El Gobierno anunció en enero la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. La previsión es que comenzase a principios de abril y terminara el 30 de junio, pero el Consejo de Ministros aún no ha aprobado la norma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene que están "dentro del calendario previsto" y lanza un mensaje para calmar posibles temores en el seno de la UE, ante el hecho de que se vea como un efecto llamada o las personas regularizadas puedan viajar a otros países: "La regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España", acota el Gobierno.
El comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, en declaraciones a este diario, ha puesto voz a un principio que impera en el seno de la Unión Europa ahora que se aproxima el calendario para la regularización masiva -las cifras prevén en torno a 500.000 o más migrantes-: "Un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. Si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España".
Esta norma opera en el seno de la UE ya que una regularización "no es un cheque en blanco " para desplazarse por el interior de la Unión Europea. En los planes de regularización que pongan en marcha los países siempre está presente que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro, éste será regresado al país donde se le otorgó el permiso. "El propio comisario ha establecido que esto afecta a la legislación de cada país, que es soberano. Esto afecta a la decisión de trabajar en nuestro país. Eso es lo que se deduce de las palabras del comisario", ha explicado Saiz.
Fuentes del Ejecutivo no consideran que la regularización pueda convertirse en un incentivo para desplazarse a otro país, ya que los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para trabajar únicamente en España no en otro país socio de la UE. Una advertencia que el Gobierno ya hizo en enero de este año: la admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España.
El proceso de regularización se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.
España acomete esta decisión en un contexto en el que la UE ha endurecido su posición sobre la migración. A finales del año pasado, los países de la UE llegaron a un acuerdo sobre el Reglamento de Retorno encaminado a acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno de las personas en situación irregular en los Estados miembros. El reglamento también prevé la creación de centros en el extranjero para devolver a migrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario.
Ese endurecimento lo representan países como Finlandia. Hace sólo unos días, su ministra de Interior, Mari Rantanen, se mostró contraria a la decisión de España de emprender esta regularización masiva. "Yo nunca sugeriría actos como ése", dijo al programa de entrevistas de Euronews 12 Minutos with. "Cuando estamos en un espacio común, el espacio Schengen, esa Europa en equipo de la que se habla, creo que existe un alto riesgo cuando algunos países hacen básicamente todo lo contrario que los demás".