El Gobierno deja sin ejecutar 600 millones en formación para el empleo a pesar de tener 2,5 millones de parados

España es uno de los países que más gasta en políticas activas de la Unión Europea, pero el desembolso por individuo se diluye ante la alta tasa de desempleo

Wendy Dávila

El mercado laboral español mantiene un paro enquistado, con casi 2,5 millones de personas en desempleo, según datos de la Encuesta de Población Activa ( ... EPA). A pesar de que la cifra se ha desplomado en los últimos años, nuestro país encabeza la tasa de desempleo de la Unión Europea (UE). Para hacer frente a esta problemática, el Gobierno tiene puesto en marcha distintos planes de empleo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Sin embargo, la partida destinada a la formación fue la única que no se ejecutó al 100% o en un porcentaje cercano, según denuncia UGT en el estudio 'Retos de las políticas de empleo en España'. En suma, el Ejecutivo dejó sin utilizar 616 millones de euros - el 35% para formación de ocupados y un 26% en el caso de desempleados-, lo que supone un tercio de la partida.

Asimismo, denuncia el «problema estructural y crónico» de falta de personal, lo que también lastra la capacidad de atención individualizada. En el caso de la administración estatal, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contempla una plantilla teórica de 11.811 puestos de trabajo, pero la realidad operativa refleja que tan solo están cubiertos 8.304 puestos (el 70,3% del total).

Esto supone que el SEPE mantiene en la actualidad 3.507 plazas vacantes sin cubrir, lo que representa una tasa del 29,7%. Esta carencia del 30% del personal normativamente previsto, sumada a la elevada tasa de temporalidad e interinidad y a la falta de mecanismos rápidos de reposición, tensiona la capacidad del organismo para gestionar las prestaciones y desplegar los nuevos itinerarios de orientación laboral que exige la Ley de Empleo.

Alto gasto

España es uno de los países de la Unión Europea (UE) que más gasta en políticas activas de empleo. La inversión total aumentó un 20% entre 2018 y 2022, pasando de 8.500 a 10.200 millones de euros y alcanzando el 0,762% del PIB. Sin embargo, el abultado volumen de desempleados diluye la protección individual y relega a nuestro país puestos intermedios. Así, se acaba invirtiendo solo 3.331 euros anuales por parado en políticas activas de empleo, cifra cinco veces inferior a la de Alemania (16.890 euros por desempleado), cuatro veces por debajo de la Francia (14.250 euros) y 13 veces menos que Irlanda (45.190 euros por desocupado).

Ante estos datos, desde UGT proponen revisar las bonificaciones generales a la contratación -que han demostrado escasa eficacia para crear empleo neto- y concentrarlas únicamente en colectivos de difícil inserción para evitar el «peso muerto», es decir, contrataciones que las empresas habrían realizado de igual manera sin ayuda pública. Para delimitar los grupos prioritarios exigen un mayor desarrollo de las herramientas de perfilados de los demandantes de empleo que permita identificar y caracterizar a los grupos con dificultades específicas de inserción.

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