El Gobierno ha vuelto a instalar la polémica en la Policía Nacional a cuenta del proceso de regularización de inmigrantes residente en España esta vez por cuestiones económicas. Si el Cuerpo ya expresó su malestar ante la falta de información con la que se ha abordado la tramitación ahora el motivo de enfado son las horas extra que cobrarán los funcionarios que se encarguen de esta tarea. El Ministerio del Interior pagará a 25 euros mientras que al resto de la plantilla mantendrá los 10 euros por hora extra. En la Policía esta diferencia se ha considerado «como un agravio». El denominado «plan de choque» que ha aprobado la Dirección General de la Policía para hacer frente al más de un millón de permisos de residencia que tendrá que confeccionar por la regularización masiva es, según indican las fuentes policiales consultadas, «un fracaso».
Este plan incluye la apertura de oficinas de documentación en horario de tarde y los sábados para absorber la avalancha de expedición de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), retribuyendo estas jornadas extraordinarias con 25 euros por hora y 125 euros por jornada de sábado. El sindicato Jupol ha criticado la diferencia presupuestaria entre los distintos departamentos por las horas extra. «Resulta inadmisible que la Administración encuentre de forma inmediata recursos económicos para ejecutar una decisión política mientras continúa negándose a resolver cuestiones esenciales que afectan directamente a los policías nacionales como la actualización de las dietas, una regulación digna de los servicios extraordinarios, la jubilación digna mediante el reconocimiento efectivo como profesión de riesgo o la equiparación salarial real», reivindica. Esta medida afectará «al personal destinado en las unidades de Documentación, lo que garantiza la experiencia y capacitación de los participantes».
«No puede existir dinero para ejecutar decisiones políticas de forma inmediata mientras nunca hay presupuesto para dignificar las condiciones laborales de quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos», zanja el sindicato.
El componente de las horas extra es otra controversia del proceso calificado por mandos policiales como «falto de transparencia». La ausencia de un reparto definido de competencias sobre la tramitación - siempre lo hacen las brigadas de Extranjería- obligó al Gobierno a improvisar externalizando la gestión, siendo Correos y la empresa Tragsa quienes tramitaran las solicitudes, algo que ha alimentado el recelo y la inquietud en la Policía porque nadie ha comunicado qué pasará ahora. Si los expedientes tramitados -más de un millón- se reportarán a Extranjería para que revise si se cumple con los requisitos o, por el contrario, directamente se darán por válidos. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde el principio del escenario que el Ejecutivo central le puso enfrente. Se lamentó de no haber recibido directrices sobre cómo afrontar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social». El documento del máximo responsable de Extranjería advierte de que una regularización de tal magnitud podría acarrear «efectos negativos significativos» y un posible «efecto llamada» para nuevos flujos migratorios irregulares, así como tensiones sociales, problemas de seguridad y de orden público.
El proceso culmina con cifras muy alejadas de las previsiones iniciales y con la Policía Nacional tachando esta tramitación como «apocalíptica». En este tiempo -desde su anuncio el pasado mes de febrero- los agentes han contabilizado «multitud» de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras emitió una alerta interna a través de un oficio al que ha tenido acceso EL MUNDO sobre un incremento del 866% en las denuncias por supuestos extravíos de pasaportes por parte de ciudadanos paquistaníes, una maniobra detectada para eludir registros penales y facilitar la regularización.