Manifestación contra la amnistía en Cibeles, en noviembre de 2023. EFE
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Gobierno intenta desmovilizar a los españoles para proteger su gran mentira sobre Ceuta Publicada 2 septiembre 2026 02:58hLa Delegación del Gobierno en Madrid ha rechazado este martes el trámite de la concentración en apoyo a Ceuta, comunicada por el Ayuntamiento de Madrid para tener lugar este miércoles en la plaza de Cibeles. Una decisión que ha encendido aún más los ánimos en el contexto de una ciudadanía ya bastante indignada con el abandono de Ceuta por parte del Gobierno.
En el escrito remitido al consistorio madrileño, la Delegación del Gobierno justifica su postura apoyándose en una rigorista interpretación de la doctrina constitucional.
Sostiene que las Administraciones Públicas y sus alcaldes, al actuar en representación de la corporación municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la Carta Magna.
El organismo, dirigido por un Francisco Martín que ya ha dado muestras de una acusada parcialidad en ocasiones anteriores, concluye que la comunicación formulada por el Gabinete de Alcaldía no puede tramitarse formalmente a través del procedimiento dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión.
Es cierto que, en el plano estrictamente formal, la resolución no equivale a una prohibición expresa de la movilización.
La propia Delegación del Gobierno se vio obligada a matizar su decisión para aclarar que los actos convocados en solidaridad con Ceuta podrán desarrollarse con normalidad.
Fuentes de la institución recuerdan que el evento se puede llevar a cabo como una convocatoria institucional bajo la exclusiva competencia y responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid.
O bien como una manifestación ordinaria si la comunicación es presentada por una persona física, una asociación o un partido político, como se ha tramitado en decenas de municipios madrileños.
Pero este sorprendente celo procedimental y estas precisiones de última hora están fuera de lugar en el convulso contexto político que atraviesa el país.
Al margen de los debates leguleyos y de las sutilezas administrativas, la Moncloa era plenamente consciente de que este afán por encontrar vacíos normativos generaría una agria polémica.
De ahí que lo razonable sea inferir que el celo del Gobierno busca un efecto disuasorio en los cargos municipales del PSOE, tratando de contener la llamada a filas realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este 2 de septiembre.
Un movimiento que es coherente con la circular enviada desde Ferraz el pasado fin de semana, en la que se ordenaba a todos los representantes locales socialistas "no participar" en unas concentraciones que el partido califica de instrumentalización política de la crisis.
Afortunadamente para el pluralismo democrático, alcaldes socialistas como los de León, Chiclana de la Frontera o Espartinas han decidido desacatar las instrucciones dictadas por la dirección nacional, optando por adelantar o secundar los actos proceutíes en sus respectivos municipios.
La otra posible (y compatible) lectura sobre el propósito de esta decisión administrativa es que el Ejecutivo pretende obstaculizar una cita de alta visibilidad mediática, en la que estaba prevista la presencia de los líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
La traba burocrática parece diseñada para provocar una agria disputa institucional que desvíe la atención de las deficiencias de la política fronteriza y focalice el debate político en la pugna procedimental.
Tal actuación encaja con la forma habitual de conducirse de un Gobierno abonado a la estrategia de la crispación.
Detrás de los pretextos legalistas se adivina el intento de propiciar escenarios de tensión en las calles o altercados aislados con grupos minoritarios.
Una dinámica que permita al Ejecutivo victimizarse de forma posterior, descalificar la protesta global y alterar el relato para presentar una demanda cívica pacífica como un episodio de violencia orquestado por la oposición.
La ceremonia de la confusión desplegada por el Gobierno para desmovilizar a los ciudadanos y encubrir su negligencia en Ceuta no puede lograr el efecto deseado. La gravedad de los hechos ocurridos en la frontera y el impacto sufrido por la población ceutí demandan una respuesta firme y serena de la ciudadanía.
Hoy, los españoles tienen el derecho y la oportunidad de manifestarse cívica y pacíficamente en las plazas de toda España para expresar su solidaridad con Ceuta y protestar contra la imprevisión y la ineficacia de la gestión gubernamental.