Migrantes que llegaron en patera a Canarias durante esta crisis migratoria en la CREADE de Pozuelo de Alarcón, a 27 de octubre de 2023, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Política El Gobierno pretende enviar a los menores a los que le obliga a acoger el Supremo a un centro que debe cerrar en un mesEl CREADE de Pozuelo tiene una orden de cierre que debe ejecutarse en menos de un mes por carecer de título habilitante para desarrollar la actividad que desempeña actualmente.
Más información:El Supremo da 30 días al Gobierno para que acoja a los menores no acompañados solicitantes de asilo en Madrid.
I. P. Nova Publicada 18 diciembre 2025 16:22h Actualizada 18 diciembre 2025 16:56hLas claves nuevo Generado con IA
El Gobierno planea enviar a más de 100 menores no acompañados solicitantes de asilo al centro CREADE de Pozuelo, que debe cerrar en menos de un mes por falta de licencia.
El Tribunal Supremo ha dado al Gobierno 30 días para acoger a estos menores, una competencia que la Comunidad de Madrid considera exclusivamente estatal.
El centro CREADE de Pozuelo, actualmente con orden de cierre, alberga principalmente a mujeres y menores, y ha sido motivo de enfrentamiento entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Pozuelo.
La Comunidad de Madrid critica la decisión del Ejecutivo y reclama que el Estado asuma su responsabilidad en la tutela y protección de estos menores, según la ley.
El Gobierno de España pretende enviar al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón a los más de 100 menores no acompañados solicitantes de asilo de los que, según la última resolución del Tribunal Supremo, debe hacerse cargo.
Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo pese a que el CREADE de Pozuelo tiene una orden de cierre que debe ejecutarse en menos de un mes por carecer de título habilitante para desarrollar la actividad que desempeña actualmente y haber sido concebido, originalmente, como un centro de formación y no como un recurso residencial en el que conviven familias.
Desde la Comunidad de Madrid han aplaudido la decisión del Tribunal Supremo y, en declaraciones a este diario, han subrayado que la resolución "vuelve a poner negro sobre blanco la dejación de funciones del Gobierno en materia migratoria" y obliga al Ejecutivo central a asumir una competencia que, recuerdan, "es exclusivamente estatal".
Pozuelo ordena el cierre del centro de migrantes de Sánchez en su localidad por no tener la licencia correspondienteLa medida cautelar, solicitada por el Ejecutivo autonómico, obliga además al Estado a informar al Supremo de las actuaciones realizadas una vez transcurrido ese plazo.
El conflicto se arrastra desde julio de 2025, cuando el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso requirió formalmente al Ejecutivo central para que garantizara la incorporación de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Ante la falta de respuesta, la Comunidad recurrió en los tribunales, solicitando la medida cautelar que ahora ha sido estimada.
Según los datos de la Comunidad de Madrid, en sus centros hay actualmente 106 menores en esta situación: 87 que han solicitado asilo y otros 19 que ya tienen concedida la protección internacional.
Sin embargo, en ese momento, la Administración del Estado reconocía únicamente a 38 menores y la Comunidad de Madrid hablaba de 50.
Sea como fuera, la discrepancia entre los datos es algo que ya contemplaba el Supremo que menciona en su resolución que no será "un obstáculo para adoptar la medida cautelar solicitada".
Pulso entre Ayuso y Sánchez por los 400 menas que quieren llevar a Pozuelo: sin el 'ok' de Madrid no se pueden trasladarLa Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que, aunque el número de menores afectados en Madrid es muy inferior al registrado en Canarias, donde se produjeron situaciones de hacinamiento, ello no puede servir de excusa para privar a estos menores de los derechos que les reconoce la legislación nacional y europea.El tribunal advierte de que esperar a que se produzca una situación extrema para actuar "conduciría al absurdo".
En paralelo, el Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, solicitando medidas cautelares, contra la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que decreta el cierre definitivo del CREADE.
El Consistorio sostiene que el centro no se ajusta a los títulos habilitantes necesarios y concedió un plazo de cuatro meses para su clausura, que vence el próximo 17 de enero de 2026.
El Gobierno acusa a Pozuelo de "racismo preventivo" por querer cerrar su centro de migrantes cuando esperan a 400 menoresEl CREADE de Pozuelo fue cedido en 2022 por el Ministerio de Seguridad Social al de Migraciones para hacer frente a la emergencia humanitaria derivada de distintos conflictos bélicos, entre ellos la guerra de Ucrania. Desde entonces, el Gobierno defiende que ha atendido a más de 100.000 personas y que se ha convertido en un "referente" del sistema de acogida.
Actualmente, según datos del Ejecutivo, el centro alberga a unas 125 personas, en su mayoría mujeres ucranianas con protección temporal y mujeres de otras nacionalidades, principalmente latinoamericanas y afganas, muchas de ellas con hijos menores.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha reiterado que el Ayuntamiento hará cumplir la orden de cierre y ha advertido de que utilizará "todos los cauces legales" para que se ejecute.
En una carta dirigida a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha reclamado información detallada sobre la situación del centro y ha denunciado que el Consistorio no ha recibido ninguna comunicación sobre planes de realojo ni sobre el recurso judicial presentado por el Gobierno.
Desde el Ayuntamiento insisten en que, a día de hoy, el CREADE sigue funcionando sin cobertura administrativa y que el plazo para su cierre está a punto de expirar. "Les queda un mes y el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar quieto", ha advertido Tejero.
Para el Gobierno regional, la intención del Ejecutivo de enviar ahora a este centro a los menores cuya tutela le impone el Supremo agrava el conflicto institucional y evidencia, sostienen, "la improvisación y la ausencia de una política migratoria real".
A partir de ahora, insisten desde la Comunidad de Madrid, "es el Estado el que debe crear sus propios recursos y asumir la tutela y protección de estos menores, tal y como establece la ley".