La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al presidente de Indra, Ángel Escribano
Empresas El Gobierno frena los contratos de Defensa y redobla su presión para controlar Indra y otras empresas del sectorLa amenaza de una judicialización de los contratos genera incertidumbre entre los técnicos de Industria y Defensa que deben darles el visto bueno.
Más información: Indra se abre a trabajar con Santa Bárbara "como con cualquier otra empresa" pese al recurso del TS por los contratos.
Fernando Pastor Publicada 2 marzo 2026 01:36hLas claves nuevo Generado con IA
La industria española de defensa se enfrenta a un año clave para su desarrollo y transformación en el nuevo mercado europeo. Pero su actividad depende de la agilidad que elGobierno pueda dar a los Programas Especiales de Modernización (PEM), sobre los que se ha detectado cierta ralentización.
Fuentes del sector aseguran que el freno que se ha aplicado a primeros de año en la concreción de los programas aumenta la presión y el control sobre Indra, la principal adjudicataria y coordinadora de los proyectos, y sobre otras empresas del sector implicadas.
El momento se complica, además, con la amenaza que suponen los procesos judiciales abiertos por la filial europea de General Dynamics, propietaria de Santa Bárbara, tanto sobre el decreto del Gobierno que otorgaba los préstamos, como sobre la adjudicación posterior de algunos contratos.
Indra supera "ampliamente" los objetivos en Defensa en 2025 con una cartera de 11.336 millones de eurosFueron 31 los PEM aprobados a finales de diciembre, con cargo a una buena parte de la dotación extraordinaria de 10.471 millones de euros al Presupuesto de Defensa. Esos programas se añaden a otros 50 que hay en marcha en otras áreas de la defensa, todos plurianuales y con su gasto distribuido en varios ejercicios.
Dada la envergadura de la inversión a realizar para las empresas, la mayor parte de esos proyectos se fundamentan en préstamos a tipo cero que otorga el Ministerio de Industria para que se pongan en marcha, adjudicados de forma directa y por decreto por el Gobierno.
El enfrentamiento político pone en riesgo la operación Indra-Escribano en un momento crítico para la defensaUna vez en marcha y dependiendo de la cuantía y la necesidad concreta, el montante final suele ser más alto que los créditos adjudicados. Esa factura es la que paga Defensa, para que se salde el crédito con Industria y se obtengan ganancias.
Desde el Ejecutivo se afanan en exigir a Indra y a las empresas adjudicatarias de los programas de modernización un proyecto industrial detallado y un plan de empleo y formación paralelo para cada proyecto.
Fuentes empresariales consultadas confirman el temor a que todos esos procesos se atasquen, tanto en las grandes firmas como en las empresas medianas y pequeñas más especializadas o tecnológicas, cuya dependencia de los contratos del Estado es mayoritaria.
Desde el punto de vista político, el freno que se ha producido en el sector, a la espera de reordenar su actividad de la mano de la nueva Indra, ha despertado también todas las alarmas. El PP llegó a poner en duda todo el proceso, desde el principio.
Indra firma un acuerdo con la castellanoleonesa INMAPA para la fabricación de estructuras para vehículos militaresEl rechazo de la SEPI a la fusión por absorción de Indra y Escribano, y la puesta en duda de la continuidad de su actual presidente en ciertos círculos políticos y empresariales, no ayudan a agilizar la marcha que debiera llevar la ejecución de los PEM.
Los próximos consejos de la tecnológica controlada por el Estado en un 28% serán clave. La opción alternativa que se maneja de crear una filial de defensa en la que se integre la parte que maneja Indra en ese área (1.400 millones) y la de la empresa familiar de su presidente, también aflora dudas en el sector.
Esa sociedad, que seguiría estando controlada por el Estado, sería de mucha menos envergadura que el conjunto del grupo, con las complicaciones que eso supone de cara a posicionarse en el mercado europeo y optar a los grandes contratos frente a los gigantes de Francia, Alemania o Italia.
Indra pretende cuadruplicar su huella industrial en 2027, para convertirse en plataforma integral ensambladora de vehículos blindados. Pero en esa carrera le lleva ventaja la alemana Rheinmetall (que es socia y aliada en Europa) y otras firmas, incluida la filial española de General Dynamics, Santa Bárbara.
