En un intento por rebajar la polémica por la inclusión de las lenguas cooficiales como requisito de arraigo para renovar el permiso de la regularización, el Gobierno ha asegurado que las aportaciones realizadas al Real Decreto en la fase de audiencia pública -finalizada el pasado 6 de febrero- "en ningún caso" incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización "inicial" de residencia y trabajo, cuya duración es de un año.
Eso sí, según indican las propias fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "se podría otorgar una prórroga" de este permiso. Para ello, los servicios sociales de las respectivas Comunidades Autónomas deberán emitir un informe favorable de integración "que entre otras cosas acreditará el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona".
El Gobierno de Sánchez ya negó esta condición, alegando que "la lengua no es un requisito para denegar un permiso". En esa línea, las fuentes del departamento que dirige la ministra portavoz Elma Saiz justifican que "las personas se pueden acoger a los itinerarios de arraigo contemplados" en el Reglamento de Extranjería, que contempla "varias opciones como el arraigo por formación, por empleo, etc".
Pero lo cierto es que el extranjero que opte por renovar su permiso por la vía del arraigo social si vinculará, según el borrador del Real Decreto al que ha tenido acceso Europa Press, la prórroga del mismo al conocimiento de las lenguas cooficiales.
La norma que dará luz verde a la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes todavía está en fase de tramitación, por lo que está sujeta a cambios. El Ejecutivo ha insistido en que instituciones como el FISI o el Consejo de Estado deberán emitir respectivos informes antes de disponer de un texto definitivo.
Pero las fuerzas independentistas ya se cuelgan la medalla como propia. "Hemos conseguido que el catalán sea reconocido como prueba de arraigo en el nuevo decreto de regularización extraordinaria", aseguró ERC a través de un comunicado, informa Cristina Rubio.
De hecho, esta maniobra del Ejecutivo de socialista llega después de Junts exigiera que acreditar un nivel mínimo de catalán fuera un requisito para obtener el permiso de residencia a raíz de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.