El empresario Víctor de Aldama, ayer, en la audiencia preliminar ante el Tribunal Supremo. Tres asientos a su izquierda, el exministro José Luis Ábalos y, tapándose la cara, Koldo García. Pool
Tribunales El fiscal abre la puerta a una mayor rebaja de la petición de pena a Aldama por colaborar, pero "no antes del juicio"Luzón y la acusación popular sostienen que el exministro Ábalos y su asistente Koldo García pretenden dilatar la causa al pedir que el Supremo la envíe a la Audiencia Nacional.
Más información: El exministro Ábalos y Koldo cuestionan al Supremo para juzgarles pero no logran parar la audiencia preliminar
María Peral Publicada 13 febrero 2026 02:51hLas claves nuevo Generado con IA
El Tribunal Supremo delibera si sigue el juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama o remite la causa a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos como diputado.
La Fiscalía Anticorrupción deja abierta la posibilidad de rebajar aún más la petición de pena para Aldama debido a su colaboración, pero solo tras el juicio oral.
Las defensas de Ábalos y García buscan que la causa pase a la Audiencia Nacional para ganar derechos procesales y posponer el proceso.
El testimonio de Aldama es clave para la acusación, que sostiene que Ábalos favoreció contratos de mascarillas a cambio de beneficios económicos.
La Sala Penal del Tribunal Supremo delibera desde ayer sobre el futuro de la primera causa por delitos de corrupción que afecta a quien fue miembro del Gobierno de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Siete magistrados deberán decidir si el procedimiento continúa hasta el juicio oral en el Tribunal Supremo, como piden la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular y la defensa del empresario Víctor de Aldama, o debe ser remitido a la Audiencia Nacional, según reclaman las defensas de Ábalos y de su antiguo asistente, Koldo García.
La tesis de las defensas es que, tras la renuncia de Ábalos al acta de diputado el pasado 28 de enero, ningún aforado sustenta ya la competencia del alto tribunal.
Y ello afecta a los derechos procesales no solo de Ábalos sino de los otros dos acusados que nunca han sido aforados: García y Aldama.
Ambos estarían siendo investigados en la Audiencia Nacional de no haber sido consideradas sus conductas inescindibles de la de Ábalos. Y todos ellos tendrían derecho a la doble instancia penal si el procedimiento estuviera en la AN.
Vídeo | Ábalos, Koldo y Aldama, juntos en la audiencia preliminar que se ha celebrado en el Tribunal Supremo
Los tres acusados estuvieron presentes en la audiencia preliminar celebrada ayer. Las defensas de Ábalos y Koldo no lograron suspenderla, pese a sus insistentes intentos: cuestionando la competencia del Supremo, pidiendo una consulta al Tribunal de Justicia de la UE que paralizaría sine die el procedimiento y con una recusación extemporánea que la Sala rechazó en 15 minutos.
Ábalos y García habían pedido seguir la audiencia mediante una videoconferencia en la cárcel de Soto del Real, en la que se encuentran desde el 27 de noviembre por "extremo riesgo de fuga".
El tribunal lo denegó porque la ley exige la presencia de los acusados en la audiencia preliminar.
Se produjo, así, la insólita imagen de un exministro en estrados escoltado por dos policías a su derecha y por otros dos a la izquierda de su exasistente. García trató de taparse la cara durante las tres horas y media que duró el acto jurisdiccional.
Tres asientos más allá estaba Aldama, con el que no cruzaron palabra. "El aforamiento no puede ser considerado una merma de garantías, sino un privilegio que aporta garantías: ser juzgado por magistrados del Tribunal Supremo", argumentó el abogado del empresario, José Antonio Choclán.
Aldama afronta este primer proceso con una perspectiva mucho más favorable que la de sus compañeros de banquillo.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares piden para él siete años de cárcel frente a los 24 años de Ábalos y los 19 años y medio de García (30 años de cárcel reclaman las acciones populares para ambos).
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó ayer la puerta abierta a una rebaja mayor de la petición de pena para Aldama en función del desarrollo del juicio.
"No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Aldama", aseguró Luzón. "Hay una confesión en la Audiencia Nacional no inducida por el Ministerio Fiscal y que no fue conocida en sus estrictos términos por el fiscal" con anterioridad, dijo.
"La Fiscalía se enteró de lo que iba diciendo Aldama en ese mismo acto. Ni es una declaración premiada ni nada relacionado con ello, sino que esa menor petición de pena es la que establece imperativamente el Código Penal", explicó.
"La discusión, añadió, "puede estar en si determinar la atenuante como muy cualificada o no. Pero no es oportuno antes de la celebración del juicio oral", señaló el representante del Ministerio Público.
"El valor de la declaración de Aldama lo decidirá esta Sala, si tiene peso y si está adverada por otros elementos probatorios. Pero es algo que deberemos ver en juicio", concluyó.
Fue la respuesta de Luzón a una anterior intervención de Choclán en la que el defensor había manifestado que "estamos conformes con los hechos del escrito de acusación, pero disentimos de las consecuencias jurídico-penales", es decir, con la petición de pena.
El testimonio de Aldama es crucial para la tesis del fiscal. El Ministerio Público sostiene que Ábalos, "aprovechando el cargo que ostentaba en el Gobierno y también en el PSOE" y "a cambio del correspondiente beneficio económico", favoreció la adjudicación de millonarios contratos de mascarillas a la empresa que Aldama indicó.
La estrategia de la dilación
Las acusaciones quieren que el procedimiento, que se refiere también a otros hechos que constituirían tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, continúe en el Tribunal Supremo, donde solo queda celebrar el juicio oral.
"Es mi obligación referirme a lo que hay detrás de la petición de una pérdida de competencia del Tribunal Supremo", manifestó Luzón durante la audiencia previa.
El fiscal advirtió de que, si la causa se envía a la Audiencia Nacional, "volvería a la fase de instrucción, a practicar numerosas diligencias, a determinarse la participación de otras personas, con recursos de toda clase... En definitiva, con toda la dilación que tendría".
Ese envío afectaría al derecho a un enjuiciamiento en un plazo razonable, argumentó.
En la misma línea, el abogado de la acusación popular, Alberto Durán, sostuvo que las defensas de Ábalos y García cuestionan la competencia del Supremo "por estrategia: quieren que nos vayamos a la Audiencia Nacional y pedir de inmediato la libertad" de los encausados.
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