«Yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte», dice el ministro de Justicia
Regala esta noticia Añádenos en Google El ministro Félix Bolaños este miércoles. (EFE)Madrid
01/07/2026 a las 14:01h.El Gobierno cree que Alberto Núñez Feijóo está preparando el terreno para sembrar dudas sobre la limpieza de las próximas elecciones generales. Así lo planteó ... este miércoles Félix Bolaños en respuesta a la ofensiva que PP y Vox mantienen contra la ley de nietos por la que el líder de la oposición acusó a Pedro Sánchez de hacer «ingeniería electoral» y Santiago Abascal de cocinar un «golpe de Estado diferido». El argumento de fondo de PP y Vox es que el aumento del censo exterior producido por esa norma —en vigor desde 2022 y que reconoce la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados de la guerra civil y la dictadura— puede estar orientado, o al menos tener el efecto, de favorecer electoralmente al PSOE.
El también titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes acusó además a Feijóo de estar sometido a la «derecha salvaje» de Vox y recordó que él mismo defendió en la campaña de 2023 la misma disposición legal que ahora cuestiona y que reconoce el derecho a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que, por exiliarse a causa de sus ideas políticas, religiosas o de su orientación sexual, perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad.
Sobre Vox, Bolaños fue más allá de la disputa sobre el censo y trasladó el debate al terreno de los derechos: «Vox está pidiendo suprimir la democracia a millones de españoles, en concreto a todos los que no viven en España. Esto es peligrosísimo», dijo, en referencia a las propuestas del partido de eliminar el voto exterior. «Imagino que es el primer paso para suprimir el voto a todo el mundo, que será su sueño, pero España es una democracia».
En el otro gran asunto jurídico de la semana, la regularización extraordinaria de migrantes, sobre la que que el Tribunal Supremo se plantea elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, Bolaños mandó un mensaje de tranquilidad a los posibles afectados y defendió que el proceso de regularización en ningún caso se suspendería por esa eventual consulta, pero evitó entrar en qué ocurriría si el tribunal de Luxemburgo encontrara en última instancia motivos para cuestionar el fondo de la norma.
Sobre las 400.000 personas que, según cifras policiales difundidas estos días, habrían llegado a España atraídas por el proceso, el ministro no negó el dato pero acotó su alcance y recordó que solo pueden acogerse quienes ya residían en España antes de la fecha de corte fijada en el decreto, de modo que cualquier llegada posterior queda automáticamente fuera, sea cual sea el motivo.
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