Pedro Sánchez en el anuncio del paquete de ayudas a los afectados por la dana. Rober Solsona / EP
Reconstruir Valencia El Gobierno cae en su trampa con las ayudas de la dana: infló la cifra con 5.000M€ en avales de los que solo ha dado 769Año y medio después de la tragedia, el Ejecutivo ha dispuesto 9.451 millones. Tan solo 2.784 son ayudas directas.
Más información: Las ayudas de la dana concedidas por el Gobierno y la Generalitat están exentas de tributar en la Renta de 2025
Marta GozalboDani Valero Publicada 29 abril 2026 02:46hUn año y medio después de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 fallecidos y provocó daños materiales superiores a 17.800 millones de euros, el Gobierno central solo ha ejecutado el 57% del total de los 16.600 millones anunciados como "recursos movilizados" para los afectados.
Un paquete de ayudas que difícilmente podrá llegar a ejecutarse en su totalidad. No en vano, el Gobierno optó por incluir dentro del volumen total de ayudas el programa de avales del ICO, dotado con hasta 5.000 millones de euros.
Y aunque el montante elevó de forma significativa la cifra global anunciada -representa cerca de un tercio del total de los millones prometidos a los damnificados-, esa misma inclusión ha acabado condicionando el grado de ejecución del plan, ya que, un año y medio después, apenas se han concedido avales por 769 millones.
El Gobierno autoriza los 1.300 millones de euros del crédito dana y pide a la oposición que lo convalide en el CongresoLa cifra representa en torno al 15% de esos avales, lo que lastra el cumplimiento efectivo de las ayudas comprometidas.
Según figura en la web Info dana habilitada por Moncloa, apenas se han realizado 3.470 operaciones del programa, que a priori se diseñó para estar disponible hasta diciembre de 2040 y buscaba ofrecer liquidez a los afectados.
Fuentes del ICO explican a EL ESPAÑOL que los 5.000 millones fueron "el límite que se acordó como tope para la concesión de avales" para lanzar un mensaje claro a las empresas de que "la liquidez no iba a ser un problema" para la recuperación del territorio. En definitiva, fue una suerte de "tope" fijado para tener cierto margen a la hora de conceder los avales.
"Utilizamos como referencia el importe de avales COVID que se utilizaron en toda la provincia, aún sabiendo que la zona afectada representaba en torno al 35%", reconocen tras defender que "el Gobierno hizo lo que debía hacer".
En efecto, la decisión del ICO de prever hasta 5.000 millones en avales admite pocos reproches. El problema es estético, ya que el Gobierno de España, sumando esa cifra, repitió hasta la saciedad que eran 16.600 los millones movilizados.
La consecuencia ahora es que 7.149 millones figuran como no movilizados. Y de estos, 4.231 corresponden, efectivamente a los avales del ICO no brindados y que, 18 meses después de la tragedia, difícilmente se concederán.
En este contexto, conviene apuntar que desde que ocurriera la catástrofe, el Gobierno y la Generalitat protagonizaron una guerra de cifras a cuenta de las inversiones para la recuperación del territorio.
La propia delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, llegó a advertir que el 90% del dinero repartido entre los damnificados procedía del Estado, lo que evidenciaba, a su juicio, que era el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que "lideraba" la reconstrucción y no la administración autonómica.
Indemnizaciones del Consorcio
Además de los avales ICO, el Gobierno incluyó dentro de los 16.600 millones las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros, que ascienden a 4.432 millones de los 9.451 ejecutados.
Estas indemnizaciones se financian con los fondos acumulados por el Estado a través de las primas que los asegurados han ido pagando. Por tanto, su abono responde a una obligación del Gobierno de España.
Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas, por lo que tampoco estas compensaciones constituyen en realidad ayudas directas del Gobierno.
Se trata de compensaciones gestionadas por la entidad encargada de los seguros agrarios y en nombre de las entidades aseguradoras. En este caso, suponen 52,3 millones de euros.
En el cómputo total de las ayudas y subvenciones entregadas, el Gobierno también suma los 1.745 millones de euros transferidos a las arcas de los ayuntamientos para que ejecuten las obras de rehabilitación de las infraestructuras dañadas.
