Es un poco el dilema del cinturón. Se apuran los agujeros para que el pantalón no se caiga, con la noción de que a más apretura más imagen de delgadez. Pero las carnes viven con excesiva tensión. Y llega un punto en el que hay que aliviar. El Gobierno ha pretendido estar con el cinturón apretado, contenido, durante la mayor parte de la crisis en Ceuta por la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio, pero ya ha decidido desabrocharse. Fuera la contención. En el Ejecutivo señalan ya a Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, al que culpabilizan de haber retrasado la puesta en marcha de algunos alojamientos para albergar a los inmigrantes que aún permanecen en territorio español. La chispa definitiva ha sido la discrepancia por el uso del Puerto de Ceuta para poder albergar a cerca un millar de personas.
El Puerto de Ceuta no era una de las infraestructuras recogidas en el real decreto que aprobó el Gobierno el 25 de agosto por el que se declaraba la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta. Pero sí aparece en el del 2 de septiembre -que modifica el anterior-: «Terrenos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en dos parcelas de la ampliación de poniente fase I del Puerto de Ceuta». Por el medio se celebraron dos reuniones del Comité Especializado para el seguimiento y la coordinación de las actuaciones en Ceuta y otras dos del Consejo de Seguridad Nacional, la última el 1 de septiembre, en la que fuentes gubernamentales señalan que, con presencia de Vivas y con el voto unánime de los asistentes, se aceptan el uso de infraestructuras entre las que la propuesta recoge dos parcelas del puerto. «Son parcelas que habíamos consensuado su ubicación», dijo ayer el ministro Ángel Víctor Torres, que asume el mando único en esta crisis.
Miembros del Ejecutivo no ocultan en privado su enfado con Vivas. Exponen que su actitud es distinta a la de la crisis de 2021, cuando hubo otra entrada masiva de en torno a 10.000 personas, y le acusan de actuar de una manera en privado y otra en público. La explicación que ofrecen algunos ministros es que ha sucumbido a la presión de la dirección del PP, sin olvidar el factor Vox. «Hay pocos ejemplos de mayor deslealtad institucional: firmar un acuerdo y luego desdecirse con argumentos peregrinos...», sostiene un miembro del Ejecutivo. «Los espacios decididos se recogieron en un real decreto y fueron acordados por unanimidad con las autoridades locales», aporta otro.
«Son espacios acordados por consenso en el comité de situación y en el Consejo de Seguridad Nacional, donde está presente el gobierno de Ceuta», apunta un miembro que participa en estos dos órganos. Y más de un ministro recuerda que, de las ocho infraestructuras proporcionadas para alojar a los inmigrantes y así poder filiarlos, siete son de titularidad estatal. «La prioridad es seguir habilitando espacios. Cuanto antes tramitemos filiaciones, antes se inician retornos», recuerda Torres. Por eso, el enfado saltó por los aires cuando el viernes, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, controlado por la ciudad autónoma, votó en contra de acoger el asentamiento. Esta situación obligó en un primer momento a paralizar las obras, que luego se retomaron, y llevó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a firmar una orden para tomar el control de una parte del puerto. «Necesitamos habilitar nuevos espacios para agilizar la filiación de los inmigrantes para su devolución de acuerdo a la ley». Según datos de Interior, 1.120 adultos han sido ya sometidos al proceso de triaje.
La hostilidad salta ya a la esfera pública porque en el Ejecutivo se quejan de que el Gobierno ceutí ha ido poniendo problemas todas estas semanas a los emplazamientos que se hablaban. «Lo único que quieren es que la situación se perpetúe porque saben que Feijóo no es capaz de ganar unas elecciones en una situación de normalidad y necesitan tener esto encima de la mesa hasta ese día», lanzó ayer el ministro Puente al PP en la sesión de control en el Senado.
El análisis que hacen los socialistas es que en un contexto de descontento y crítica con la gestión del Gobierno, el PP «quiere estirar el chicle a ver si tenemos más tiempo embarrados en Ceuta porque creen que es mejor para ellos, aunque joda a los ceutíes la situación».
De momento, los datos del Gobierno son que ha habilitado 3.400 plazas y que en los próximos días esperan alcanzar 6.000. Serían plazas para alojar a inmigrantes adultos. Lo cierto es que el Ejecutivo, un mes después de la crisis, sigue sin ser capaz de facilitar el número de personas que cruzaron la frontera y a día de hoy aún permanecen en Ceuta. Como orientación ese número de plazas.
Pero el foco del Gobierno no está sólo en Vivas. También a la jueza de la Audiencia NacionalMaría Tardón, que investiga la crisis de Ceuta. Desde La Moncloa no desautorizan las palabras de Puente dudando de su imparcialidad. «El ministro Puente es una voz autorizada del Gobierno». Centran su argumento en que integró las listas del PP para el Ayuntamiento de Madrid en 1999 con José María Álvarez del Manzano, y llegó a ser tercera teniente de alcalde. «El movimiento se demuestra andando, y el movimiento que (Tardón) ha tenido hasta ahora es que su pasado es de concejala del PP», dicen en Ferraz.