El Grupo Popular ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que haga valer ante el Gobierno los derechos constitucionales de los diputados y reclame de urgencia la entrega de hasta 156 informes pedidos por la oposición y hurtados por el Ejecutivo a la Cámara sin motivación jurídica.
Entre los documentos reclamados figura una larga lista relativa a la dana que incluye los informes del Centro Nacional de Emergencias y del Departamento de Seguridad Nacional en la mañana del 29 de octubre de 2024 así como las actas de las reuniones que mantuvo Pedro Sánchez sobre este asunto entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre.
También figura la petición del expediente completo de adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones, así como copia, en su caso, de los informes que haya sobre la afectación que conlleva dicha contratación, habida cuenta de las restricciones que la compañía china tiene en la UE y en EEUU. Este contrato suscita la sospecha del PP sobre presuntas gestiones realizadas por el ex presidente Zapatero.
Entre las peticiones no atendidas se incluyen los informes sobre las visitas recibidas por Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real así como el expediente de contratación de Leire Díez, la fontanera del PSOE, en Correos y Enusa o los contratos en empresas públicas de las amigas de Ábalos, Jésica Rodríguez, Claudia Montes y Andrea de la Torre.
En el listado figuran también los informes sobre las veces que los escoltas de Begoña Gómez han viajado en el ejercicio de sus funciones a República Dominicana así como el listado de vuelos realizados por los aviones VIP del Ejército del Aire con destino o escala en dicho país.
En materia de Defensa y política Exterior se reclaman los documentos que fundamentan la decisión del presidente de considerar suficiente el 2,1% del PIB para cumplir con las capacidades militares acordadas en la OTAN; todos los contratos de compraventa afectados por el decreto de medidas contra el genocidio en Gaza; copia del informe jurídico-diplomático sobre cualquier modificación en el estatus fronterizo de Gibraltar; sobre el Acuerdo entre España y Marruecos sobre las aduanas de Ceuta y Melilla o los documentos relativos a los convenios entre el CNIO y centros del Instituto Cervantes y diversas embajadas españolas en el marco del programa CNIO-Arte.
Todas estas peticiones están amparadas por la Constitución y el Reglamento de la Cámara que reconocen el derecho de los parlamentarios a obtener datos y documentación en poder de la Administración para ejercer con plenitud sus funciones representativas y de control del Gobierno. La respuesta del Gobierno a las solicitudes debe producirse en un plazo de 30 días y la denegación ha de motivarse jurídicamente. En el caso de los 156 documentos, los plazos se han superado ampliamente sin que haya habido justificación alguna del Gobierno.