- El nuevo salario mínimo supera ya el 60% del sueldo medio en 46 provincias
- Análisis. El salario mínimo se ha convertido en el mayor lastre para el campo
- Editorial. El Gobierno, al choque con el salario mínimo
Sánchez y Díaz han convertido lo que era un suelo salarial en el salario más común en 46 provincias.
El intervencionismo del Gobierno en materia de salarios ha convertido el salario mínimo interprofesional (SMI) en la remuneración más común en 46 provincias, en las que supera el 60% del sueldo medio de los asalariados. Y en 23 de ellas representa ya un 70% del salario promedio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la principal impulsora del fuerte incremento de esta referencia salarial desde 2018, que ha pasado de 735,9 euros al mes aquel año a los 1.221 euros mensuales recién aprobados para este ejercicio, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, defiende que esta política supone "una victoria para la mayoría social".
Sin embargo, cabe cuestionar si es de verdad es progresista haber convertido, mediante reiterados aumentos del SMI por encima de la inflación, lo que debería ser un suelo retributivo que garantice que en España nadie cobra por su trabajo menos de un mínimo razonable en el salario más común para la mayoría de trabajadores en buena parte de las provincias. La respuesta es que no, porque, como alertaron en su informe los expertos designados por el Ministerio para elaborar la propuesta de subida para este año, el acelerado ritmo de subidas del SMI ha provocado la "anormal concentración" de trabajadores en una banda salarial en torno al salario mínimo.
Un efecto que se deriva de que las empresas, a diferencia de lo que sostiene el Ejecutivo de forma demagógica, no tienen capacidad para incrementar los sueldos a todos sus trabajadores, sobre todo las pymes, en las que el nuevo SMI equivale al 83% del salario medio. Más aún en un contexto en que también han aumentado considerablemente las cotizaciones sociales en los últimos años, como recordó el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi.
El fruto del intervencionismo salarial de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez es que los asalariados que percibían un sueldo ligeramente superior a la banda en que se ha movido el salario mínimo han visto cómo sus compañeros con menor formación y/o experiencia veían mejorado por decreto su salario mientras el suyo propio se ha mantenido congelado. Además de la más que cuestionable equidad de este reparto político de las subidas salariales, es evidente que los trabajadores "perjudicados" pierden todo incentivo a ser más productivos o a mejorar sus capacidades. Y eso en una economía con un gravísimo problema de productividad como es la española significa pan para hoy y hambre para mañana.
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