El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la desclasificación de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F. La decisión coincide con el 45 aniversario de la entrada de los militares en el Congreso de los Diputados. Esta decisión se produce cuando el Ejecutivo tiene aún pendiente la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Secretos Oficiales, una norma que se comprometió a impulsar y que era una petición histórica del PNV, y que permitiría la desclasificación de documentos de otras muchas materias.
La decisión, que la ha adelantado Pedro Sánchez en sus redes sociales, se tomará en la reunión del gabinete de este martes y será efectiva el 25 de febrero cuando se publique en el BOE. Los textos se podrán consultar en la web oficial de La Moncloa.
"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha señalado el presidente del Gobierno. Considera que esta decisión contribuye a "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".
La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue por exigencia de Junts y fueron ocho textos del CNI relativos a los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils. Sin embargo, a diferencia de lo que sucederá con los del 23F, los documentos fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga estos atentados, pero que no se hicieron públicos.
Se trata de una demanda histórica de investigadores que han trasladado en varias ocasiones para conocer en su totalidad y ahondar en lo que pasó, así como para constatar el rol que jugó cada uno de los protagonistas.
Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, una de las obras más reconocidas que ha retratado que pasó ese 23 de febrero de 1981, se lo pidió directamente a Pedro Sánchez en unas jornadas celebradas en el Congreso.
En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Información Clasificada para su tramitación parlamentaria, norma que está destinada a sustituir a la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales de 1968. El texto, sin embargo, aún no tiene la luz verde de las Cortes.
La propuesta establece la desclasificación automática trascurridos unos plazos que dependen del nivel de protección de los asuntos. Así, el contenido que se considere de alto secreto se desclasificará a los 45 años y se podrá prorrogar durante 15 más; el secreto a los 35 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre los 7 y los 9 años, y la restringida entre los 4 y los 5, ambas sin posibilidad prórroga.