- IGNACIO DEL CASTILLO @naciocastillo Madrid
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El ministro Óscar López dice que deben ser los Estados nacionales los que tengan el papel de elegir los proveedores de las redes de telecos.
El Gobierno español se opone a que la ley de Ciberseguridad (Cibersecurity Act o CSA) que se está preparando en Bruselas faculte a la Comisión Europea (CE) para designar a los denominados proveedores de alto riesgo (High Risk Vendors o HRV) lo que supondría en la práctica vetar a los proveedores chinos de equipos de telecomunicaciones como ZTE y sobre todo Huawei de las infraestructuras de telecos en Europa.
La propuesta de CSA de la Comisión Europea convierte en obligación lo que hasta ahora era recomendación: el veto a los fabricantes chinos en las redes móviles. Y da 3 años de plazo para reemplazarlos. Además, extiende el veto también a las redes fijas, satelitales y cables submarinos, aunque sin fijar, por ahora, un plazo para sustituir los equipos chinos en estas redes.
En el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones que se celebró ayer en Luxemburgo, el representante español, Óscar López, ministro para la Transformación Digital, señaló que "los Estados miembros deben seguir teniendo un papel en la definición de las cadenas de suministro de nuevas tecnologías que afectan a la seguridad nacional".
Esta postura de España se opone, por tanto, a que la definición de HRV se haga a nivel supranacional, desde la Comisión Europea, al considerar que deben ser los estados nacionales los que decidan a quien declarar proveedor de riesgo y a quien no, ya que eso afecta a la seguridad nacional.
Cercanía a China
España, que tiene el Gobierno más cercano políticamente a China de la Unión Europea, -con numerosas visitas del presidente del Gobierno y de otras autoridades del Ejecutivo o del PSOE en los últimos años al gigante asiático-, se ha negado a considerar proveedor de alto riesgo y vetar a Huawei o ZTE a pesar de que muchos de los países europeos lo han hecho en mayor o menor grado. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mencionado en diferentes ocasiones a los proveedores chinos como Huawei, entre los socios para desarrollar el 5G en España.
Casi toda Europa
Entre los países europeos que han tomado medidas contra Huawei y ZTE en redes figuran estados como Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Rumanía, Portugal, Letonia, Lituania y Estonia con veto total en equipos de radio y en el core (el núcleo central de la red donde reside la inteligencia y las funciones). Con restricciones en la radio y en el core están Bélgica e Italia. Con veto en el core Países Bajos, mientras que en proceso de implantación de restricciones se encuentran Polonia y Alemania.
Pero el Gobierno español no ha tomado una medida similar y, de hecho, cuando José Luis Escrivá era ministro de Transformación Digital, llegó a declarar que en el futuro no se iba a producir el veto a los fabricantes chinos. Yeso a pesar de que el Gobierno español puso en marcha desde 2020 -a raíz de la invasión rusa de Ucrania y del apoyo del Gobierno chino al régimen de Vladimir Putin- una ley de Ciberseguridad en 5G que facultaba al ejecutivo para designar a los proveedores como de alto riesgo.
Las 'telecos', de acuerdo
La postura de España sobre que los vetos deben decidirlos los países y no la CE, coincide totalmente con la que mantienen las grandes telecos europeas como Telefónica, Deutsche Telekom u Orange, que recientemente señalaron a través de un comunicado de su patronal Connect y de la GSMA -como adelantó EXPANSIÓN el pasado 16 de mayo- que esas decisiones corresponden a los estados nacionales. Las telecos temen el alto coste económico y las dificultades técnicas para sustituir los equipos chinos en todas las redes, un proceso que costará decenas de miles de millones de euros.
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