El PSOE y Sumar quieren mejorar la redacción del proyecto de Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia en los Entornos Digitales, que se tramita en el Congreso de los Diputados, para prohibir de manera más clara las redes sociales a los menores de 16 años. Han acordado, eso sí, que se prohibirán sólo las que incluyan contenidos "nocivos" para la infancia y adolescencia. Se permitirán las enciclopedias digitales, las plataformas sin ánimo de lucro destinadas a la educación o la investigación y los repositorios de sofware, así como otras que se "constate que no comportan un riesgo para la seguridad y la salud" de los menores.
En varias enmiendas transaccionales que han ofrecido este jueves a Junts, PP y PNV, los partidos del Gobierno de coalición proponen que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sea el organismo encargado de velar por los contenidos y dar una autorización expresa tras comprobar que las redes sociales prohíben conductas y contenidos, incluida la publicidad, que "puedan perjudicar el desarrollo físico, mental y moral de los menores o no realizan prácticas "que puedan lugar a un uso impulsivo o adictivo" o "una exposición excesiva y pérdida de privacidad".
"Excepcionalmente", y aunque no cumplan algunas de estas condiciones, el Gobierno permitiría las redes a menores siempre que no den lugar a "efectos nocivos". El plazo máximo que tendría la CNMC para resolver será de tres meses. Este organismo publicaría un listado de las redes que quedan excluidas de la prohibición.
Esta parte se tendría que desarrollar posteriormente en un real decreto que tendrá que estar aprobado en un plazo de seis meses. La transaccional contempla que, en todo caso, la prohibición no sea efectiva hasta que no entre en vigor este real decreto.
Por lo penal
Ambos partidos proponen, por otro lado, tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales, así como establecer la responsabilidad penal de los directivos si no retiran los contenidos ilícitos de sus plataformas. Hasta ahora las sanciones han sido administrativas. Son dos reclamaciones de los colectivos médicos y psicológicos que trabajan con menores, aunque se quedan a medias, pues no se extiende la responsabilidad penal a aquellas plataformas que no establezcan sistemas efectivos para verificar la edad de los usuarios.
"Este Gobierno no se va a rendir ante tecno-oligarcas. Vamos a convertir el espacio digital en un entorno seguro para nuestros jóvenes", ha proclamado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"No vamos a permitir que cuatro magnates desde Silicon Valley vulneren los derechos de la infancia", ha dicho, en la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prometiendo que "los caudillos digitales" van a tener "responsabilidad penal en España por los contenidos que se difunden en sus plataformas".
La realidad es que cualquier menor puede entrar en cualquier red social y en cualquier página porno con facilidad, pues las herramientas de control de edad, cuando existen, son extremadamente laxas y se burlan sin problemas. El Gobierno prometió un sistema de verificación de edad realizado de forma conjunta con la UE, pero su puesta en marcha se ha retrasado.