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Los expertos observan que el desembolso asociado a los procesos de incapacidad temporal se incrementa en un contexto de reducción del paro. Entre 2020 y 2025 aumentó en 6.500 millones.
Si el gasto en pensiones está agravando año tras año el déficit contributivo de la Seguridad Social, que según Fedea rebasa los 60.000 millones de euros -si se tienen en cuenta las clases pasivas del Estado-, el aumento exponencial del desembolso destinado a cubrir las prestaciones por incapacidad temporal (las bajas laborales) hacen inútil cualquier refuerzo de ingresos del sistema como los implantados en la última de reforma de pensiones para poder cubrir los compromisos de pago. Precisamente el peso creciente de gasto en incapacidad temporal sobre el total de los ingresos anuales por cotizaciones da cuenta de cómo la presión sobre la Seguridad Social no estriba únicamente la cobertura de las pensiones de los 9,4 millones de beneficiarios sino que las bajas se han convertido en un elemento que estrecha aún más el margen financiero del sistema.
Una medida de esta situación la ofrece el estudio publicado ayer por Fedea sobre La Seguridad Social, algo más que la pensión de jubilación en el que se observa cómo el peso del gasto en prestaciones por incapacidad temporal crece en términos absolutos (en 2025 se destinaron 18.413 millones de euros) pero también en términos relativos respecto a los ingresos por cotizaciones sociales. El pasado año, esta factura supuso el 10,4% del total de la recaudación de cuotas a empresarios y trabajadores, lo que supone el volumen más elevado de la serie histórica. Respecto a 2020 este porcentaje se ha incrementado en 0,5 puntos y en 4 puntos si se compara con hace tres lustros.
En todo caso, el estudio realizado por Octavio Granado, quien fuera secretario de Estado de Seguridad Social en dos etapas (2004-2011 y 2018-2020), ilustra claramente cómo en los últimos años el gasto asociado a esta partida se ha desbocado. Entre 2020 y 2025 el gasto se ha incrementado en algo más de 6.525 millones de euros, mientras que en los diez años previos el aumento fue de 5.155 millones.
En este punto, el estudio trae a colación una correlación que explica, en parte, la senda de los últimos años: a menor tasa de paro, mayor presión financiera por el gasto en prestaciones por incapacidad temporal, y viceversa. Así, en el quinquenio de 2010 a 2015, con tasas de paro de más del 20%, el gasto permaneció prácticamente plano entre 5.000 millones y 6.000 millones; mientras que entre 2020 y 2025 con la tasa decreciente (pasando del 16,1% al 9,9%), el gasto aumentó en algo más de 6.500 millones.
"Cuando el desempleo disminuye, la prestación por incapacidad temporal aumenta, y viceversa", explica el estudio argumentando que cuando la prestación es inferior por una base de cotización que no se corresponde con el 100% del rendimiento laboral (caso de los autónomos), el uso de la prestación es menor. Algo que ocurre "en todos los territorios, grupos de edad, sectores profesionales".
"Los representantes sindicales señalan que cuando los recortes de las plantillas amenazan los puestos de trabajo, la crisis destruye empleos y negocios, y el empleo es más que nunca un bien económico, escaso, hay trabajadores que acuden a trabajar en un estado de salud deficiente", señala Granado.
Cómo frenar el gasto
En este punto, el informe ofrece seis medidas concretas para frenar el aumento del gasto. En primer lugar, se plantea suprimir las disparidades de cálculo entre contingencias comunes, profesionales, mutualismo administrativo y Seguridad Social, estableciendo una tasa de reemplazo homogénea para todas las enfermedades. Además, recomienda explorar la medida que ya ha puesto sobre la mesa el Ministerio dirigido por Elma Saiz de reincorporación gradual y altas parciales mediante fórmulas que permitan compatibilizar la recuperación médica con la vuelta progresiva al trabajo en patologías compatibles, comenzando en los sectores donde exista acuerdo social.
Por otro lado, se plantea el control y rehabilitación en salud mental, una de las patologías que más han crecido en los últimos años, y que mayor tiempo de recuperación requiere. Aquí, se propone exigir que las bajas prolongadas por trastornos psíquicos pasen a supervisión especializada y cuenten con rehabilitación obligatoria -concertándola con las mutuas colaboradoras ante la saturación pública- para evitar la cronificación.
También se plantea la derivación de patologías musculoesqueléticas a las mutuas promoviendo los conciertos con los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Otro punto, que las organizaciones empresariales han puesto sobre la mesa es la revisión de los complementos salariales por baja que establecen muchos convenios. Fedea propone una sobrecotización para aquellas empresas y trabajadores cuyos convenios colectivos cubran íntegramente el salario durante la baja siempre que se demuestre un aumento anormal del absentismo frente a sectores comparables. Para evitar que la negociación colectiva traslade excesos de gasto al erario público.
Por último se plantea explorar la recolocación laboral frente a la expulsión del sistema trasladando a la enfermedad común los planes de adaptación de puesto propios de los accidentes laborales. En microempresas, por ejemplo, se propone sustituir pensiones de incapacidad permanente o bajas cronificadas por bonificaciones a la cotización para recolocación, evitando la retirada prematura del mercado laboral.
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