Miedo al 'paseíllo'
Ha sido precisamente General Dynamics European Land Systems (GDELS), filial del gigante norteamericano de defensa, la que ha complicado aún más el desarrollo del sector y el miedo a una parálisis a causa de la posible judicialización que puede implicar a varios ministerios y al Ejecutivo.
Por un lado, impugnó ante el Tribunal Supremo el decreto que repartía los créditos a tipo cero del Ministerio de Industria para poner en marcha dos programas de artillería pesada (dos tipos de obuses). Fueron más de 3.300 millones otorgados a Indra y Escribano.
Ese recurso está admitido a trámite y pendiente de decidir si se imponen medidas cautelares, algo que sería un serio varapalo no sólo para ese programa concreto, sino para el conjunto de los PEM.
De forma paralela, mantiene un recurso de alzada en el Ministerio de Defensa por la correspondiente adjudicación directa posterior a Indra y Escribano de los dos obuses de ruedas y cadenas que necesita, esta vez por más de 7.400 millones.
El PP pedirá explicaciones al Gobierno sobre la operación de Indra y Escribano porque “no ha sido normal desde el inicio”La UTE Indra-Escribano ha preseleccionado (como candidato) a un modelo coreano. Frente a ello, GDELS Santa Bárbara presenta un producto similar de tecnología europea (Némesis), que debería tener preferencia en una adjudicación directa.
En este caso, las medidas cautelares pedidas ante Defensa se han desechado. Si el recurso de alzada previo no se admite en Defensa, desde la filial de General Dynamics ya han advertido que presentarán uno contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.
Esta amenaza de judicialización ha calado entre los responsables políticos de Industria y de Defensa que deben dar el visto bueno a los expedientes y las adjudicaciones.
Nadie quiere arriesgar su carrera por una decisión judicial que puede serles muy dañina. Y, mucho menos, hacer el paseíllo ante la opinión pública para declarar ante los jueces del Supremo y la Audiencia.
El fondo Third Point aterriza en Indra y apoya públicamente la integración con EscribanoFuentes cercanas al Ejecutivo también admiten que la situación de inestabilidad política que se sufre en el Congreso y con los socios de Gobierno de izquierdas en materia de armamento, no aconsejan tener ahora conflictos públicos ni alarma social en esa materia.
Entre las empresas de defensa se sabe que todo se podría reconducir mediante una negociación entre Indra y General Dynamics - Santa Bárbara, sin mayores consecuencias. Pero eso supondría truncar la estrategia que se ha marcado Indra en este terreno en uno de los momentos más delicados para su cúpula.
Pacto y agilidad
Además de las cuitas entre las empresas de sector y el Gobierno, desde el sector se ha hecho hincapié en la necesidad de agilizar los procesos administrativos y dotar al Ministerio de Defensa de más medios para afrontar las cifras de inversión que se manejan.
En un reciente informe de EY sobre "la oportunidad histórica" que tiene delante la industria española de defensa, las empresas consultadas del sector han alertado de la necesidad de aumentar las capacidades administrativas del Ministerio y flexibilizar sus procedimientos.
La industria señala "de forma muy rotunda, que no atender esta necesidad supondría no ser capaz de absorber de la forma deseada los recursos adicionales que se prevén", sobre todo en estos primeros años.
Según su análisis, el temor de las empresas está en que, la falta de una planificación detallada pueda llegar a malgastar los recursos disponibles. "Ello se valora como un riesgo tanto de presente como de futuro, por una posible desarticulación de la industria de defensa.
El Gobierno mueve la silla a Escribano en pleno despegue de Indra con la oposición de Oughourlian y otros consejerosLos expertos de EY coinciden con las empresas privadas implicadas en el sector en la necesidad de buscar el mayor apoyo político posible, incluso de llegar a un pacto de Estado, aunque no parece que este sea el mejor momento para alcanzarlo.
La falta de entendimiento político viene a acrecentar la incertidumbre que se genera sobre el negocio de la defensa, en su año más crítico y con la mayor dotación presupuestaria que ha tenido nunca.