El Gobierno ha iniciado la tramitación del paquete de medidas anticorrupción anunciadas por Pedro Sánchez tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, acusado de liderar un presunto entramado de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos para la realización de obras. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, cuya elaboración ha sido coordinada por el Ministerio de Hacienda.
De esta forma, siete meses después del escándalo que sacudió a la cúpula de Ferraz, el Ejecutivo impulsa, entre otras medidas, la creación de una agencia independiente que aglutinará "funciones dispersas" de otros organismos para "coordinar a España en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude". También plantea "endurecer el control y la transparencia" en las donaciones a partidos políticos y fundaciones al reducir al umbral de publicación de los 25.000 euros actuales a 2.500 y reforzar el régimen sancionador en caso de incumplimiento.
En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado que la previsión es que el anteproyecto esté finalizado a lo largo de este semestre para que llegue después del verano al Congreso y pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura a mediados de 2027 -aunque ha tenido un lapsus y ha situado las elecciones en el verano de este año antes de autocorregirse-. Asimismo, la también titular de la cartera Hacienda confía en el apoyo "unánime" a estas medidas por parte de los distintos grupos parlamentarios.
La creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública -impulsada por la coalición al frente de La Moncloa a instancias de Sumar- supondría que asumiera las funciones que actualmente desempeñan la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El Ejecutivo quiere reforzar su papel introduciendo cambios en el ámbito penal, al ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años para evitar que se genere una sensación de "impunidad".
Otra de las medidas que se pretenden regular es que las personas físicas condenadas por este tipo de casos no puedan acceder a beneficios penitenciarios hasta que no hayan devuelto íntegramente las cantidades que se hayan sustraído del erario público con sus correspondientes intereses. Según precisan fuentes del Ejecutivo, la responsabilidad civil ahora es una facultad discrecional de los órganos encargados de conceder terceros grados o, en su caso la libertad condicional, pero con el cambio se quieren que en los delitos de corrupción sea un requisito obligatorio, aunque el interesado sea insolvente.
También se plantea que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración pase a ser público y accesible. Las compañías condenadas por prácticas corruptas, además, verían incrementada su pena máxima de inhabilitación de 15 a 20 años sin que en ese tiempo pudieran recibir tampoco ni subvenciones ni beneficios fiscales.
Auditorías en los partidos
Con esta ley, el Gobierno de Sánchez también pretende obligar a los partidos políticos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas como la que anunció el propio líder del PSOE tras el informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntaba a cobros por el amaño de contratos por parte de Cerdán, su predecesor en la Secretaría de Organización, José Luis Ábalos, y la mano derecha de éste en el Ministerio de Transportes, Koldo García, -ambos procesados también por presunta corrupción- valorados en al menos 620.000 euros.
Otro de los objetivos es regular el empleo de herramientas de análisis avanzado y de Inteligencia Artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones. Un ejemplo concreto que ponen en el Gobierno es la implantación de un sistema de tratamiento masivo de datos en el que se cruce la huella normativa con el registro de lobbies que pueda detectar pautas de comportamientos que apunten a que hay indicios sólidos de hechos delictivos.
También se aspira a reforzar el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para localizar el dinero público robado e incorporar "figuras como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada" para actuar aunque no haya sentencia previa "con plenas garantías judiciales". En el Ejecutivo subrayan que esto es más disuasorio para la delincuencia organizada que las propias penas de prisión que se imponen a sus integrantes.