La normativa se incluirá en un real decreto previsto para antes de que termine el año y se aplicará de forma gradual hasta cubrir al menos al 75% de la población
Regala esta noticia Añádenos en Google Óscar López. (EP) 25/06/2026 a las 11:51h.El Gobierno tiene previsto obligar a las operadoras de telecomunicaciones a garantizar que, ante un apagón eléctrico, al menos el 75% de la población en ... España mantenga cobertura móvil durante un mínimo de cuatro horas. El anuncio lo realizó este jueves Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, durante su intervención en el DigitalES Summit, un foro organizado por una de las principales asociaciones del sector tecnológico y de las telecomunicaciones.
La aplicación de las nuevas exigencias será progresiva, con el objetivo de que las empresas puedan adaptar sus instalaciones e incorporar de forma escalonada los sistemas de respaldo necesarios, especialmente baterías. Durante el primer año de vigencia, las operadoras deberán asegurar cuatro horas de cobertura móvil para, como mínimo, el 50% de la población. En el segundo año, el umbral subirá al 65%, hasta alcanzar el 75% en el tercer ejercicio.
El Ejecutivo y las compañías del sector llevan aproximadamente un año negociando cómo reforzar la continuidad del servicio móvil ante situaciones de interrupción eléctrica como la registrada en 2025. Las operadoras han trasladado sus dificultades para instalar baterías de manera masiva en antenas y otros puntos de red, tanto por el peso de estos equipos —en muchos casos situados en azoteas— como por el riesgo de sustracciones en ubicaciones rurales o poco vigiladas.
La norma también fijará requisitos distintos en función de la importancia estratégica de cada infraestructura. Las instalaciones consideradas de nivel intermedio, como centros de gestión cuya caída pueda afectar a varias comunidades autónomas, deberán contar con una autonomía mínima de 12 horas si se interrumpe el suministro eléctrico. Por su parte, los centros de control de primer nivel, esenciales para el funcionamiento centralizado de las redes y cuyo fallo podría tener impacto nacional, tendrán que garantizar al menos 24 horas de operatividad.
Además, el Real Decreto incorporará disposiciones específicas para las comunicaciones de emergencia, incluidos los servicios del 112 y los sistemas de alertas públicas. Las empresas encargadas de prestar la red de estos servicios deberán elaborar planes de seguridad y contar con mecanismos de redundancia, por ejemplo combinando redes fijas y móviles para evitar una interrupción completa.