El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados de este miércoles 9 de septiembre. Eduardo Parra Europa Press
Macroeconomía El Gobierno prorrogará hasta 2027 el escudo antiopas para controlar la inversión de empresas de la Unión EuropeaSerá la cuarta ampliación del mecanismo excepcional desde el año 2020.
Más información: El comité de inversiones del Gobierno dará el poder a Moncloa para controlar los grandes proyectos de empresas
Fernando Cano Publicada 10 septiembre 2026 02:20h Las claves SíguenosLas claves Generado con IA
El Gobierno prepara una nueva prórroga del escudo antiopas que desde la pandemia deja en manos del Ejecutivo el control de las inversiones de empresas de la Unión Europea (UE).
Fuentes conocedoras consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que el Gobierno cierra los flecos de una ampliación que en principio se hará por doce meses más, es decir hasta diciembre de 2027.
El actual escudo para empresas de la UE está vigente hasta finales de este 2026, por lo que el Ministerio de Economía debería anunciarlo y tramitarlo en diciembre.
El escudo antiopas ha obligado a 386 empresas extranjeras a pasar por el Gobierno para invertir en España desde 2022Pero la decisión ya está tomada. Oficialmente, en el Gobierno consideran que el actual contexto geopolítico requiere mantener esta medida para garantizar la soberanía de las empresas estratégicas.
Desde su puesta en marcha en 2020 ha sido la herramienta idónea para que el Gobierno influya en las grandes operaciones como la entrada de la saudí STC en Telefónica, la francesa Vivendi en Prisa o el veto a la húngara Magyar Vagon en Talgo.
Esta semana la empresaandaluza Dcoop pidió al Gobierno su intervención para impedir que Coricelli compre la española Deoleo. En todos los casos este escudo debería ser activado al tratarse de una empresa extranjera y un inversor italiano.
Es así como mantener un año más el escudo garantiza al Gobierno el control de las grandes inversiones y de las cotizadas y enfilar la campaña electoral con la certeza de no tener grandes sobresaltos en el ámbito empresarial.
El Gobierno prevé otra prórroga del escudo antiopas para inversores europeos con la excusa de la guerra de IránSerá la cuarta prórroga desde que en plena pandemia se estableció de manera extraordinaria el control a inversiones de empresas europeas para evitar la irrupción de fondos oportunistas en grandes corporaciones españolas.
Aunque ahora los argumentos pasan por la seguridad estratégica y el riesgo de que grandes empresas fuera del bloque de la OTAN y de la UE puedan eludir este escudo.
Un escenario desde luego convulso. La guerra de Irán parece cronificarse, la invasión rusa de Ucrania va por su quinto año, la de Gaza no se soluciona y las tensiones entre Rusia y Europa van en aumento.
Este diario ya adelantó en marzo que la guerra de Irán era el mejor argumento de Moncloa para mantener este escudo a empresas de la Unión Europea.
Economía tendrá la última palabra en las inversiones extranjeras en empresas de sectores estratégicosSeis meses después nada ha cambiado y el fin del conflicto parece incluso más lejos que antes del verano. El análisis que se hace en el Gobierno es que ante las incertidumbres es mejor protegerse.
La prórroga del escudo antiopas cobra mayor fuerza si consideramos que el Consejo Europeo aprobó en junio un nuevo reglamento por el que se revisa el marco de la UE para el control de las inversiones extranjeras directas (IED).
Este reglamento exige que todos los Estados miembros establezcan mecanismos de control incluidas las inversiones extranjeras realizadas a través de filiales establecidas en la UE.
Se persigue reforzar la capacidad de la UE para detectar, evaluar y abordar los riesgos para la seguridad y el orden público vinculados a determinadas inversiones extranjeras.
Los inversores extranjeros ponen en revisión sus planes en España a la espera de un cambio políticoAdemás, piden abarcar un ámbito mínimo común de sectores, tecnologías e infraestructuras sensibles como los productos de doble uso y equipos militares, materias primas, Inteligencia Artificial, energía, transporte e infraestructuras digitales.
En este contexto, para el Gobierno una nueva prórroga de este escudo antiopas es un camino natural que solo sigue las directrices comunitarias.
La duración de la ampliación será en principio de solo un año (pese a que la última extensión del escudo se hizo por dos años) considerando que el próximo será un curso electoral.
Es así como si el Partido Popular (PP) gana las elecciones, y quiere mantener este escudo, deberá mover ficha por su propia cuenta.
Nueva ley de inversiones
En 2020, el Gobierno decidió poner en marcha un control reforzado de la inversión extranjera y para ello utilizó dos herramientas: una excepción normativa para supervisar la entrada de compañías fuera de la UE y otra para las de origen comunitario.
Los requisitos eran los mismos: las inversiones en grandes cotizadas que superen el 10% del capital o los 500 millones de euros en el caso de las que no están en bolsa, deberían pasar por el filtro del Gobierno.
Pero en junio de 2023 -pocas semanas antes de las elecciones generales- el Gobierno aprobó por decreto una nueva norma de inversiones que convertía en permanente este escudo para empresas de fuera de la UE.
Incorporaba además novedades como que todas las empresas vinculadas a la defensa y con contratos con el Estado tenían un control reforzado bajando al 5% el umbral para pedir autorización al Gobierno.
Actuaciones del escudo antiopas
En el caso de las empresas europeas se ha decidido establecer sucesivas prórrogas para no generar alarma en los inversores ni enviar al mercado un mensaje intervencionista.
En esta oportunidad estuvo sobre la mesa la posibilidad de hacer permanente este decreto antiopas a inversores europeos, pero influyó el calendario electoral y el riesgo de construir una herramienta para que el PP la utilizara en el futuro.
Desde el año 2022, este mecanismo ha obligado a 386 inversores extranjeros a someterse al procedimiento de control del Ejecutivo para aprobar su entrada en compañías españolas.
La Administración no hace públicos los nombres de estas compañías que han pedido estas autorizaciones y tampoco aporta datos de 2020 y 2021.