Migrantes procedentes de Canarias en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, a 30 de octubre de 2023. A. Pérez Meca / Europa Press
Madrid Comunidad El Gobierno no desaloja el CREADE de Pozuelo: capacidad para 564 personas "hacinadas" en un espacio con 270 camasEl Ayuntamiento del PP presenta un escrito de alegaciones donde insiste en el "riesgo de hacinamiento" del centro.
Más información: El Gobierno pretende enviar a los menores a los que obliga a acoger el Supremo a un centro que debe cerrar en un mes.
I. P. Nova Publicada 20 enero 2026 19:01h Actualizada 20 enero 2026 20:06hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno mantiene abierto el centro CREADE de Pozuelo pese a la orden de cierre municipal y el vencimiento del plazo para desalojarlo.
El centro tiene capacidad para 564 personas según el Gobierno, pero solo dispone de licencia para 270 camas, lo que el Ayuntamiento considera un riesgo de hacinamiento.
Pozuelo alega que el uso del edificio ha cambiado sin solicitar una nueva licencia y que la cesión original era solo para la emergencia por la guerra de Ucrania.
El Ayuntamiento no descarta sanciones económicas y acudir a la Fiscalía de Menores si detecta traslados irregulares de menores al centro.
El pulso entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de migrantes entra en una fase decisiva.
Pese a la orden municipal de cierre dictada en septiembre y al vencimiento del plazo de cuatro meses para desalojar el inmueble, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene abierto el centro.
Según el Gobierno central, ellos mismos han habilitado que el espacio tenga capacidad para albergar a 564 personas, pero en la licencia vigente (la inicial por la que se fundó este centro para formación de funcionarios) sólo había habilitadas 270 camas.
Pozuelo multará al Gobierno si su centro de refugiados sigue abierto en enero: "Traer a los menores es una provocación"Este martes, el Ayuntamiento ha presentado ante el juzgado su escrito de alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, en el que insiste en que existe un "riesgo cierto de hacinamiento" y en que el CREADE incumple tanto la normativa municipal como la estatal.
El conflicto judicial se originó el pasado mes de noviembre, cuando la Abogacía del Estado interpuso un recurso contencioso-administrativo para frenar el cierre del centro, ordenado por el Ayuntamiento y que daba de plazo hasta mediados de enero para realojar a las cerca de 400 personas que entonces residían en el recinto.
El Consistorio, liderado por la alcaldesa Paloma Tejero (PP), subraya que el edificio —propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y cedido al Ministerio de Migraciones en 2022— solo cuenta con licencia para 270 camas destinadas a hospedajes breves de asistentes a cursos, no para acoger de forma indefinida a solicitantes de asilo.
Pozuelo ordena el cierre del centro de migrantes de Sánchez en su localidad por no tener la licencia correspondienteEn sus alegaciones, el Ayuntamiento recuerda que la licencia vigente desde 2013 establecía expresamente la obligación de solicitar una nueva autorización en caso de modificar la actividad del inmueble.
"Será necesaria la obtención de nueva licencia de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad", recogía el texto, una condición que, según el Consistorio, el Gobierno central ha incumplido al cambiar el uso del edificio y al asumir su gestión Migraciones sin comunicarlo al Ayuntamiento.
El Gobierno pretende enviar a los menores a los que le obliga a acoger el Supremo a un centro que debe cerrar en un mesAdemás, Pozuelo recalca que la cesión del inmueble se realizó en marzo de 2022 "única y exclusivamente" para hacer frente a la emergencia humanitaria derivada de la guerra de Ucrania.
Sin embargo, en septiembre de 2023, el Ejecutivo convirtió el CREADE en un centro permanente y genérico para solicitantes de asilo de todo el mundo, de nuevo sin pedir licencia y pese a que, según el Ayuntamiento, este tipo de atención "requiere instalaciones muy distintas y con mucha más capacidad".
¿Cuáles es el problema? De primeras, que aunque desde el Ayuntamiento se desconozca si se han hecho obras en el interior, la licencia es de únicamente 270 camas, por lo que el espacio que, según el Gobierno central hay disponible, sería del todo ilegal.
Sánchez habla de haber habilitado una capacidad máxima para acoger a 564 solicitantes de asilo sin haber solicitado un cambio de permisos y en un espacio que, oficialmente y legalmente, tiene sólo espacio para 270 camas.
Pozuelo no sabe cuántas personas hay ahora mismo dentro del centro y la última cifra que dio el Gobierno central es de 125 personas.
Traer menores
La alcaldesa de Pozuelo ya cuestionó públicamente esta decisión en declaraciones a EL ESPAÑOL publicadas el pasado 29 de diciembre.
"Me gustaría preguntarle a la ministra si ella llevaría a su hija a una guardería que tiene orden de cierre por no tener los permisos necesarios", afirmó Tejero, que considera el movimiento del Gobierno "una provocación, una temeridad y una irresponsabilidad absoluta".
Desde el Ayuntamiento insisten en que la orden de cierre no está suspendida en ningún caso y que el recurso del Gobierno llegó fuera de plazo.
"El escrito se presentó el 17 de noviembre, pero no llegó al juzgado hasta la víspera de Nochebuena. Aun así, durante estos meses el Ministerio no ha hecho nada para regularizar la situación por la vía administrativa", denuncian.
Pulso entre Ayuso y Sánchez por los 400 menas que quieren llevar a Pozuelo: sin el 'ok' de Madrid no se pueden trasladarTejero también ha puesto el foco en las condiciones internas del centro. "Nos dijeron que tenían autorizadas 500 plazas, pero la licencia es de 200 habitaciones. No sabemos qué obras se han hecho dentro para albergar a tanta gente", advierte. A su juicio, mezclar perfiles vulnerables —adultos y menores— en un espacio sin habilitación adecuada supone un riesgo evidente.
El Ayuntamiento no descarta sanciones económicas que podrían alcanzar el millón de euros ni acudir a la Fiscalía de Menores si detecta traslados irregulares. "Si pasa algo, la primera pregunta será si el centro tiene licencia. Y ahora mismo no la tiene", recalca la alcaldesa.
Mientras el juzgado decide si acepta las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, el CREADE sigue funcionando sin licencia, con una ocupación que, según el Ayuntamiento del PP de Pozuelo, roza el "hacinamiento".