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La ministra Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este martes. EP El Gobierno propone modificar la Constitución para blindar el abortoEl Consejo de Ministros envió al Congreso este martes su propuesta de añadir un apartado al artículo 43 para que se garantice este derecho en todo el territorio
Madrid
Martes, 7 de abril 2026, 15:45 | Actualizado 15:54h.
... que protege el derecho a la salud, para que el aborto se practique en los centros sanitarios públicos en todo el territorio nacional con «cuantas prestaciones y servicios sean necesarios», anunció el Ministerio de Igualdad en un comunicado. «Con esta iniciativa, España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a dinámicas regresivas».El apartado que se añadiría si tres quintos del Congreso y el Senado vota a favor, dice así: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». Cuatro líneas que, a juicio del Gobierno, obliga a «todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo», protege y «constitucionaliza» el aborto y refuerza la libertad de decisión de la mujer.
Este párrafo ha sido «validado por el Consejo de Estado, que considera que la propuesta que se hace, con algunas modificaciones que hemos acogido, es completamente constitucional«, afirmó Redondo, cuyo ministerio es el principal valedor de la reforma constitucional, junto a los de Sanidad y Justicia. «Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional». A su juicio esa «dimensión prestacional» del derecho a abortar «está en riesgo en la sanidad pública, en la cartera básica de servicios de la sanidad pública».
Quiso aclarar la ministra que el derecho a abortar no está en riesgo en la «dimensión de libertad», gracias a que el Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia y «dejó claro» que está «íntimamente conectado con la dignidad de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad».
«En definitiva, con esta reforma constitucional, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo queda reforzado con la obligación, indisponible para los poderes públicos, incluido el legislador, de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas», sostiene Igualdad. «España avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a dinámicas regresivas, y vuelve a colocarse a la vanguardia de los países europeos más avanzados en la protección de los derechos de las mujeres».
En febrero el Gobierno sopesó incluir este derecho de manera directa en la Constitución, pero finalmente se inclinó a añadirlo como un apartado en otro artículo. En parte porque de hacerlo de otra manera, afectando por tanto a los derechos fundamentales, hubiera obligado a disolver el Congreso.
La ministra Redondo reconoció que esta iniciativa responde a la necesidad de «blindar» el aborto, cuya práctica en la Seguridad Social está «en riesgo» en ciertas comunidades, como Madrid y Castilla y León, donde «se ha cuestionado».
Los grupos políticos de la oposición reaccionaron al anuncio. Por parte del PP, Alberto Núñez Feijóo mantuvo «como en tantos otros temas necesitamos una responsabilidad compartida y no atrincheramientos ideológicos que no solucionan los problemas de las personas y que desde luego pues dejan a muchas mujeres a los pies de los caballos«, y pidió que se valore «a quién se debe (la iniciativa). Si se debe a una idea sin más o si se debe a sus propias mujeres, a sus votantes y, en definitiva, a mejorar y a avalar y a garantizar los derechos de las mujeres».
En Vox también hubo reacciones. Santiago Abascal escribió en su red social: «Para los de fuera... hoteles, ayudas y sanidad universal pagada por los españoles de a pie. Para los españoles corrientes solo eutanasia, aborto, invasiones y violaciones. Eso ofrece el gobierno de Sánchez: muerte, dolor y miseria. Odia a los españoles y por eso quiere sustituirlos. Sánchez es el enemigo del pueblo».
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