- M. F. Bilbao
- El Gobierno vasco logra el traspaso de las prestaciones de paro
- Pradales a Sánchez: "Hay que cumplir los compromisos adquiridos"
El País Vasco gestionará las prestaciones de paro, y se hará cargo de la treintena de oficinas del Sepe y de sus más de 500 empleados en la comunidad. El traspaso, tras meses de divergencias, se firma este viernes, junto a otras 4 transferencias.
Los gobiernos central y vasco van a sellar este viernes la cesión de 5 nuevas competencias a Euskadi, un acuerdo alcanzado a última hora y tras varias semanas de avisos de dirigentes del PNV y del Ejecutivo autonómico sobre los efectos negativos en el apoyo nacionalista a Pedro Sánchez si se producían nuevos retrasos.
Desde Lakua (sede del Gobierno vasco en Vitoria) se ha pedido en los últimos días al presidente del Ejecutivo español que "ponga orden en su casa", y se ha apuntado al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, como principal obstáculo para concretar los traspasos.
Las amenazas más o menos veladas de los nacionalistas a Pedro Sánchez han aumentado también la tensión política entre PNV y PSE, aliados en las principales instituciones vascas: Gobierno y Diputaciones forales.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtió esta semana de que si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumplía con lo que está firmado y acordado, las relaciones y la actitud de su partido con el Ejecutivo central "evidentemente van a cambiar".
Ante esta amenaza, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, dejó claro que si la confianza con el PNV se quiebra "estaríamos ante un nuevo escenario en España, pero también en Euskadi".
La cita de este viernes entre Madrid y Vitoria estaba en el aire por las discrepancias que separan a ambas partes, sobre todo "detalles técnicos" en materias vinculadas con la Seguridad Social, y que obligaron haca un mes a aplazar una reunión ya prevista.
Finalmente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la consejera vasca de Gobernanza, María Ubarretxena, encabezan este viernes en Madrid la comisión mixta de Transferencias, tras conversaciones in extremis entre el lehendakari, Imanol Pradales; varios ministros, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según diversas fuentes.
En este encuentro se cerrará el traspaso de las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares no contributivas y ayudas por nacimiento y cuidado de menores; el seguro escolar, salvamento marítimo; y seguridad y salud en el trabajo con la cesión del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).
La portavoz y consejera de Gobernanza vasca ha explicado que las mayores fricciones han estado en la financiación de las 5 transferencias. Previsiblemente, la fórmula acordada -que se detallará tras la comisión- será la financiación vía Cupo, de acuerdo con el Concierto Económico.
La transferencia más polémica es la gestión de las prestaciones de desempleo, que implicará el traspaso de las 30 oficinas en Euskadi del servicio de empleo estatal Sepes, así como de sus 534 empleados.
La cesión supondrá que pasa al Gobierno vasco la administración de unos 822 millones de euros anuales. La capacidad normativa seguirá en manos de las instituciones españolas.
Los 5 traspasos dejan aún en el aire una quincena de competencias pendientes, pese al compromiso entre PNV y PSOE para que las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika se cerraran ya en 2025, que figuraba en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.
Entre los asuntos pendientes está la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un tema que levanta ampollas en muchos ámbitos; así como la gestión de los aeropuertos vascos y de los puertos de Bilbao y Pasaia.
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