Los ministros Torres y Puente, este martes en la sala de prensa del Consejo de Ministros. Diego Radamés Europa Press
Política El Gobierno defenderá frente al Tribunal Supremo que todos los 'emigrantes económicos' en los 40 y 50 eran exiliados políticosEl Ejecutivo augura el colapso del sistema consular al tener que revisar todos los expedientes y ve gran dificultad para acreditar el "exilio ideológico".
Más información:El TS ve un "peligro serio" de que la limpieza del proceso electoral se vea afectada "gravemente" si no suspende la 'ley de nietos'
Fernando Garea Publicada 16 septiembre 2026 05:00h Las claves Síguenos Las claves Generado con IAEl Gobierno está dispuesto a dar la batalla pública frente al Tribunal Supremo.
Y es que da por hecho que el alto tribunal convertirá en definitiva la suspensión cautelar de la aplicación de la llamada ley de nietos.
La norma se ve afectada en lo que se refiere a la extensión de la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de quienes, tras la Guerra Civil, abandonaron el país por motivos diferentes a la persecución política.
La ley de Memoria Democrática incluye un artículo sobre los exiliados por motivos ideológicos que fue posteriormente desarrollado por el Ministerio de Justicia con una instrucción que elimina el requisito de la persecución.
En la práctica, ese cambio supone dar condición de perseguido político a todos los que salieron de España en aquellos años.
El Supremo deja en suspenso la inscripción en el censo electoral de los acogidos a la 'ley de nietos' salvo que acrediten el exilioLa semana pasada, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo suspendió cautelarmente la inscripción en el censo electoral de las personas que hayan obtenido la nacionalidad en función de esa instrucción.
Y el lunes, la Junta Electoral ordenó la aplicación de la suspensión, pese a que la mitad de sus miembros (magistrados y catedráticos) cuestionaron la decisión de Supremo por considerar que supone provocar un enorme "caos".
Así lo creen también fuentes del Gobierno, ya que esa medida supone revisar, uno por uno, los expedientes de las más de 500.000 solicitudes que ya han sido tramitadas y empezar a expurgar las que acreditan ser descendientes de exiliados ideológicos y las que no, porque la instrucción de Justicia no lo exigía.
Fuentes del Gobierno aseguran que el sistema consular que ya estaba de por sí colapsado corre ahora el riesgo del bloqueo definitivo.
Entienden además que hay dificultades notables para acreditar el "exilio ideológico". Por eso defienden frente al Supremo que todos los emigrantes económicos en los años 30, 40 y 50 eran exiliados políticos.
Cuando la Ley de Memoria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio la nacionalidad a los hijos de los exiliados hubo una instrucción igual, que en la práctica ampliaba ese derecho a la emigración por motivos económicos. Esa situación se mantuvo con el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018.
Pulso político
Además, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recordó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las repetidas ocasiones en las que Alberto Núñez Feijóo y el PP pidieron que exiliados y emigrantes fueran incluidos en la ley de nieto para acceder a la nacionalidad española y, por tanto, el derecho a voto.
El Gobierno considera que la decisión del Supremo es un pulso político a Pedro Sánchez y entiende que el hecho de que la votación en la Sala Tercera fuera de cinco magistrados a favor de la suspensión cautelar contra uno en contra hace suponer cuál será la resolución final.
Entienden que es más controvertida incluso la suspensión cautelar decretada, porque su aplicación es tan complicada que no tendría sentido que fuera sólo una decisión temporal.
La tesis del Gobierno es que es imposible saber cómo afectaría en el censo la aplicación plena de la ley de nietos, porque no es posible saber el sentido de esos votos.
Torres también respondió a la tesis del Supremo asegurando que se adulteraría el resultado porque, según dijo, también se adulteraría si se les excluye.
La posición del Gobierno contra la resolución va mucho más allá de la crítica y, en la solemnidad de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hubo descalificaciones hacia el tribunal.
Por ejemplo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que presentaba un acuerdo referido a su departamento pidió intervenir para asegurar que Antonio Narváez, ponente en el Supremo de esa resolución, participó en una reunión con Feijóo en la que mostró su deseo de que el PP gane las elecciones. Según Puente, eso no garantiza la apariencia de imparcialidad de la sala del Supremo.
Además, dijo "asumir" como propia la expresión de "lobos solitarios" que su compañero en el Consejo de Ministros Óscar López lanzó contra algunos jueces.
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