La norma limita las prácticas extracurriculares a 480 horas y prevé para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves. CEOE denuncia el "monólogo social" del Ministerio de Trabajo y rechaza la medida.
Sin apoyos parlamentarios y con el rechazo de las organizaciones empresariales y de los rectores universitarios, el Estatuto del Becario inicia su trámite en el Congreso tras haber sido aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. La medida no tiene visos de salir adelante, tras haber suscitado críticas desde el momento de su puesta en marcha en la mesa de diálogo social hacer ahora prácticamente cuatro años, durante los dos últimos el departamento de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha guardado la norma en un cajón en vista de que no suscitaba el consenso suficiente entre las formaciones políticas para poder ver la luz. Ahora, el Ejecutivo lleva el Estatuto del Becario al Congreso para forzar el posicionamiento de los partidos a sabiendas del rechazo.
La medida busca instaurar un nuevo marco para la realización de las prácticas de los alumnos en las empresas: establece la obligación de la compensación económica por los gastos en los que puedan incurrir, limitar el número de alumnos que pueden realizar prácticas formativas, reducir el número de horas de aquellas no curriculares -las que se realizan de forma voluntaria al margen del itinerario formativo-, garantizar la tutorización por parte de los trabajadoras asignados a tal fin por la empresa y establecer elevadas multas para los empleadores que incurran en incumplimientos normativos, de entre para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves.
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