palabra antes de que el tribunal de la Audiencia Nacional deje el juicio visto para sentencia y determine si los argumentos de absolución vertidos por los letrados logran desvirtuar las peticiones de hasta 15 años de prisión que reclama la Fiscalía Anticorrupción.
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