Unos fondos que, si bien sí se destinarán a la reconstrucción, no se pueden considerar ayudas directas a los afectados porque no irán a sus bolsillos o directamente a reacondicionar sus viviendas o compra de vehículos o enseres dañados.
Los alcaldes de los municipios criticaron en su momento que este dinero no fuera acompañado de un refuerzo de personal que les asistiera a la hora de ejecutar proyectos de reconstrucción: elaboración de memorias, licitaciones, etcétera. Y alertaron del peligro de no poder ejecutar las ayudas.
Con el tiempo, se han producido avances y la mayoría han recurrido a Tragsa para realizar las memorias de los proyectos. Algunos pueblos se encuentran más avanzados que otros en las obras de reconstrucción, como Utiel, Picanya o Paiporta. Pero el ritmo de recuperación todavía preocupa a los primeros ediles.
En este sentido, de hecho, la Cámara de Contratistas ha advertido en las últimas semanas que tan solo un 5% de estos fondos han podido ejecutarse, lo que representa apenas 87 millones de euros.
Junto a estas ayudas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha incluido como ayudas ejecutadas y dirigidas a los damnificados los 437,8 millones de euros destinados a la reparación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.
En total, suman 6.667,1 millones de euros de los 9.451 ejecutados. Por lo que tan solo 2.783,9 millones se podrían considerar ayudas directas, un 29,4% de lo abonado y un 16,7% respecto del total de ayudas prometidas a los afectados por la riada.
El portal infoDANA
A lo largo de estos meses, el Ejecutivo ha variado la forma de ofrecer la información sobre el ritmo de ejecución de estas ayudas a través de su portal infoDANA. A modo de ejemplo, en el apartado de ayudas directas para paliar daños personales y materiales en vivienda y enseres, refleja el número de solicitudes registradas (41.678) y el dinero repartido 249,8 millones de euros.
Sin embargo, no consta cuántas de las solicitudes se han resuelto, por lo que resulta imposible conocer el importe que se abona a cada damnificado o el porcentaje ejecutado. Durante los primeros meses tras la tragedia, por el contrario, sí aparecía la información desglosada.
Lo mismo ocurre con las ayudas directas a empresas y autónomos. En este caso, se ofrecen las cifras de cuántas solicitudes hay resueltas con orden de pago (26.943) y el importe total pagado (347 millones), pero no es posible verificar cuántas peticiones hay registradas actualmente y pendiente de resolución.
Las ayudas de la Generalitat
Por lo que respecta a la Comunitat, la Generalitat Valenciana también activó ayudas a los afectados por la dana, aunque el montante global fue más bajo dado su menor músculo financiero. La forma de ofrecer la información a lo largo de estos meses, en su caso, también ha variado y no siempre ha estado disponible para consultar el ritmo de ejecución que ha llevado la administración autonómica.
De hecho, esta ha sido una de las principales críticas de la oposición: que actualizaban los datos a través del portal de GVA donde se especificaban las ayudas entregadas a las familias, pero no incluían el montante global o porcentaje respecto del total. En definitiva, que la información era incompleta y, como oposición, no podían fiscalizar al gobierno autonómico.
En cualquier caso, la información ofrecida por cada administración es distinta, por lo que dificulta la comparativa real entre ambas.
Pese a ello, las últimas cifras ofrecidas por la Generalitat Valenciana reflejan que 31.224 hogares han recibido ya las ayudas de primera necesidad (6.000 euros). Por este concepto, el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha ejecutado ya 245,2 millones de euros.
Por lo que respecta a la ayuda para adquirir un vehículo, la cifra supera los 332 millones de euros. La Generalitat Valenciana contempló inicialmente un presupuesto de 180 millones de euros, ya ejecutados al 100%. Ante el éxito de la convocatoria, realizó una segunda fase, de otros 36 millones.
La cuantía, sin embargo, se vio incrementada a principios de septiembre por la ampliación del paquete de ayudas en 350 millones de euros, que se distribuirían entre familias, propietarios de vehículos, autónomos y afectados por Ertes.
En total, según los datos del ejecutivo valenciano, 85.668 personas se han podido beneficiar de esta medida. Ello supone que cada afectado habría recibido en torno a 3.875 euros por la pérdida de su vehículo o para adquirir uno nuevo.