El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando, junto a la Abogacía del Estado, sus alegaciones para defender ante el Tribunal Supremo que la la regulariazción extraordinaria de inmigrantes -que finaliza hoy- es "compatible con el derecho comunitario".
Así lo han trasladado fuentes ministeriales tras conocerse que el Alto Tribunal plantea paralizar la regularización masiva de inmigrantes por "colisionar contra la Unión Europea". El Supremo lanzó una providencia el pasado 24 de junio con la que abre un trámite de audiencia a las partes y les da cinco días para que puedan formular "alegaciones" sobre "la procedencia de formular ante el TJUE cuestión prejudicial interpretativa" sobre esta medida. De elevarse, el Alto Tribunal puede decidir paralizar las tramitaciones mientras se dirime el encaje del Real Decreto español en la normativa comunitaria.
En este sentido, el Gobierno asegura que esta "cuestión prejudicial interpretativa serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión", y fecha como plazo límite para pronunciarse el viernes 3 de julio.
Además, el Ejecutivo recuerda que el pasado mes de mayo el TS "ya desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad".
En ese momento, y también cuando se aprobó el decreto de regularización en el Consejo de Ministros, el Pacto de Migración y Asilo ya estaba en vigor, aunque no fue aplicable hasta el 12 de junio. La Sala Tercera del Supremo menciona seis bloques de posibles incompatibilidades y este reglamento conforma el primero de ellos.
Desde el Ministerio que pilota Elma Saiz aseguran que "la norma se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el derecho comunitario" y subrayan que "la regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español".
Adicionalmente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enfatizado que bajo la "investigación" de este proceso, el Alto Tribunal escuchará al Gobierno y a la Abogacía del Estado. También ha recordado que el proceso se intentó paralizar con medidas cautelares y el TS "le dio un varapalo a la Comunidad de Madrid, a Vox y a asociaciones que están en contra de las personas".