Los socios del Ejecutivo rechazan las enmiendas de devolución de PP y Vox a la propuesta pero cuestionan la iniciativa por «oportunista», «mal planteada» e incluso «contraproducente»
Regala esta noticia La ministra de Igualdad defiende en el pleno del Congreso la propuesta de reforma constitucional para recoger la obligación de los poderes públicos de garantizar que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en condiciones de igualdad. (EFE)Madrid
30/04/2026 a las 18:40h.El Gobierno logró salvar este jueves el primer escollo para que el Congreso debata su controvertida propuesta para incluir el aborto en la Constitución. Lo ... hizo con 177 votos frente a 171, los suficientes para tumbar las enmiendas de devolución que habían planteado PP y Vox y permitir que el texto continúe una tramitación parlamentaria que, en todo caso, está abocada al fracaso. Ninguno de los socios de investidura quería retratarse con los partidos de la derecha, pero eso no quiere decir que, en algunos casos, no compartan parte de sus argumentos ni que aplaudan la iniciativa gubernamental.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, insistió en que la reforma es «útil e imprescindible»; la justificó con el argumento de que existe una clara desigualdad territorial en el acceso al aborto, y apeló al PP a ser «responsable, inteligente y generoso» y a actuar como «un partido de Estado». Según afirmó, en Andalucía menos del 0,2% de las interrupciones se practica en la sanidad pública; en Madrid, el 0,4%. Pero no convenció a nadie que no estuviera ya convencido.
PP y Vox coincidieron en lo esencial. Ambos esgrimieron que el Gobierno promueve este cambio constitucional en «fraude de ley», utilizando el procedimiento ordinario del artículo 43 para eludir la vía agravada del artículo 168. La portavoz popular, Silvia Franco, lo llamó «triple fraude» —a la Constitución, a las mujeres y a los españoles— y «el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción». El diputado de Vox Joaquín Robles lo calificó de «trampantojo propagandístico», aunque sorprendió al apuntar que su partido podría llegar a plantearse una ley de supuestos, más restrictiva que la vigente. La socialista Cristina Narbona respondió acusando a PP y Vox de «añorar la España de Franco».
«Debate superado»
Pero las críticas más reveladoras no vinieron de la derecha. Muy preciso en el diagnóstico jurídico, el PNV recordó, por boca de su portavoz Maribel Vaquero, que el Tribunal Constitucional ya resolvió el blindaje del derecho aborto en 2023, cuando al desestimar el recurso del PP contra la ley orgánica vigente lo elevó al máximo rango constitucional. Con ese precedente, preguntó al Gobierno si de verdad cree que exista «un riesgo real» de que el derecho se limite o derogue, «como para reabrir un debate que ya estaba superado».
Vaquero señaló que si la intención es incorporarlo como derecho fundamental, habría que reformar el artículo 15 de la Constitución, no el 43, y remarcó que la «reforma aguada» que ha propuesto el Ejecutivo es un atajo que ni blinda el derecho ni tiene «visos de prosperar». Votó contra las enmiendas de devolución, pero dejó claro que la iniciativa es «más simbólica y de oportunismo político que sustancial».
Junts tambíen avisó de que la propuesta «no tiene ningún recorrido» y la calificó de «nuevo espectáculo electoralista». ERC fue más lejos: su diputada Pilar Vallugera afirmó que, si había intención de sacar adelante el debate, el Gobierno lo había «encarado mal», y señaló que es al Ejecutivo, y no a la Constitución, a quien corresponde garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos, incluso mediante el artículo 155 si es preciso.
La líder de Podemos, Ione Belarra, llegó a advertir de que incorporar el aborto al artículo 43 podría tener el efecto contrario al buscado. El argumento no es nuevo: ya lo plantearon varias expertas en derecho constitucional cuando el Gobierno anunció la iniciativa el pasado octubre.
Los derechos recogidos en el capítulo al que pertenece el artículo 43 tienen un umbral de protección más bajo que los incluidos en el de los derechos fundamentales; su desarrollo normativo solo exige mayoría simple, frente a la mayoría absoluta que requiere la actual ley orgánica del aborto para ser modificada. Por eso, buena parte de los grupos entienden que si la reforma propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se materializara, un futuro Gobierno con mayoría suficiente podría restringir el derecho al aborto con más facilidad de la que tiene ahora.
comentarios Reportar un error