El Gobierno prepara un nuevo real decreto para establecer los requisitos mínimos que deben cumplir todos los colegios e institutos. La otra vez que lo intentó, hace cuatro años, se generó mucha polémica porque las exigencias iban a abocar al cierre a muchos centros privados extranjeros. Las embajadas se quejaron y la entonces ministra, Pilar Alegría, optó por eludir el conflicto y guardar la norma en un cajón. Ahora su sucesora, Milagros Tolón, vuelve a intentarlo, incorporando dos nuevas realidades sociales: el cambio demográfico y el cambio climático.
El borrador, al que ha tenido acceso EL MUNDO, persigue aumentar «la igualdad de oportunidades» en el ámbito rural, preservando las escuelas de la España vacía. Hasta hora, la decisión de mantener o cerrar un colegio rural dependía casi de forma exclusiva de ratios numéricas. Por ejemplo, un centro tiene que tener un mínimo de tres o cuatros estudiantes matriculados para seguir abierto. Si no, se cierra. Y cada gobierno regional fija sus ratios.
El nuevo real decreto, que viene a modificar uno de hace 26 años (el 132/2010), propone introducir un nuevo estándar de valoración que va más allá de criterios cuantitativos. Añade unos nuevos «criterios cualitativos» que deberán aplicar las CCAA y que, según el texto, deben medir los «beneficios» que las escuelas aportan a sus territorios.
Entre esos criterios que deben evaluarse ahora está «la conservación del patrimonio lingüístico e inmaterial propio». En otras palabras, en un contexto de caída de la población que provoca cierre de unidades y competitividad entre los centros, tendrán más posibilidades de permanecer abiertas aquellas escuelas donde profesores y alumnos utilicen una lengua cooficial.
La "lengua propia"
Se da la circunstancia de que el nacionalismo catalán prefieren hablar de «lengua propia» de aprendizaje en vez de «lengua cooficial», porque «lengua cooficial» implica reconocer que hay dos lenguas en la escuela. Cataluña sistemáticamente incumple la orden judicial de que se imparta el 25% de las asignaturas en castellano. Todas las materias, menos Lengua Castellana, son en catalán, aunque luego los alumnos no usan tanto esta lengua fuera de la escuela.
Además de «la conservación del patrimonio lingüístico e inmaterial propio», hay otros criterios que las CCAA deberán tener en cuenta para evaluar a los colegios rurales: «la conservación de tradiciones populares», «el enriquecimiento y dinamización cultural de las poblaciones», «el cuidado del entorno natural», «la contribución al incremento de la cohesión social y la diversidad generacional» y «la permanencia de la población en estos territorios».
El borrador del real decreto también indica que las comunidades autónomas tendrán que dar medios a estos colegios para atender a sus necesidades; por ejemplo, recursos humanos y digitales «suficientes».
Igualmente contempla adaptar los colegios a las nuevas circunstancias climáticas. Todos los centros educativos -rurales y metropolitanos- de segundo de Infantil, Primaria y la ESO deberán atender a la organización de sus actividades «según los principios de la cultura de la sostenibilidad ambiental», así como relacionarse «con su medio natural en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno», según el borrador.
Además, deberán adecuar la climatización «para el confort térmico con criterios de eficiencia energética» y adaptarse a «las consecuencias del cambio climático». Para ello, deberán contar con protocolos ante fenómenos de temperaturas extremas, entre los que se incluirán indicaciones sobre la reorganización de tiempos o espacios y la reducción de actividades físicas o en el exterior.