Julio Iglesias, en una imagen de archivo./
Tribunales El fiscal dice que Julio Iglesias no ha sido "ni siquiera sospechoso" de agresión sexual para evitar darle la denunciaLas dos denunciantes, la Abogacía del Estado y la Fiscalía pierden el primer 'round' del contencioso por el acceso a la denuncia: el Juzgado admite tramitar el recurso del artista por la vía preferente de vulneración de derechos fundamentales.
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María Peral Publicada 4 abril 2026 03:04hLas claves nuevo Generado con IA
El cantante Julio Iglesias "no ha tenido ni siquiera la condición procesal de sospechoso" en las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras la denuncia de dos exempleadas domésticas, que le atribuyeron delitos trata de seres humanos con fines sexuales y de explotación laboral.
Así lo afirma el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en un escrito en el que utiliza ese argumento, entre otros, para impedir que el artista español más internacional acceda a la denuncia que le supuso un gran daño reputacional.
La denuncia de las dos extrabajadoras, la dominicana M.A.F. y la venezolana S.A.L., fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 23 de enero por falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de unos presuntos hechos que no fueron denunciados a los jueces de los lugares donde supuestamente se produjeron, en República Dominicana y Bahamas.
El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, pidió a la Fiscalía conocer la denuncia, sin lograrlo.
El pasado 2 de marzo interpuso un recurso contencioso-administrativo para que los tribunales obliguen a la Fiscalía a facilitarle una denuncia que no conoce el afectado, pero sí dos medios de comunicación, eldiario.es y Univisión, que la difundieron, "poniendo en marcha una campaña mediática de desprestigio contra el denunciado, que ha lesionado de modo irremediable su reputación y fama públicas", sostiene.
"Se deniega el derecho de acceso a una información disponible para el público a través de los medios de comunicación", se queja la defensa.
El recurso defiende que Iglesias tiene "derecho a conocer" si en las diligencias de investigación preprocesales de la Fiscalía "se han respetado las garantías básicas del ciudadano".
"Denegar el acceso a la denuncia impide conocer el relato de hechos [de la denuncia], que carecen de veracidad", señala el recurso.
"Reconociendo la ley penal el derecho a presentar una acción penal por delito de denuncia falsa, o por la simulación del delito, el denunciado debe poder tener acceso directo a la denuncia presentada contra él para determinar el alcance de la denuncia y, en su caso, solicitar la tutela judicial efectiva que en su caso corresponda ante los órganos de la jurisdicción penal, previo conocimiento oficial de la denuncia contra él formulada", argumenta.
La defensa sostiene que la negativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a facilitar la denuncia a quien tienen un "indudable interés legítimo" lesiona el derecho fundamental a la defensa y la tutela judicial efectiva porque "introduce obstáculos para el ejercicio legítimo del derecho de acción ante los Tribunales".
Las dos denunciantes se han personado en el procedimiento contencioso-administrativo a través de Women's Link Worldwide para oponerse a la propia admisión del recurso de Julio Iglesias.
Lo mismo ha sostenido la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Admitido a trámite
Pero la primera decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha sido favorable a la tramitación del recurso por la vía de protección de derechos fundamentales, que tiene carácter preferente.
En una resolución del 30 de marzo pasado, el Juzgado se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo para señalar que "basta con la invocación de uno de los derechos de los que sería titular el recurrente y la imputación de su infracción a la concreta actuación administrativa impugnada, junto con un mínimo razonamiento que enlace ese resultado con ella, para admitir el recurso".
El Juzgado no se pronuncia en esta resolución -anuncia que lo hará en sentencia- sobre otros motivos invocados por la Fiscalía, las denunciantes y la Abogacía del Estado para que se inadmita el recurso.
El más relevante es la falta de jurisdicción por no ser un acto administrativo el decreto de la Fiscalía que denegó a Julio Iglesias el acceso a la denuncia, alegan.
Para la defensa del artista, en cambio, en un Estado de Derecho no puede haber ninguna decisión de un órgano que afecte a la esfera de intereses legítimos de un ciudadano que escape al control judicial.
"Las resoluciones dictadas en las diligencias de investigación pre-procesal tienen la naturaleza de actos administrativos, que no tienen naturaleza jurisdiccional y que no pueden ser recurridas ante un órgano judicial distinto del contencioso-administrativo, al no dictarse en el seno de un procedimiento judicial, cuando han puesto fin a la vía administrativa. No hay ningún acto de un órgano de la Administración exento del control de legalidad por la jurisdicción", sostiene.