El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su visita al laboratorio forense del Valle de los Caídos. Fernando Calvo Moncloa
Política El Gobierno destina 345.000 € para análisis genéticos de restos del Valle de los Caídos y para el registro del Banco de ADNSe estima que hay enterradas 33.833 personas y, hasta el año pasado, el Ejecutivo había recibido 190 solicitudes de familiares para recuperar los restos.
Más información: Sánchez creará un banco de ADN y una oficina para las víctimas del franquismo
I. P. Nova Publicada 9 marzo 2026 11:48h Actualizada 9 marzo 2026 11:48hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno ha formalizado un contrato de 345.000 euros para analizar e identificar restos humanos procedentes de las exhumaciones que se están realizando en el Valle de los Caídos.
El encargo, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene como objetivo incorporar los resultados al Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Una de las grandes promesas electorales de Pedro Sánchez en su llegada a la Moncloa en 2018.
La adjudicación, que recayó el pasado 3 de octubre en la empresa Citogen S.L., con sede en Zaragoza, contempla la realización de análisis genéticos de restos esqueléticos hallados en las criptas del monumento, así como la interpretación de los resultados y la elaboración de informes de identificación que podrán cruzarse con muestras de familiares potenciales.
Un 68% apoya la exhumación de fosas pero un 50% rechaza la Ley de Memoria y un 61% los actos de Sánchez sobre FrancoLa compañía presentó una oferta de 258.975 euros sin impuestos frente a otras tres propuestas recibidas en la licitación. Sin embargo, el coste final del contrato asciende a 345.000 euros al incluir otros parámetros contemplados en el procedimiento.
El debate sobre las políticas de memoria sigue generando división política y social. Según una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada en 2025, un 68% de los españoles respalda la exhumación de fosas comunes y la recuperación de cadáveres.
Sin embargo, la propia Ley de Memoria Democrática divide prácticamente a partes iguales al país: un 47% la aprueba frente a un 48,1% que la rechaza.
El proceso forma parte de la política de memoria impulsada por el Ejecutivo desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018.
Entonces, el Gobierno socialista anunció una reforma integral de la legislación —posteriormente ampliada con la Ley de Memoria Democrática de 2022— que incluía la creación de un banco estatal de ADN para facilitar la identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
La iniciativa se enmarcaba también en el plan de exhumaciones promovido por el Ejecutivo, cuyo primer paso fue la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019. Desde entonces, el Gobierno ha impulsado distintas actuaciones para localizar e identificar restos en fosas comunes y en el propio complejo monumental de Cuelgamuros.
En ese enclave reposan actualmente los restos de 33.833 personas, víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos, distribuidos en 11.060 cajas funerarias.
Según algunas informaciones periodísticas, hasta el año pasado el Ejecutivo había recibido 190 solicitudes de familiares para recuperar restos depositados en el recinto.
Las exhumaciones en la criptas del Valle de Cuelgamuros continúan.
— Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) March 26, 2025
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla en contra de quienes desde el principio han intentado paralizar estos trabajos: Fundación Francisco Franco y organizaciones de extrema derecha.
Gran noticia… pic.twitter.com/bUiC5iCjw4
Las exhumaciones en el interior del monumento comenzaron en junio de 2023. Desde entonces, el equipo forense ha localizado restos procedentes de nueve localidades y ha identificado y entregado a sus familiares varias decenas de cuerpos, todos ellos originarios de Aldeaseca (Ávila) y Borja (Zaragoza).
El proceso no ha estado exento de controversia judicial. En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló los trabajos de exhumación al estimar los recursos contra una sentencia anterior que había anulado la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde se ubica el complejo.