El proceso de regularización generalizada que hoy concluye ha desbordado las previsiones del Gobierno. Así lo denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, que asegura que aún hay medio millón de expedientes que aún no se han volcado en la plataforma de datos.
La Administración tiene tres meses para resolver cada solicitud desde que ésta se admite a trámite. A la luz de estos plazos, el Ministerio de Política Territorial ha pedido voluntarios para ayudar a la Unidad de Tramitación de oficina de Expedientes de Extranjería (UTEX), en Vigo, a gestionar expedientes fuera del horario de trabajo, a 10 euros por expediente.
De hecho, sólo 50 funcionarios de la UTEX deberán resolver las cerca de 1,2 millones de solicitudes presentadas. Estos trabajadores cuentan con el apoyo de unos 150 trabajadores de Tragsa/Tragsatec, como ya anunció el Gobierno en su día, pero el visto bueno definitivo ha de darlo un funcionario para verificar el cumplimiento de fechas, controlar la permanencia, cruzar dato y en definitiva resolver el volumen acumulado de expedientes.
El número de expedientes, denuncia el sindicato, ha superado las previsiones del Gobierno, que estimaba en un escenario de máximos unas 750.000 solicitudes para aprobar 500.000. La situación es tal, advierte CSIF, que no se ha podido volcar toda la documentación en la plataforma informática Mercurio, el programa de referencia para este proceso. Según datos recabados por CSIF, quedarían por introducir datos de medio millón de personas, lo que probablemente retrasará el proceso de regularización.
Ante esta situación, desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha propuesto a Política Territorial la participación del personal funcionario de las Oficinas de Extranjería en la grabación de solicitudes de regularización, según se ha trasladado al sindicato. Así, se han solicitado voluntarios para gestionar fuera del horario de trabajo todos los expedientes que no han podido ser introducidos en la plataforma Mercurio (a 10 euros por expediente), pero el Ministerio de Hacienda aún no ha dado luz verde al gasto que supondría esta medida extraordinaria.