El Gobierno ha rechazado la petición de indemnización por alrededor de 134.000 euros reclamada por Alberto Rodríguez por haber sido despojado de su escaño en octubre de 2021, cuando estaba en Podemos, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo que después fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC).
Así consta en una resolución del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de este martes 14 de abril, que inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el letrado Gonzalo Boyé, que representa al ex parlamentario de Unidas Podemos e impulsor del partido Drago Canarias.
En febrero del año pasado la Mesa del Congreso decidió desviar al Gobierno la resolución de esta exigencia de indemnización tras el amparo que concedió el tribunal de garantías a Alberto Rodríguez, anulando la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que decretó su inhabilitación.
Los servicios jurídicos del Congreso optaron por derivar el asunto al seno del Ejecutivo, por entender que era el Consejo de Ministros el competente para dirimir las reclamaciones "contra un acto parlamentario no normativo".
Y es que el ex diputado demandaba el abono de la retribución que dejó de percibir desde que fue despojado de su escaño hasta el final de la pasada legislatura, es decir, 21 mensualidades a razón de 6.144,64 euros: un total de 134.000 euros.
El ministerio que dirige Félix Bolaños argumenta que la sentencia de amparo dictada por el Constitucional no comporta "efecto indemnizatorio". Al contrario, afirma que el TC asume que la decisión de retirarle su escaño era la consecuencia legal del modo en que estaba fijada la condena.
También expone que el Consejo de Estado precisa que "no cabe en sede de un procedimiento de responsabilidad patrimonial efectuar una nueva y completa valoración del cauce seguido a la hora de fijar una posición a través del acto anulado".
Es más, proclama que el Tribunal Constitucional "en ningún momento cuestiona" que el comportamiento de la Mesa del Congreso tras la sentencia del Supremo fuera "ilógico, arbitrario o temerario desde un punto de vista jurídico".
Tampoco alude a una "mala praxis" e interpreta que debe concluirse que el ex diputado tenía "el deber jurídico de soportar el daño derivado de la resolución posteriormente anulada".
De hecho, ahonda en que esta tesis se ve reforzada en el hecho de que el TC no decretó suspensión cautelar del fallo recurrido y rechaza que exista responsabilidad patrimonial. En todo caso, el texto deja patente que cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Supremo en el plazo de dos meses.
Preparado para recurrir a Estrasburgo
Por su parte, Drago ha criticado a través de las redes sociales esta decisión del Gobierno y ha lanzado que el PSOE "nunca falta a su cita de intentar machacar a Canarias".
"El PSOE y sus socios sumisos envían un mensaje demoledor a cualquier ciudadano cuyos derechos sean violados por los poderes públicos", ha exclamado la formación en la que milita Alberto Rodríguez.
En los micrófonos de la Cadena Ser el ex parlamentario ha criticado que la denegación de su solicitud "no tiene nombre" y ha advertido de que va a recurrir ante el Supremo y está dispuesto a acudir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario. "Voy a denunciar al Gobierno y al Estado hasta que se haga justicia", ha apostillado.
La decisión de despojar a Rodríguez del escaño fue uno de los episodios de mayor tensión de la pasada legislatura, con críticas de Unidas Podemos hacia la ex presidenta del Congreso Meritxell Batet, que dictó su sustitución, pues los morados llegaron incluso a amenazar con presentar una querella contra la socialista aunque al final no lo hicieron.
El alto tribunal había condenado a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y 15 días por un delito de atentado contra la autoridad durante una manifestación en 2014, tras ser acusado de propinar una patada a un policía, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Y sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros, si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso.
Nadie de la lista electoral quiso asumir el escaño y quedó vacante, por lo que el Congreso nunca llegó a gastar el dinero que correspondería haber cobrado su eventual sustituto.