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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica EP El Gobierno plantea elevar el porcentaje de cesión a comunidades del IRPF e IVA para inyectar 16.000 millonesEl Ejecutivo también trabaja en «poner algún límite» al dumping fiscal que, a su juicio, están acometiendo algunas regiones como Madrid
C. P. S.
Viernes, 9 de enero 2026, 11:48
... del 50 por ciento al 55 por ciento y del IVA del 50 por ciento al 56,5 por ciento, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.El punto de partida se basa en la idea de diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la solidaridad interterritorial, que respete la singularidad territorial y que sea más transparente y sencillo.
Según Montero, la complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí.
«Por tanto, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica», ha remarcado la ministra.
Reformula el cálculo de población ajustada
En primer lugar, el Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.
La configuración de la población ajustada tiene algunas variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón, una de las variables más relevantes que supone el 30 por ciento de la ponderación de población ajustada.
Por su parte, se tiene en cuenta la población protegida equivalente al 38 por ciento, que determina en mayor medida el gasto sanitario, que es la partida presupuestaria más elevada en las comunidades autónomas y, por tanto, la que tiene un mayor peso a la hora de determinar los recursos.
Esta población protegida equivalente en este momento del actual modelo cuenta con siete grupos y con la propuesta que pone el Gobierno sobre la mesa se amplía a 20 grupos de edad, «aproximando mejor los costes sanitarios en función de las necesidades de los beneficiarios», según Montero.
En relación con la educación, para determinar el gasto educativo se ha tenido en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, y esta ponderación alcanza un 17 por ciento. Y además se introducen dos nuevos criterios en este apartado de educación, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o están cursando formación profesional y también el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades para estudiar, de manera que se reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables van a sumar una ponderación del 3,5 por ciento.
En el ámbito de servicios sociales, se tiene en cuenta la población mayor de 65 años, que requiere de un uso intensivo e importante de servicios que se vinculan, por ejemplo, a la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. La ponderación de esta variable alcanza el 7 por ciento.
Y otra novedad que se incorpora también al modelo con un peso del 1,5 por ciento es el número de parados sin prestación social.
Junto a estas grandes áreas que determinan población ajustada, (sanidad, educación y servicios sociales), también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios. Uno de ellos es la superficie. En este caso, kilómetros cuadrados de cada comunidad que suponen un 1,6 por ciento de la ponderación.
Límite al dumping fiscal
Montero ha explicado también que están trabajando en «poner algún límite» al dumping fiscal que, a su juicio, están acometiendo algunas comunidades autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación.
«Sería como si alguien dice: yo bajo mis impuestos y súbelos tú para que yo pueda tener los recursos que necesito para prestar los servicios del Estado del Bienestar», ha denunciado Montero en la rueda de prensa en la que ha detallado su propuesta del modelo de financiación autonómica.
Por ello, ha explicado que el Gobierno quiere poner algún límite al dumping fiscal para «imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias para poder dotar de una mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas».
«No tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias», ha agregado.
Respeta la ordinalidad para Cataluña
La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera ha asegurado, además, que el nuevo modelo respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades autónomas. Este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben y quedará garantizado en el caso de Cataluña.
«La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no», ha señalado la ministra que indica que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben «no es homogéneo» para todas las comunidades. En ese sentido ha explicado que en el momento en que una región decide mantener el 'statu quo', un mecanismo para mantener el volumen de recursos del actual sistema para no salir perjudicado en el nuevo reparto, «se altera el principio de ordinalidad».
«El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma», ha indicado en referencia a las declaraciones del líder independentista después de reunirse con el presidente Pedro Sánchez.
Sin embargo, ha apostillado, no se conserva el principio entre territorios como Cantabria y Madrid porque la financiación por habitante ajustado de la primera es «superior» a la segunda y si se siguiese esta regla sería al revés.
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