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El Ejecutivo trata de desbloquear este mes un nuevo decreto de vivienda, el registro horario, la financiación autonómica, el techo de gasto y prepara la última solicitud de los 'NextGen'.
A las puertas de las vacaciones políticas de agosto, y alargando el periodo de sesiones ordinario en el Congreso de los Diputados con dos plenos extraordinarios el pasado 14 de julio y el próximo jueves, día 23, el Gobierno mete en julio la sexta marcha en la carrera por desbloquear el apoyo de sus socios de investidura o, al menos, intentarlo.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la maraña de casos de corrupción y procesos judiciales abiertos en su entorno político y personal más cercano, así como las diferencias con Junts en áreas como la vivienda o la financiación autonómica, es más evidente que nunca cuando en el horizonte ya se vislumbra el superaño electoral de 2027. Antes de que termine el próximo curso político, que arrancará en septiembre, la mayoría de españoles votarán para elegir quién gobernará sus municipios; sus comunidades autónomas; y, en última instancia, el país.
Preparando la batalla electoral que llegará el próximo año, el Ejecutivo ha decidido adelantar a julio una amplia batería de medidas en varias áreas. A este vigor legislativo se suma asimismo la recta final de los fondos europeos, por lo que las próximas semanas dejarán una intensa actividad en el seno del Gobierno y del Parlamento.
Nuevo decreto de vivienda
El Gobierno también ha incluido en su agenda de julio la aprobación de un nuevo decreto de vivienda que recupera algunas de las medidas que el Congreso tumbó el pasado 28 de abril, como la prórroga automática de alquileres o subir al 21% el IVA de los pisos turísticos.
Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez explican que en esta ocasión el texto buscará el apoyo fundamental de Junts y el PNV, introduciendo bonificaciones fiscales para los propietarios y otras medidas que no estaban recogidas en el anterior decreto ley.
Previsiblemente, el Gobierno dejará atada la aprobación del decreto en uno de los dos Consejo de Ministros que restan de julio -los días 21 y 28- para llevarlo a la Cámara Baja con el comienzo del periodo ordinario de sesiones de septiembre.
Registro horario
En materia laboral, y tras la presión de los sindicatos al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, el Gobierno ha prometido aprobar este mismo mes el registro horario que los agentes sociales llevan años debatiendo y que cuenta con la oposición de la patronal. En principio, el Ejecutivo dejará para el último Consejo de Ministros del curso político, el del 28 de julio, su luz verde a la medida.
Objetivos de estabilidad
De todos modos, el primer paso en el intenso mes legislativo se dio a principios de mes, con la convocatoria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que el Gobierno amplió en un 4% el tope de gasto para las comunidades autónomas el próximo año, manteniendo en el 0,1% sus objetivos de déficit. Además, aprobó un techo de gasto récord de 226.000 millones de euros para 2027, un 6,6% más que este año pese a que el ejercicio que viene ya no se contará con los fondos europeos.
Aquí parece encontrarse uno de los puntos clave que podrían decidir la convocatoria de elecciones generales, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase que "tomará las decisiones" necesarias si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, para cuya elaboración la senda de estabilidad es fundamental.
Por el momento, el Congreso rechazó el martes la propuesta, aunque el Gobierno volverá a llevarla a la Cámara Baja el próximo jueves, 23 de julio. En caso de no conseguir una mayoría parlamentaria suficiente, no obstante, el Ejecutivo podría terminar aprobándola sin el poder legislativo, a tenor de un informe de la Abogacía del Estado que ya avaló esta posibilidad en 2024, señalando que "a falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad", siempre que "haya sido valorado favorablemente por el Consejo de la UE".
Financiación autonómica
El segundo de los grandes asuntos que el Gobierno busca solucionar antes del final del curso político es la reforma de la financiación autonómica. La pasada semana, el Ministerio de Hacienda que lidera Arcadi España presentó a las comunidades autónomas una propuesta prácticamente idéntica a la avanzada por su predecesora, María Jesús Montero, el pasado enero; y que cuenta con el rechazo frontal de todos los gobiernos regionales -incluyendo los del PSOE- a excepción de Cataluña.
El texto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, recoge un alza de cinco puntos en los ingresos que recibirían las comunidades a cuenta del IRPF, hasta el 55%; y de seis puntos y medio en el IVA, hasta el 56,5%. No obstante, múltiples regiones se quejan del nuevo cálculo de la población ajustada, y consideran que recibirían menos transferencias del Estado de las que les corresponderían según su tamaño.
Después de la reunión de un comité técnico el pasado martes, en el que volvió a escenificarse el desacuerdo, Hacienda reunirá de nuevo el 29 de julio al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde previsiblemente la propuesta será aprobada con el único apoyo de Cataluña, al contar el Gobierno con la mitad de los votos.
Fin de los 'Next Generation'
Fuera de la iniciativa legislativa del Gobierno en julio, el Ministerio de Economía también debe acelerar este mes en lo respectivo a los fondos europeos.
Después de la resolución del sexto pago, el departamento que lidera Carlos Cuerpo presentará "inminentemente" una adenda para justificar el cumplimiento de tres hitos -cuyos correspondientes desembolsos se encuentran retenidos- pendientes.
Además, el resto de compromisos deberán cumplirse antes del 31 de agosto para optar a la solicitud del séptimo pago en septiembre.
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