El ministro de Hacienda, este martes tras el Consejo de Ministros. EP
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El Gobierno nos chantajea con nuestro propio dinero Publicada 8 julio 2026 02:24hEl anuncio del inverosímil y desorbitado techo de gasto para 2027, propuesto este martes por el Consejo de Ministros, puede entenderse como el primer acto de campaña de Pedro Sánchez.
El Gobierno ha propuesto un límite de gasto de 226.032 millones de euros, la cifra más alta de la historia y un 6,6% superior a la del ejercicio anterior. Un despliegue de generosidad con el dinero ajeno realizado a sabiendas de que no será posible aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Hacienda no ha fijado aún una fecha concreta para llevar el proyecto de ley al Congreso. El propio Ejecutivo da por hecho que tanto la oposición como sus socios de investidura tumbarán la senda de estabilidad presupuestaria, por lo que el compromiso de sacar adelante las cuentas de 2027 se revela como una propuesta vacía.
Una lógica similar subyace a la reforma de la financiación autonómica.
Hacienda pretende llevar al Congreso un nuevo modelo fiscal, diseñado para cumplir con las concesiones bilaterales a Cataluña de 4.700 millones de euros adicionales, que cuenta con el rechazo unánime de las comunidades autónomas (incluidas las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias). De modo que lo esperable es que tampoco esta reforma salga adelante.
En realidad, ambas iniciativas forman parte de un mismo teatro político.
La estrategia gubernamental consiste en ofrecer partidas presupuestarias expansivas que se saben abocadas al fracaso, a fin de poder reprochar a la oposición el rechazo de "los presupuestos más sociales de la historia" y la pérdida de miles de millones de euros para los territorios.
Sánchez se está dotando anticipadamente de la narrativa para presentarse ante los ciudadanos en las urnas (que muy probablemente se abrirán en el primer trimestre del próximo año) como el único garante del "Estado de bienestar", acusando a la derecha de insolidaridad.
El uso marcadamente político de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para atacar a la oposición delata la verdadera motivación de la maniobra.
El ministro de Hacienda ha instado expresamente al Partido Popular a abandonar el "tacticismo político" y los "partidismos", pidiéndoles que "reflexionen". Y ha advertido de que un veto de la oposición privaría a las autonomías de un margen fiscal de 5.849 millones de euros en el trienio.
Estas declaraciones vienen a confirmar que la puesta en marcha del proceso para presentar Presupuestos (después de tres ejercicios sin ni siquiera llevar al Congreso el proyecto) se reduce a la formulación de promesas imposibles de cumplir.
Con el inevitable rechazo de estas promesas, el Gobierno obtiene la coartada perfecta para adelantar las elecciones, culpar a la oposición de impedir la mejora de la sanidad y la educación, y usar como reclamo electoral el desbloqueo de esas cuentas nonatas.
Es un planteamiento de clientelismo electoral y de coacción emocional idéntico al que late bajo el numerito que ha montado Sánchez este martes a propósito de las bajas laborales, al acusar torticeramente a Feijóo de colocarse del lado de quienes quieren recortar los derechos de los trabajadores enfermos por pronunciarse críticamente contra la plaga del absentismo laboral.
Más allá de la estrategia partidista, las cifras exorbitantes de este techo de gasto plantean serias dudas sobre la sostenibilidad fiscal de España, donde la deuda pública supera los 1,7 billones de euros.
El Gobierno prevé financiar con déficit público aproximadamente uno de cada diez euros de estos presupuestos. La única forma de sufragar estas cuentas de marcado tinte electoralista es incrementar la ya abultada deuda del Estado.
Es de por sí lamentable que Sánchez utilice los Presupuestos Generales del Estado como un mecanismo de chantaje emocional hacia sus socios y hacia el conjunto de los ciudadanos, bajo la premisa de "o mis cuentas o la ultraderecha".
Pero resulta sencillamente inaceptable que el presidente pretenda chantajear a los españoles con su propio dinero, hipotecando al país para poder perpetuarse en la Moncloa.