- MIGUEL Á. PATIÑO
- El Gobierno dispara el alcance del escudo anti-opas al intervenir en 147 operaciones
- El 'caso Talgo' conduce a otra prórroga en el escudo anti-opas del Gobierno
Tras seis años de blindaje en grupos estratégicos, y a pocos meses de que desaparezca esa ley, el balance es dual. El muro crea ruido y asusta, pero es permeable.
El Gobierno ha cribado más de 1.600 operaciones desde finales de 2020, cuando se levantaron medidas contra inversores foráneos no deseados en España. En concreto, ha sometido a examen 1.608 operaciones hasta diciembre el pasado año, según un análisis realizado por EXPANSIÓN. Prácticamente ha cribado una cada día y medio.
En 2025, según los últimos datos publicados, el afán protector del Gobierno hacia sectores clave se exacerbó. Sometió a autorización 196 solicitudes, un récord que demuestran dos cosas. Por un lado, el creciente interés de los inversores extranjeros por aumentar su presencia en España vía compras de empresas. Por otro, el creciente celo del Gobierno hacia los sectores considerados estratégicos.
Dentro de esta dinámica también se ha producido un cambio. Las empresas energéticas -tradicionalmente la gran joya a proteger- han pasado a un segundo plano. En 2025, supusieron el 9% de las operaciones, frente al 20% de 2024, cuando coparon el listado. La energía ha sido eclipsada por la tecnología, que acapara ahora entre el 17% y el 18% de las operaciones.
De las 1.608 operaciones examinadas desde 2020, en 486 el Gobierno determinó que requerían autorización. Pero dentro de esas 486, finalmente a la mayoría (386) se les concedió permiso sin condiciones. Sólo en 45 el Gobierno ha impuesto alguna condición y sólo dos han sido denegadas. La mayor parte de los expedientes se refieren a empresas poco conocidas más allá de su ámbito sectorial.
De STC a Three Gorges
Sin embargo, ha habido casos sensibles, por afectar a grandes empresas o compañías del Ibex importantes desde el punto de vista estratégico, o por los recelos hacia el inversor. Es el caso de la irrupción del grupo estatal saudí STC en Telefónica o la compra por parte del gigante chino Three Gorges de activos de renovables, como Mula, la mayor planta fotovoltaica en España, a Qualitas Energy. A veces, una misma empresa ha tenido que verse sometida a escrutinio dos veces. Es el caso de Naturgy. Primero, cuando irrumpió el fondo australiano IFM en su accionariado con una opa parcial. Y más tarde cuando BlackRock se convirtió en accionista destacado tras adquirir GIP.
Emiratos, tres veces
Masdar, el grupo de Emiratos, es el que más veces ha tenido que pasar bajo la lupa del Gobierno: dos veces por adquirir activos a Endesa y otra por comprar Saeta Yield. El órgano administrativo que hace la cribas es la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex). Aunque es interministerial, depende del Ministerio de Economía. La norma que regula sus funciones, a la que se ha bautizado como escudo anti-opas ha ido extendiendo su vigencia hasta diciembre de 2026.
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