Aragón aumenta la presión en su guerra particular contra el Ejecutivo central en materia migratoria y presentará un recurso ante el Tribunal Supremo sobre el real decreto aprobado para organizar el reparto de menores migrantes en las diferentes comunidades autónomas del país. Los vicepresidentes autonómicos, Mar Vaquero y Alejandro Nolasco, en muestra de la unidad que PP y Vox mantienen en esta cruzada, han anunciado esta medida, que el Gobierno autonómico toma con la intención evitar añadir a 476 menores no acompañados en su sistema de acogida, colapsado desde hace meses.
El Ejecutivo que lidera Jorge Azcón pretende conseguir la "suspensión cautelar" de esta norma para que "no pueda existir efecto alguno mientras se determina sobre su legalidad". Para ello, los servicios jurídicos de la administración autonómica, sostiene que el escrito presenta "una larga lista de irregularidades" en su contenido: "invade competencias autonómicas [...], pisotea el principio de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas e incumple el acuerdo en vigor entre España y Marruecos, firmado el 6 de marco de 2007, que obliga a España a devolver, de forma urgente, a todo menor que cruza ilegalmente la frontera a la familia o al Estado de Marruecos", ha enumerado el vicepresidente, Alejandro Nolasco, durante su intervención.
Vaquero, por su parte, ha señalado que "el real decreto del mes de junio es una ampliación del real decreto de 2025 que ya en su día recurrimos" y considera que, con su aprobación, "el Gobierno de España vuelve a repetir el patrón respecto a la total falta de respecto a las competencias de la comunidad autónoma, la decisión unilateral, el reparto forzoso, sin ningún tipo de criterio que podamos entender argumentado". De este modo, ambos han coincidido en denunciar la "instrumentalización" que, a su parecer, el Gobierno de Sánchez hace sobre la inmigración.
"Es un real decreto, como digo, que en la práctica favorece a las mafias que hacen negocio con esa inmigración ilegal. Un real decreto que en la práctica utiliza a los menores inmigrantes para pisotear el estado de derecho y un real decreto que es un compendio de ilegalidad cometida por un gobierno que ha hecho de la ilegalidad, de la inmoralidad, de la corrupción y de la religión y su razón de ser", ha sentenciado Nolasco.
El Gobierno de Aragón presentará este recurso de forma "inminente", situándose junto a las comunidades autónomas que ya hicieron lo propio, y apurando los plazos para hacerlo. Activará esta medida con los centros de menores "totalmente sobrepasados", aunque no ninguno de los dos representantes autonómicos ha sido capaz de dar una cifra concreta sobre la cantidad de personas acogidas en los mismos.